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“No vas a vender más, negro de mierda”: la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife no ve delito de odio en la amenaza de un policía

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Efe

Santa Cruz de Tenerife —
14 de enero de 2025 16:37 h

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La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un policía local de Santa Úrsula a seis meses de prisión, inhabilitación durante dos años y el pago de 2.000 euros por un delito contra la integridad moral del que fue víctima un joven migrante africano que se ganaba la vida como vendedor ambulante.

La sentencia establece que el procesado deberá permanecer alejado al menos 200 metros de la víctima durante un año y medio y abonar por un delito leve de daños, los que causó al móvil de la víctima, una multa de 186 euros y los 69 euros de la reparación. Se ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas.

En el fallo se recogen como hechos probados que sobre las 19.00 horas del 7 de junio de 2019, cuando el agente permanecía en el exterior de un bar de Santa Úrsula (Tenerife), el vendedor, a quien conocía desde hacía años, se le acercó.

El acusado, que estaba fuera de servicio, se molestó porque el joven pusiera su mercancía cerca de él y le preguntara de forma insistente si le compraba algo y por ello, “con la finalidad de humillarlo, denigrarlo y despreciarlo, prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad, empezó a gritarle agresivamente”, detalla la sentencia.

En concreto, le dijo que si volvía a ver su mercancía se la quitaba: “Tú no vas a vender más, negro de mierda”, le espetó, a lo que el joven le preguntó la razón por la que lo trataba así y le dijo que no se preocupara porque la semana siguiente iba a su país a ver a su familia, a lo que el policía le respondió que le daba igual, amenazando con multarlo.

En ese momento el migrante sacó su móvil para verlo y, tras arrebatárselo el ahora condenado, con el fin de romperlo lo tiró contra la barra del bar, volvió a insultarlo y le amenazó con echarlo del país y sancionarlo con 3.000 euros.

El policía llegó a agarrar con fuerza los genitales de la víctima mientras le decía: “Ahora no mides dos metros sino metro y medio”, requiriéndole que le dijeran quién le daba la mercancía y se identificara.

La víctima aseguró durante la vista oral que se sintió “impotente, humillado e intimidado por el proceder del acusado”, al conocer que era un agente de la autoridad al que seguramente no iba a poder denunciar.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife descarta la comisión de un delito de odio, como mantenían las acusaciones, al considerar que el acusado no pretendió discriminar al denunciante por motivos de su pertenencia a determinada raza.

En su lugar, considera que el procesado abusó de su condición y cargo como policía, por lo que le corresponderían penas de cárcel que oscilan entre los cuatro meses a los dos años y la inhabilitación.

El fallo indica que el trato a la víctima “fue especialmente denigrante, más aún por el lugar donde lo desplegó, en un local abierto al público y con otras personas presenciando los hechos”.

La consecuencia es que el joven sintió “humillación, angustia e impotencia, como confesó él mismo”, llegando a llorar en el juicio y tener que ser trasladado en ambulancia al hospital tras sufrir un desmayo.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Los testigos de la acusación ratificaron los hechos añadiendo que el joven no intentó vender nada al policía sino que se acercó a la barra a pedir un vaso de agua, mientras que los de la defensa también admitieron en parte que fue insultado aunque lo justificaban porque había sido muy insistente para que le compraran.

Aunque en aquellos momentos el agente no estaba de servicio ni llevaba el uniforme, se considera que abusó de esta condición y la prueba es que requirió al denunciante la documentación y amenazó con quitarle la mercancía y expulsarlo del país. 

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