La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, que agrupa a los operadores de estos servicios en la provincia tinerfeña, ha difundido este viernes un comunicado de prensa en el que responde a las conclusiones del reciente estudio de movilidad que, en esencia, viene a desaconsejar la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos, en el centro de la capital.
Ese estudio, que dio a conocer este jueves la Consejería de Justicia, dirigida por José Miguel Barragán (de CC), avala de forma parcial los argumentos del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento santacrucero en relación con el impacto de ese futuro recinto en el aumento de las colas y el empeoramiento del tráfico en el corazón urbano.
Las conclusiones del trabajo, que encargó el departamento de Barragán, inclina la balanza, en la disputa sobre si Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos (centro urbano) o en El Sobradillo (periferia de Santa Cruz), a favor del segundo emplazamiento, justo el preferido inicialmente por el Ejecutivo autonómico y el Consistorio capitalino.
En el comunicado, la Plataforma primero reconoce que ya ha accedido al Estudio detallado de movilidad en el aÌrea de Cabo Llanos, para ver la posibilidad de construccioÌn del Campus de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el poliÌgono Cepsa-DISA de dicha zona, elaborado por la empresa Trazas IngenieriÌa, SL, tras solicitarlo la Consejería de Justicia. Luego, enumera sus conclusiones negativas acerca del contenido de ese informe, que son las siguientes:
“1) (...) es innecesario. No hace falta un estudio de movilidad como si se tratara de un uso nuevo: los juzgados ya estaÌn en Cabo Llanos. Simplemente, lo que se pretende es concentrar en una sede lo que ahora estaÌ disperso en cinco.
2) No se nos ha dado la posibilidad de intervenir a la hora de plantear el objeto del estudio; tampoco para someter a aclaracioÌn o contradiccioÌn sus afirmaciones y conclusiones.
3). d Insistimos: se omite o desconoce que todos los juzgados estaÌn ya en Cabo Llanos. No hay nuevos usos ni nuevos desplazamientos atraiÌdos.
y 4) Es maÌs que cuestionable la metodologiÌa empleada y el rigor de sus afirmaciones. Por poner un ejemplo: afirma que se producen 14 desplazamientos de vehiÌculos policiales en hora punta (de 8.00 a 9.00). La realidad es que nunca a esa hora llegan maÌs de tres. Igualmente exagerada es la cifra de 110 desplazamientos diarios que contempla para el traslado de detenidos, presos y penados. BastariÌa haber preguntado al servicio de conducciones de la CNP y la Guardia Civil“.
Apuntados esos aspectos críticos del informe, según la versión de la Plataforma, el colectivo judicial resalta que “la ConsejeriÌa de Justicia ha dado pasos importantes y en la direccioÌn correcta en el uÌltimo año, al abrir un diaÌlogo con todos los operadores juriÌdicos y conseguir la titularidad de las parcelas existentes en la zona proÌxima al Tanque, con el fin de ubicar ahiÌ el centro educativo, despejando los problemas que afectaban a la zona en que se pretende ubicar la Ciudad de la Justicia”. También confía “en que ese informe no sirva de excusa o de pretexto para retomar la ubicacioÌn de El Sobradillo, ni para demorar la solucioÌn al problema de ubicacioÌn de las dependencias judiciales en Santa Cruz de Tenerife”.
A todo lo anterior, la Plataforma incorpora que, “cuando se tomoÌ la decisioÌn de situar en El Sobradillo la Ciudad de la Justicia -luego reconsiderada-, no se solicitoÌ por parte de la ConsejeriÌa ni del Ayuntamiento ninguÌn informe de movilidad, y ello a pesar de que en este caso siÌ se trataba de un nuevo uso para una zona que no alberga dependencias administrativas, lo que no sucede con Cabo Llanos, donde, como es notorio, estaÌn ya todos los juzgados”. En ese caso, “tuvo que ser la Sala de Gobierno del TSJC la que se interesó por ese informe de movilidad, que fue emitido por Cabildo de Tenerife justo hace un año”.
Este otro trabajo, indica el mismo comunicado, dice que “a fecha de hoy no existe un estudio de la afeccioÌn que a la fluidez del traÌfico produciriÌa la puesta en funcionamiento del Campus de Justicia en El Sobradillo”, y añade que “deberaÌ realizarse una encuesta de movilidad especiÌfica a aquellas personas que acceden a las diferentes dependencias judiciales”. Este estudio, prosigue, “permitiriÌa abordar las modificaciones en las liÌneas de TITSA existentes, la puesta en marcha de otras nuevas y el diseño de las modificaciones que requiera el viario de la zona”.
Pues bien, subraya la Plataforma, “ha transcurrido un año y esas tareas no se han llevado a cabo”. A su vez, recuerda algunas de las actuaciones que prevé necesarias el estudio del Cabildo, que son:
“a) Se deben realizar mejoras en el enlace de El Sobradillo con la TF-2, ya que se considera que este en su actual configuracioÌn no podraÌ absorber los traÌficos de nueva demanda, debiendo realizarse un estudio pormenorizado de alternativas.
b) Contempla asimismo la necesidad de que llegue hasta la zona la liÌnea 2 del tranviÌa y nuevos servicios y frecuencias de autobuses hasta el complejo, tanto desde Santa Cruz como desde las zonas norte y sur, para facilitar al maÌximo el desplazamiento de los justiciables.
c) TambieÌn destaca ese informe, al interrogarse sobre el impacto que la ubicacioÌn proyectada tendriÌa sobre el traÌfico en la TF-2 y, especialmente, en los diversos accesos, que las modificaciones producidas deben ser estudiadas de forma global. Por ello tiene en cuenta la reorientacioÌn del traÌfico desde Cabo Llanos a la nueva ubicacioÌn. Anticipa, a pesar de la falta de los estudios de detalle, problemas de congestioÌn en las intersecciones con la TF-1 y la TF-5.
d) Además, el Cabildo considera necesario acometer obras de mejora en la TF-2, y precisa que “la viabilidad, plazos y estimacioÌn de presupuestos para tales obras de mejora seraÌn el resultado de un estudio especiÌfico que se escapa al alcance de este informe y que deberaÌ ser realizado por el Gobierno de Canarias por ser el titular de esa viÌa”.
Transcurrido un año desde la presentación del informe del Cabildo, siempre según afirma la Plataforma, “tampoco se han llevado a cabo tales estudios, ni se ha elaborado una memoria con el coste de tales obras, ni se ha calibrado el impacto medioambiental que estas tendriÌan”. Además, el proyecto de prolongacioÌn de la liÌnea 2 del tranviÌa estaÌ paralizado, con una fuerte oposicioÌn por parte de varios colectivos ciudadanos, recuerda la Plataforma en la nota.