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Ignacio González ingresa en prisión para cumplir la sentencia por el 'pelotazo' de Las Teresitas

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El empresario Ignacio González ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Tenerife II para cumplir su pena de 5 años y tres meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos en la playa de Las Teresitas por un precio muy superior al que tenía en realidad.

El empresario retrasó su entrada en la cárcel, una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 28 de marzo, alegando problemas de salud, que fueron desestimados por dos médicos forenses que le examinaron. “Tras el reconocimiento médico del Sr. González Martín, se informa de que el mismo, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena (art. 60 CP)”, indicó entonces el tribunal en un auto.

González fue encontrado culpable de un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la adquisición de unos terrenos por un precio (52 millones de euros) muy superior al que tenía en realidad (casi 20 millones).

El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

Con su ingreso en prisión, todos los condenados por el caso de Las Teresitas se encuentran ya entre rejas para cumplir sus respectivas condenas.

Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, así como el que fuera gerente de Urbanismo de la capital tinerfeña, Miguel Parejo, se encuentran desde el 1 de abril internados también en el centro penitenciario Tenerife II, donde cumplen su condena de 7 años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación administrativa.