Los juzgados especializados en demandas por cláusula suelo y otras condiciones financieras en las hipotecas tienen los días contados, hasta el 31 de diciembre, si el Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas no acuerdan antes su prórroga, lo que se debatirá este lunes entre representantes de los gobiernos regionales y el Ministerio de Justicia.
Solo en los juzgados provinciales canarios, el de Primera Instancia 1 bis de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y los de Primera Instancia 6 de Las Palmas de Gran Canaria y Primera Instancia 1 de Arrecife (Las Palmas) se han ingresado más de 6.000 asuntos en cinco meses, desde que se implantaron el 1 de junio hasta el 31 de octubre. Cerca de 60.000 en toda España, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fecha de 23 de septiembre pasado.
Los juzgados únicos para conocer las demandas por abusos bancarios en contratos hipotecarios fueron acordados por el CGPJl el pasado 25 de mayo en el marco de un “plan de urgencia”. Se preveía un aluvión de litigios que podría colapsar el resto de juzgados de lo Civil tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016, por la que se estableció como legítima la devolución de todo lo cobrado de más por cláusulas suelo y no solo desde 2013.
Previsiones claramente superadas
“El problema es que no hay plan B para dar respuesta a esta avalancha de litigios frente a la banca. Hace unos días hubo una reunión de jueces decanos y muchos coincidimos en la necesidad de dar estabilidad a estos juzgados, dotarlos de los medios que haga falta y en ese sentido creo que el Gobierno de Canarias sí ha hecho un esfuerzo porque ha dotado con siete funcionarios (en principio eran cinco funcionarios) a cada juzgado único”, afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado.
En el juzgado de la provincia tinerfeña apenas se han dictado 40 sentencias de los más de 3.000 asuntos ingresados. “40 sentencias dictadas desde que inició la medida el 1 de junio no es lo óptimo pero tampoco se pueden hacer maravillas. No se puede pretender que haya una respuesta inmediata porque los plazos procesales son los que son”, recalca Lorenzo Bragado. Este magistrado y su homólogo en Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González Prieto, apuestan sin fisuras porque estos juzgados únicos sean prorrogados “el tiempo que haga falta”.
“Lo grave es que no hay un Plan B”, insiste el magistrado tinerfeño. Si no continuara la actividad de estos juzgados habría que volver a repartir esas miles de demandas entre los demás órganos de Primera Instancia, lo que supondría un mayor retraso. Imagine el impacto que tendría en los jugados mixtos...Una vez puesta en marcha la medida no la dinamitemos cuando no ha tenido recorrido suficiente para ver sus frutos“.
Añade que “hay un segundo factor a tener en cuenta y es que el transcurso del tiempo beneficia el éxito de esta medida porque se consolidan los criterios jurisprudenciales sobre estos asuntos, que son casi idénticos. Los litigios frente a la banca suelen ser repetitivos y si se tiene en cuenta que las partes demandadas son siempre las mismas y la documentación que se aporta es análoga, la respuesta judicial tendrá un criterio unificado. En muchos casos, el debate se circunscribe a las costas procesales”.
Las demandas de los consumidores contra los bancos ya no se ciñen a las cláusulas suelo. También incorporan la posible abusividad de las comisiones de apertura, gastos de constitución de la hipoteca, vencimientos anticipados, cálculo de intereses por IRPH, comisiones de demora e hipotecas multidivisa.