Los testigos confirman ante el juez las graves irregularidades en la piscifactoría del Cabildo de Tenerife
El ya conocido como caso piscifactoría empezó a rodar este martes en un juzgado de instrucción del partido judicial de La Orotava, en el norte de Tenerife, donde se tomó declaración inicial a todos los testigos (este miércoles será el turno de los tres investigados), entre ellos a los dos funcionarios que elaboraron los informes que reflejaron las irregularidades cometidas en la gestión de la explotación acuícola destinada a la cría y el engorde de truchas radicada en la parte alta del municipio de La Orotava. Esta era gestionada, pues ya está clausurada, de forma directa por el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, cuyo responsable político es el socialista José Antonio Valbuena.
En este proceso judicial aparecen como investigados los funcionarios del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente, y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández. Todos son personal del Cabildo de Tenerife. Podemos se ha personado en la causa como acusación popular y, en la sesión de este martes, el PP no se presentó con su abogado, pues se debe adherir en la defensa letrada a Podemos, como así establece un auto de unificación.
Tal y como ha podido saber Tenerife Ahora (que destapó el caso en exclusiva) de fuentes presentes en las testificales celebradas en la mañana de este martes, los que se pueden considerar como principales testigos de esta causa, los funcionarios públicos del Cabildo de Tenerife Santiago Mayans (el primero que denunció las irregularidades en la piscifactoría) y de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias Miguel Rodríguez (el que las confirmó con una inspección in situ), se reafirmaron ante el juez y el fiscal en el contenido de los documentos por ellos redactados y ya ampliamente difundidos por este periódico.
En la misma sesión judicial, que se desarrolló desde las 9.30 a las 14.00, el funcionario de Salud Pública que se personó en las instalaciones acuícolas en septiembre pasado habló del contenido de las actas de la inspección sanitaria y puso de manifiesto las graves irregularidades que se habían cometido en ese recinto.
Según el contenido que ha trascendido de su declaración, no se le facilitó ningún tipo de documentación, ni del pienso corregido con medicamentos. Tampoco sobre quién lo había prescrito. Además, confirmó que no había veterinario identificado. Sobre el medicamento que se daba a las truchas, indicó que estaba en desuso y que se debe aplicar previa prescripción de la dosis.
Ese mismo declarante confirmó que lo más grave era que ese medicamento pasara al agua de consumo humano, y también que parte de la producción de esas truchas se utilizara como alimento en los restaurantes de la zona, esto sin ninguna garantía para el consumidor, según expuso el inspector.
Por si fuera poco, los gestores del área de Medio Ambiente, los encargados de atender la piscifactoría, no sabían quién era el titular del agua ni hacia dónde esta se dirigía una vez salía de los estanques; tampoco conocían las sustancias que eran nocivas para la salud humana.
Todas estas afirmaciones fueron hechas por el funcionario inspector de Salud Pública, en una sala en la estaban los dos abogados defensores de los tres funcionarios investigados del Cabildo de Tenerife (dos para tres empleados públicos) y la letrada de la Corporación insular, presente por actuar esta administración pública como responsable civil subsidiaria. Esta abogada centró su intervención en rebatir el contenido del informe del también funcionario del Cabildo, del veterinario Santiago Mayans.
Según se expuso ante el juez y el fiscal, el inspector de Sanidad reconoció que no hizo una inspección más completa porque eran flagrantes los incumplimientos. De ahí que en su día tomara la decisión drástica de cortar el agua en la piscifactoría, lo que causó la muerte de los peces (el Cabildo lo había acusado de no tomar muestras del agua antes de cancelar la explotación).
En la sesión de este martes se tomó la decisión de pedir una prueba pericial, es decir, un informe de un especialista, para confirmar a qué canal se vertía el agua y si este lleva caudales para el consumo humano.
En las testificales de este martes, el responsable de Emmasa, Daniel Montoro, no dijo nada, mientras que Santiago Mayans, el veterinario del Cabildo que advirtió en primer lugar de los errores cometidos en la gestión de la piscifactoría, confirmó que su informe lo había hecho en julio pasado y que se lo mandó a sus superiores y al consejero José Antonio Valbuena, a ambos con el aviso de que era “muy urgente”. Los remitió por email y luego se fue de vacaciones 10 días, explicó este técnico veterinario. Tras volver de las vacaciones estivales, en septiembre, se le pidió que remitiera el mismo informe del 17 julio pasado y le pusiera firma digitalizada de septiembre. Al parecer, fue el consejero Valbuena el que se lo pidió, indicaron fuentes presentes en las declaraciones de este martes.
