Un peritaje judicial concluye que Emmasa practicó en la capital tinerfeña subcontrataciones indebidas con un daño económico de cinco millones

Un peritaje por encargo del Juzgado nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la causa penal por las subcontrataciones de Emmasa (empresa mixta en manos de la multinacional Sacyr que gestiona el servicio público de aguas en la capital tinerfeña), concluye que esa sociedad mercantil llevó a cabo entre 2006 y 2015, supuestamente de forma irregular, subcontrataciones por valor de 17,9 millones de euros que han provocado un daño económico superior a los cinco millones.

Para calcular ese perjuicio económico se tienen en cuenta los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC aplicado a contratos que no debieron suscribirse, pues, según dictamina el perito, se trata de actividades que debió realizar directamente Emmasa.

El peritaje judicial constata que entre 2006 y 2012 la empresa mixta (el 94,64% de cuyas acciones fueron vendidas por el Ayuntamiento a Sacyr en 2005, para proceder a la compra del frente de playa de Las Teresitas, operación hoy declarada ilegal) incumplió con esas subcontrataciones el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigió el concurso público de la privatización.

Así, en ese periodo Emmasa suscribió hasta 121 contratos con ese fin que infringían la prohibición de subcontratar, de los cuales 76 se refieren a actividades esenciales del servicio público que esta presta y 45 a actividades accesorias cuya realización por otra empresa requería autorización del Ayuntamiento santacrucero, permiso previo que no fue solicitado.

En el informe pericial se detalla además que, de las 270 contrataciones de las que tiene conocimiento el perito, 116, por valor de 15,68 millones, fueron suscritas por encima del importe máximo permitido anualmente. Con arreglo a este peritaje, esta práctica contraria a la legislación constituye una infracción que, según la Ley de Contratos del Sector Público, “pudiera suponer [para Emmasa] una sanción con importe de hasta el 50% del precio del contrato”. De esas subcontrataciones, “en 60 concurrieron además otras causas que debieron impedir su suscripción”.

Sobre el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas cuando Emmasa fue privatizada, el perito comprueba que en los siete primeros años esta empresa había invertido 19,53 millones de euros, lo que supone solo el 65,57% del total de las exigibles en conceptos de grandes reparaciones e inversiones, con lo que Sacyr había dejado de invertir 10,2 millones, es decir, el 34,43% del total previsto exigible. 

El perito alega que no le es posible, por falta de información, calcular el perjuicio que eso supone a la empresa, aunque señala que entre 2013 y 2015 se realizaron algunas inversiones en redes de distribución y de saneamiento y en depósitos.

También se recuerda en el informe que Sacyr resultó adjudicataria de la mayoría accionarial de Emmasa durante 25 años por 60,2 millones pagados al Ayuntamiento y un canon de 59 millones, con unas inversiones propias de 45,1 millones en la mejora del servicio público.

Esta causa penal proviene de una denuncia presentada en 2014 por el entonces concejal de Por Tenerife (XTF), José Manuel Corrales, que asumió la Fiscalía. En el procedimiento está personado como acusación popular el partido Sí Se Puede (SSP), que además ha ampliado la denuncia por el supuesto incumplimiento de compromisos financieros, como el plan de grandes inversiones (11 millones) o la firma de un convenio entre Sacyr y el Ayuntamiento que finalmente quedó paralizada.

El asunto de las subcontrataciones, en el que Sí Se puede ha insistido en los plenos municipales, ha sido polémico desde el pasado mandato, pues el Ayuntamiento llegó a imponer una multa de 450.000 euros a Emmasa. La filial de Sacyr recurrió en lo contencioso administrativo y un juzgado sentenció que el procedimiento sancionador había caducado. Cuando el Gobierno municipal reabrió el expediente, las infracciones habían prescrito.

Posteriormente, se abrió otro expediente sancionador por contratación de prestaciones con una multa de 150.000 euros, recurrida también por la filial de Sacyr, en un proceso que está pendiente de sentencia, pero que también puede acabar con una declaración de caducidad.