El denunciante del caso Grúas recurre las resoluciones “vertiginosas” que suspendieron la declaración del presidente Clavijo
El concejal de La Laguna Santiago Pérez, uno de los denunciantes del caso Grúas, anunció este miércoles en rueda de prensa que ha presentado recursos ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras sendas resoluciones judiciales “vertiginosas” que culminaron en la decisión de la magistrada de suspender la declaración de Fernando Clavijo como investigado (o imputado) en el caso Grúas prevista para el día 15, este viernes.
Santiago Pérez, se indica en una nota de prensa, dijo que “lo que hizo Clavijo en su comparecencia ante el Parlamento de Canarias fue mentir sin pestañear ante los representantes de la ciudadanía. Si hay algo que lo obligaría a dimitir, más allá de estar imputado por un caso de corrupción, es su exhibición de mentiras cada vez que comparece para hablar de este asunto judicial ante la representación del pueblo canario”, lamentó Pérez.
La otra razón es que “desde Presidencia del Gobierno está moviendo todas las influencias del poder para presionar a las autoridades judiciales y atacar su independencia: Clavijo y su entorno mediático están señalando de forma preventiva al presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como su enemigo”.
El concejal lagunero añadió que Clavijo “debería ser reprobado por el Parlamento por su intento desesperado de seguir aforado. Es decir, de incumplir el nuevo Estatuto de Autonomía, que deroga los aforamientos y convierte a todos los canarios en personas iguales ante la ley. Se aferra a un aforamiento que ya no existe como a un clavo ardiendo, pretendiendo que el TSJC ejerza un poder jurisdiccional que ya no le corresponde”.
Santiago Pérez dejó claro que “Clavijo está y sigue imputado porque para dejar de estarlo tiene que haber un auto de sobreseimiento o de archivo que no se ha producido. Al revés, lo que hay son dos resoluciones de la jueza de instrucción diciéndole al TSJC que existen indicios de criminalidad que apuntan a Clavijo como autor”.
El concejal añadió que Clavijo “está imputado en una investigación en la que se trata de esclarecer tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Y en los tres aparece como actor principal en los autos de la Audiencia Provincial”, sostuvo Santiago Pérez.
El denunciante del caso Grúas destapó que este martes Clavijo “se ha inventado una nueva mentira al decir que el préstamo ilegal de 120.000 euros a Autogrúas Poli fue una mera transferencia interna del propio Ayuntamiento, cuando el Decreto 858/2014 deja claro que Clavijo levanta los reparos de la Intervención de un préstamo de 120.000 euros ilegal a esa empresa”.
El concejal además dijo que el presidente “miente sin pestañear, como un desvergonzado, como una persona que no está a la altura para seguir siendo presidente del Gobierno de Canarias”. Pretende saltarse a la torera el Estatuto de Autonomía “para seguir disfrutando de un tribunal especial presidido por Antonio Doreste, un magistrado que ha hecho todo su recorrido institucional al socaire de Coalición Canaria y está colmando una hoja de despropósitos y descrédito de la Justicia ante la opinión pública canaria”.
No cabe recurso de casación
Santiago Pérez señaló en su intervención que “la actuación de la jueza de La Laguna Celia Blanco es harina de otro costal: hemos presentado un recurso para pedir que con la misma celeridad con la que se movió este martes pregunte al TSJC si el escrito anunciando el recurso de casación de Clavijo ha sido admitido a trámite o no, porque el propio TSJC -advirtió- decidió devolver la investigación sobre Clavijo al Juzgado de La Laguna y dispuso que ese auto no es recurrible. De tal manera que la jueza Celia Blanco está aplazando la declaración de Clavijo como consecuencia de un escrito dilatorio frente a un auto que no admite recurso”.
En ese sentido. apuntó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal deja claro que los recursos de casación solo caben ante las sentencias o contra los autos que determinen el fin del procedimiento. “Clavijo -prosiguió-, para salvarse a la desesperada, está llevando el sistema institucional del archipiélago a una situación de deterioro nunca vista. Actúa como un bandido adolescente, dispone del poder como si fuera de él y trata de hacer trampas cuando se le sorprende”, comentó Pérez.
Piezas de coches robadas y vendidas
El caso Grúas tiene un antecedente: los amigos de Clavijo adquirieron la empresa en abril de 2011, y en el mes de marzo de ese año ya hay un informe de la Policía Local, confirmado luego por otro de mayo de la Guardia Civil, según el cual los dueños de Autogrúas Poli habían establecido un sistema de saqueo y venta de las piezas de los vehículos del depósito a través de internet.
“Por esos hechos están todos imputados desde entonces. Y ese es un comportamiento que ya quebrantaba el principio de nuestro ordenamiento de la buena fe contractual. En el pliego de condiciones no hay una cláusula que diga que se prohíbe robar piezas y venderlas. Es impensable. Toda la relación entre las partes está presidida por el principio de buena fe. Y solo esto debiera haber llevado a Clavijo a resolver el contrato con esa empresa por una gravísima falta, pero no lo hizo porque ya en aquel momento eran dueños de la empresa sus amigos”, sostiene Santiago Pérez.
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