Ocho años y medio de cárcel a dos acusados de vender droga en un barrio de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto cuatro años y medio de cárcel y el pago de 2.500 euros a un hombre, y cuatro años y 2.000 euros a otro, tras comprobar que en sus viviendas contiguas en el barrio de Finca La Multa en la capital tinerfeña uno guardaba 'crack' y el otro el dinero obtenido de la venta.

En junio del año pasado ambos fueron detenidos y desde entonces se encuentran en prisión preventiva, después de que la policía entrara en sus casas y comprobara que en una de ellas había un laboratorio para elaborar crack y 116 dosis y en la otra 18.500 euros que vendrían de la venta de droga.

Para la Fiscalía no cabe duda de que ambos actuaban de forma coordinada, uno vendiendo la sustancia y el otro encargándose del dinero en sus respectivas viviendas.

El encargado de guardar el dinero dijo que la cantidad hallada provenía de una multitienda 24 horas que había tenido que cerrar a causa del coronovirus, lo que no pudo demostrar, y también a que de vez en cuando se encargaba de realizar “cáncamos”.

Las entradas y salidas de la vivienda del otro condenado las justificaba porque allí había distintos instrumentos para realizar gimnasia y porque se preocupaba de su vecino llevándole medicinas y comida.

Un testigo dijo que depositó cierta cantidad de dinero en esta vivienda que venía de la venta de un coche y de una indemnización por un accidente de moto en la casa porque no se fiaba de un tío con el que convivía, condenado por estafa y robo, y aseguró que era socio del condenado en la tienda que cerró.

El Tribunal no da credibilidad alguna a este testimonio y de hecho abre la puerta a que pueda ser juzgado por un delito de falso testimonio, tras ser advertido que como testigo no podía mentir.

Durante el juicio el que usaba su casa para guardar droga confesó que se dedicara al tráfico a causa de ser adicto desde hace años, por lo que el dinero lo utilizaba para costear su adicción.

Su defensa anunció que aceptaría una pena de tres años de prisión y el pago de 3.000 euros teniendo en cuenta el atenuante de toxicomanía, que finalmente no fue aceptado al no ver acreditada la cantidad de que consumía ni que lo hiciera de forma habitual.

Este encausado era el encargado de vender la sustancia en plena calle llevándola encima o entrando a su vivienda a recogerla en otras ocasiones.

El segundo es considerado el cabecilla en cuanto que guardaba el dinero y tenía acceso a la dos casas al poseer todas las llaves. El fallo de la Audiencia refleja que “no plantea mayor discusión la dedicación habitual de ambos encausados y la continua actividad de posesión, preparación y venta posterior de crack a consumidores”.

Las intervenciones se llevaron a cabo en junio del pasado año, pero desde meses antes la policía estaba realizando un seguimiento y observaron cómo los compradores acudían a una de las viviendas, o hacían las operaciones en la calle por lo que a continuación en cinco casos los identificaban e imponían sanciones.

En principio estaban también acusados de tenencia de armas, pero finalmente se dejó de lado este posible cargo y no realizó ninguna pregunta al respecto durante el juicio.