El estudio de movilidad encargado por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias sobre el impacto de la futura construcción de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, advierte de un incremento del tráfico del 6%, con 448 coches adicionales en hora punta, de 8.00 a 9.00.
El documento sostiene que el viario “no es capaz de absorber” este crecimiento del tráfico, lo que implica unas condiciones de circulación “poco óptimas”. Además, supone una situación de “congestión”, que se extiende en prácticamente la totalidad del ámbito de estudio.
La construcción de la Ciudad de la Justicia, que se prevé ubicar en las parcelas A, B y C del polígono CEPSA-DISA de Cabo Llanos, supondrá 323 vehículos en hora punta, aparte de que habrá una única entrada para el aparcamiento subterráneo previsto.
Además, el colegio, que se trasladará a la calle Pedro Modesto Campos, sumará otros 125 coches en hora punta, de lo que se deduce que habrá un “empeoramiento” de las condiciones de circulación en concepto de incremento en las colas medias, tiempos de demora, tiempos de parada y tiempos de vía. De esta manera, la cola media, que ahora es de 390 coches, pasaría en el futuro a 797.
“No solo se produce un incremento en los parámetros del modelo, sino que, por ejemplo, la distancia total de viaje, el número de paradas medias realizadas, así como el tiempo total de viaje experimentan cierto descenso, ya que, en este modelo y en la hora simulada, son menos los vehículos que consiguen completar su viaje desde origen hasta destino”, expone el informe.
El estudio fue solicitado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que lo consideró necesario para analizar la viabilidad urbanística de las parcelas ubicadas en Cabo Llanos, una de las dos opciones que baraja la Consejería para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife. La otra opción, la preferida por el Ayuntamiento inicialmente, es en El Sobradillo, en el extrarradio de la ciudad.
El informe ya ha sido remitido tanto al propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con quienes la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad fijará reuniones lo antes posible con el fin de que se pronuncien sobre los requisitos legales, costes y otras variables que sería necesario abordar en el área en caso de optar por la zona de Cabo Llanos.
Una vez estudiados los parámetros técnicos, el consejero José Miguel Barragán convocará de nuevo a los operadores jurídicos antes de tomar y anunciar la decisión definitiva sobre la ubicación del nuevo recinto judicial.
El consejero tiene la intención de poner en marcha el proyecto “lo antes posible”, tal y como ya se está haciendo en el caso del palacio judicial de Puerto del Rosario (Fuerteventura), señala la Consejería en una nota.