La jueza de Instrucción 4 de La Laguna, Ana Serrano, ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad que le envíe todos los expedientes de unos contratos municipales prorrogados desde 2012 mencionados en una denuncia presentada por el portavoz de XTenerife-Nueva Canarias, Santiago Pérez. Según fuentes del consistorio, la magistrada ha abierto diligencias previas en las que aún no están determinado el nombre de las personas contra las que habría de dirigirse, lo que podría ocurrir una vez se analicen esos expedientes en el juzgado.
Se trata de un amplio número de contratos por prestación de servicios que superan los 18 millones de euros de importe y que fueron sistemáticamente prorrogados por la mayoría de gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna (Coalición Canaria-PSOE), fundamentalmente en el periodo 2010-2012, cuando era alcalde de la ciudad el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Aunque en el lote hay una prórroga de abril de 2008, cuatro meses antes de la salida de la Alcaldía de la actual diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas. Todas las prórrogas se produjeron en contra de los informes de la Intervención municipal, que considera la fórmula escogida por los tres últimos alcaldes contraria a los pliegos de los concursos en cuestión y a la Ley de Contratos del Sector Público. La misma tesis que mantiene el denunciante ante la jurisdicción penal.
La fórmula que ahora va a analizar la justicia se ha repetido de forma mimética en el Ayuntamiento de La Laguna: cuando un contrato empieza a superar su periodo máximo de vigencia, con prórrogas incluidas, nadie convoca el preceptivo concurso sino que los concejales de las áreas afectadas elevan propuestas para mantener esos contratos de manera extraordinaria. El interventor emite un informe contrario y el alcalde, haciendo uso de sus potestades, levanta los reparos del interventor y prorroga los contratos.
Los servicios a los que se les ha dado continuidad bajo esta fórmula puesta en entredicho por la Intervención superan la quincena. Entre ellos destaca el de limpieza en los colegios, adjudicado a Procedimiento de Aseo Urbano (PAU) en 2012 y prorrogado en 2016 por 2,08 millones de euros a pesar de estar vencido, o el de jardinería, concedido a la UTE Interjardín y Tegalpa el mismo año y que se ha mantenido una vez extinguido gracias a una autorización de continuidad por importe de 1,44 millones de euros. Detrás de una de las empresas de esa UTE, Interjardín, está la influyente agencia de publicidad JFT Comunicación. Otra de las empresas beneficiadas por esta práctica institucionalizada durante la etapa de Clavijo como alcalde y secundada por su sucesor, José Alberto Díaz, es Effico, adjudicataria de los servicios de alumbrado y prevención de incendios. Las prórrogas concedidas a esta sociedad, de la que es valedor Luis Soria, hermano del exministro José Manuel Soria, ascienden a 1,87 millones de euros. Todas ellas en contra de los informes del interventor. También se prorrogaron durante estos dos años contratos vencidos para la prestación de los servicios de limpieza para las instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) a la empresa DOAL por un total de 746.494,04 euros, repartidas en cinco autorizaciones de continuidad; para la gestión de los centros de día para menores y actividades extraescolares a la sociedad Lude por un importe global de 1,22 millones de euros; para las escuelas infantiles a cargo de Koroibos por más de 700.000 euros; para programas contra el absentismo escolar, adjudicados a Eulen, por más de 600.000 euros, o para el servicio de teleasistencia ofrecido por Clece, también por algo más de 600.000 euros. La cifra de 18 millones de euros la completan otras prórrogas de servicios de menor cuantía, entre las que se encuentran la gestión del sistema contable, la informática, las escuelas de teatro o el catering.
Esta nueva causa penal se suma a la que ya tiene abierto otro juzgado de Instrucción de La Laguna, concretamente el 2, por el llamado caso Grúas, en el que se investiga la gestión que se llevó a cabo con la explotación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. La denuncia señala claramente a Fernando Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz.