El grupo municipal de Unidas Podemos ha denunciado a principios de este mes en la Fiscalía Anticorrupción la devolución por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del canon pagado por Sacyr para comprar el 95% de las acciones de Emmasa, y por el que ya se han abonado unos 30 millones de euros desde 2007.
Así lo han informado este miércoles en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo; el abogado redactor de la denuncia, José Pérez Ventura, y la concejala Yaiza Gorrín, quienes consideraron que se trata de “un caso de corrupción similar, incluso más grave por su cuantía, al del pelotazo de Las Teresitas”.
En la denuncia se pone en conocimiento de la Fiscalía hechos que, a juicio de Unidas Podemos, pueden constituir presuntos delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida, en el caso de los miembros del Consejo de administración de Emmasa, y de un posible delito de prevaricación por omisión en lo que atañe a los representantes del Ayuntamiento en ese órgano.
Para Unidas Podemos, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias conocido esta semana, y que confirma la ilegalidad de estos pagos, viene a reforzar la presunción delictiva de estos hechos.
Ramón Trujillo tachó de “completa vergüenza” que el regidor municipal, José Manuel Bermúdez, “no haya mostrado intención de llevar este asunto a la vía penal, cuando sería la obligación de cualquier alcalde y no seguir haciendo políticas sociales para Sacyr”. “Y doblemente vergüenza que el PP tape las vergüenzas a CC”, apostilló.
“Aquí Sacyr -enfatizó el portavoz- pretende apropiarse de 59 millones de un dinero que es de la gente de Santa Cruz, y ni CC ni el PP se plantea acudir a la vía penal; parece que su vocación punitiva se aplica al minorista y no al mayorista, ya que hay gente en la cárcel por apropiarse dinero ajeno que cabe en una cartera como la que llevamos en el bolsillo”, continuó el portavoz de Unidas Podemos.
Para el portavoz, “estamos ante un impresionante abuso, un acto de corrupción y de enredo para mirar para otro lado durante muchos años, mediante una operación tuneada jurídicamente, con pies de barro, en la que además han fallado los controles”.
“Hay muchas preguntas sin responder porque además pedimos el pasado año una comisión de investigación temporal y PP y CC la impidieron, porque no quieren luz ni taquígráfos, ni averiguar cómo es posible que cuando el servicio estuvo intervenido no se detectara una cosa tan gorda y evidente para quien sepa la primaria de la contabilidad”, añadió.
Según Unidas Podemos, entre las cuestiones que aclarar figura también el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, que “en septiembre pasado trató de justificar el punto de vista de Sacyr y ha recibido por ello un varapalo monumental del Consejo Consultivo en su dictamen”.
Por su parte, el abogado José Pérez Ventura sostuvo que “no se trata de meras irregularidades administrativas e interpretación de contratos, sino que las conductas que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía tienen indicios de relevancia penal y exigimos que la Justicia actúe”.
Desde su punto de vista, “el pliego y el contrato que rigen la contratación queda absolutamente claro en sus términos, y lo que está claro no hay que interpretarlo; establecían la forma en que debía retribuirse a Emmasa y en que Sacyr iba a recuperar la inversión”.
En este caso, explicó Pérez Ventura “Sacyr, apoyándose en un informe absolutamente sesgado, reinterpreta el contrato, hace suyas las facultades que corresponden a la Administración y considera que el precio que pagó por las acciones de Emmasa se lo tendrían que devolver, en una suerte de trilerismo jurídico, porque estaba claro que era un precio, no un abono anticipado por un canon de uso de bienes de dominio público”.
Para el abogado, “el posible delito no se comete sólo en el Consejo de administración en 2007 sino también durante todos estos años en los que se ha ido actuando a favor de Sacyr”.
“Después del pelotazo de las Teresitas, Santa Cruz no puede permitirse el lujo de perder 59 millones”, apostilló Pérez Ventura, que fue el letrado también de Izquierda Unida cuando se personó en el caso Las Teresitas.
Antecedentes en la gestión de Emmasa
En diciembre de 2005 se adjudicó a la empresa Sacyr la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años a cambio del abono de 59 millones de euros por el canon para gestionar la infraestructura pública y otro millón por la adquisición de 212 acciones de Emmasa.
Este acuerdo, que se firmó en la etapa de Miguel Zerolo (Coalición Canaria) al frente de la alcaldía, salió a la luz después de 30 años de gobiernos nacionalistas en la capital una vez que el PSOE, con Patricia Hernández al frente, se hizo con el bastón de mando. El Gobierno que duró solo unos meses acabó tras una moción de censura, liderada por Coalición Canaria y apoyada por el Partido Popular y una concejal tránsfuga de Ciudadanos.
Después de iniciar un expediente en 2018, un informe municipal de marzo de 2019 daba cuenta de no haber encontrado soporte documental de la deuda, conclusión similar a la de un nuevo informe, ya en 2020, que reiteró que no existía documento alguno que sustentara el pago, y que la deuda en favor de Sacyr había sido tomada “de manera unilateral” y sin sustento contractual.
En julio de 2020 se inició el proceso de interpretación del contrato, en el que Emmasa y Sacyr aportaron sus alegaciones, que fueron desestimadas en septiembre, por lo que el expediente fue remitido al Consejo Consultivo el 24 de septiembre, y cuya dictamen llegó este lunes al consistorio.