El portavoz del grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, lamentó este viernes que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “haya orquestado una campaña en los medios de comunicación a los que subvenciona generosamente recurriendo a la mentira en su última pirueta para tratar de escabullir sus responsabilidades en el caso Grúas”, después de que la jueza instructora elevara estos días solicitud de imputación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la condición de aforado del político de Coalición Canaria (CC).
Pérez afirmó que “es falso que votásemos a favor de la concesión de un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli en 2014. Lo que pedíamos es que se pagaran los salarios pendientes a los trabajadores, pero dentro de la legalidad”, que es cosa bien distinta. El portavoz de XTF-NC ha desautorizado las informaciones publicadas este viernes por las dos cabeceras en Canarias del grupo Prensa Ibérica: La Provincia y La Opinión de Tenerife, y por Radio Club Tenerife de la Cadena SER, en las que se concluía que el concejal no se había opuesto al levantamiento de reparos y, en el caso de la emisora de radio, que incluso llegó a votar a favor, cuando su voto fue de abstención.
El concejal lagunero de XTF-NC insistió en que “ni apoyé el préstamo, que lo aprobó la Junta de Gobierno y no el pleno, ni la modificación presupuestaria que lo posibilitara, en lo que me abstuve, así que lo que están publicando algunos es falso y tendrán que rectificar”. Pérez prosiguió: “Si Clavijo y su banda de los tres -con José Alberto Díaz y Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife- creen que tengo alguna responsabilidad, que me denuncien y nos vamos a reír un rato”.
Además, se refirió a la actitud del PSOE lagunero ante esta causa judicial (en pacto de gobierno con CC en el Ayuntamiento), del que sostuvo que “lo que tendría que hacer es lo que estoy haciendo yo y Sandra Rodríguez, que es una excelente letrada y actúa aquí como abogada, no como dirigente regional del partido”.
Pérez recordó que “José Alberto Díaz, anterior concejal de Seguridad y actual alcalde, intentó engañar al pleno ocultando el informe del 8 de abril de 2014 en el que los funcionarios encargados por el Ayuntamiento de gestionar el servicio de grúas durante la intervención comunicaban que la empresa estaba en quiebra, por lo que tenía la obligación legal de convocar concurso de acreedores. Aseguraban que eran tan graves los incumplimientos que tenían legalmente que ser sancionados por Clavijo [el entonces alcalde] mediante la resolución del contrato y el rescate de la concesión para sacarla de nuevo a concurso. Pero ni siquiera así votamos a favor de la modificación presupuestaria”.
El portavoz de XTF-NC señaló que, “después de agotar todas las vías para el despiste, están tratando de hacer valer esta última pirueta. Todos conocemos el modus operandi de Clavijo, pues quedó grabado en las escuchas del caso Corredor que fueron anuladas por arte de magia (en ellas se le oye enchufar a una aparejadora de CC en Acciona, 'aunque sea para llevar facturas de un lado para otro')”.
“Los expedientes y documentos no se pueden anular ni borrar”
Pero el problema del hoy presidente del Gobierno de Canarias, añade Santiago Pérez, “es que los expedientes y documentos no se pueden anular ni borrar: están ahí, y dibujan el rastro perfecto de una serie de delitos por los que va a ser imputado. No fuimos nosotros quienes levantamos por decreto los reparos de legalidad de la Intervención, ni los que enchufamos a amigos en las grúas, ni quienes retrasamos los pagos al legítimo propietario, ni quienes decidimos alargar la concesión a una empresa en bancarrota que ni siquiera cumplía con los mínimos legalmente establecidos para ello”.
“Todo eso lo hizo Fernando Clavijo -recaldó Pérez-, y lo demás son cáscaras de lapas. Y lo hizo después del último y definitivo informe de la Intervención General del Ayuntamiento advirtiendo de que la concesión del préstamo era ilegal”.
Así que -añade el concejal lagunero y denunciante del caso Grúas- “por muchas explicaciones que pretenda dar en el Parlamento o por muchas relecturas que pretenda hacer de los papeles, Clavijo debe ser consciente de que precisamente eso, el examen minucioso de los expedientes y las declaraciones de los técnicos responsables de estos, es lo que ha llevado a la jueza y al fiscal a solicitar al Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) que lo citen como investigado (imputado) por la existencia de indicios de malversación y prevaricación en su actuación”.
Es el mismo criterio que el de la Audiencia Provincial de Tenerife, que en dos autos contundenes y muy argumentados también opinó que existen claros indicios de que Clavijo ha cometido delito.
Santiago Pérez terminó diciendo que, “si a Fernando Clavijo y a CC les importaran tanto como ahora parece mis opiniones jurídicas, me hubieran hecho caso y otro gallo les habría cantado desde el caso Las Teresitas hasta el caso Grúas”.