Cuando el casero es la empresa pública de viviendas de Canarias y se disparan los alquileres

“Son viviendas sociales, no pararemos hasta que cumplan”. “Visocan nos presiona, nos engaña y nos coacciona”. Con estas consignas, vecinos de las 358 viviendas de protección oficial de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han salido a la calle a protestar porque la empresa pública Visocan, propietaria de los inmuebles, continúa enviando recibos de alquiler con precios que muchos, dicen, no pueden pagar. 

Después de las denuncias de varias familias por una carta que Visocan envió a los inquilinos en la que les amenazaban con el desahucio si no pagaban el alquiler, que oscila entre los 260 y 350 euros más la deuda de los meses en los que no se ha abonado el importe correspondiente, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, aseguró que no se iban a producir desalojos y el Instituto Canario de la Vivienda dijo que analizaría caso por caso para aportar una solución a aquellos arrendatarios que no pudieran hacer frente a los pagos.

Sin embargo, varios vecinos que aún no han firmado el contrato de arrendamiento porque se encuentran en situación de vulnerabilidad, aseguran que el conflicto continúa estancado. La solución que propuso Visocan fue que estos inquilinos pidieran ayudas al alquiler al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, previa firma del contrato. La alcaldesa de la capital isleña, Patricia Hernández, reconoció que tienen dificultades para abonar esos importes y una de las vecinas, que no quiere decir su nombre, expone que las ayudas “tardan meses” en llegar.

“Visocan sigue mintiendo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no hace nada”, reitera Marta Suárez, quien aún no ha accedido a firmar el contrato porque no puede pagar los 300 euros de alquiler, dado que a su vivienda entra un sueldo total de 750 euros que recibe, junto a su marido, gracias a la ayuda de familiares, y tienen a cargo a su hija, de 5 años.

El gerente de Visocan, Víctor González, ha remitido a esta redacción al Instituto Canario de la Vivienda, que ha expuesto que pedirá información a la empresa pública para conocer en qué estado se encuentran los expedientes y concretar medidas para buscar soluciones. Una vez consigan llegar a un acuerdo, se lo comunicarán a los vecinos.

San Matías

A la situación de Añaza se suma la de las 119 VPO en San Matías (San Cristóbal de La Laguna), a cuyos inquilinos Visocan cuadruplicó la renta en diciembre. Javier Baca, uno de los vecinos de esos inmuebles que protestó cuando la empresa pública le pasó la factura cobrándole 260 euros, dice que han vuelto a cobrarle 51 euros. Y, en estos momentos, está intentando pagar la deuda que ha adquirido durante todos los meses en los que no ha podido abonar el importe, que oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros, a pesar de que aún no ha conseguido encontrar trabajo.

Además, como portavoz de la asociación de la asociación Vicocasa (que reúne a afectados por Visocan), Baca recuerda que a principios de enero mantuvo una reunión con Franquis -a la que también acudieron Cáritas, la Plataforma Anti Desahucios o Nuevo Futuro Tenerife- quien les presentó un nuevo plan de vivienda con el que pretende ofrecer inmuebles para los colectivos más vulnerables y las familias que no pueden acceder a una vivienda pública porque no llegan a los ingresos mínimos para entrar al programa, pero tampoco pueden pagar una privada.

“Nos presentó propuestas para que las estudiáramos y nosotros también hemos hecho las nuestras, como que las viviendas de Visocan pasen a ser públicas y no de gestión privada”, recalca Baca. 

Quejas ante la Diputación del Común  

En junio de 2019, el Diputado del Común, Rafael Yánez, aseguró que actuaría de oficio por los afectados de Visocan, quienes pusieron de manifiesto la problemática existente con los inmuebles adjudicados en régimen de alquiler por el Gobierno de Canarias, correspondientes al I y II Plan de Viviendas de Canarias, y gestionados por la empresa pública.

La Diputación del Común ha informado que los afectados piden ser propietarios de los inmuebles, pues llevan habitándolos más de 20 años y el Gobierno regional de Coalición Canaria, aseguran, se comprometió a otorgar esta posibilidad a los inquilinos pasada una década.

Además, han reclamado control y fiscalización del dinero invertido en la rehabilitación de esas viviendas, que asciende a 3,5 millones de euros del Gobierno regional, puesto que en las promociones de las 80 viviendas de protección oficial en Caserones y las 50 de Casas Nuevas “no se ha llevado a cabo”, presentando los inmuebles “grietas, humedades, deterioros en las fachadas y problemas estructurales en cimientos o garajes”, según los afectados.

Y, por último, afirman que la empresa pública ha cobrado cantidades mensualmente en concepto de mantenimiento a los adjudicatarios de estas viviendas sin que haya llevado a cabo esta actuación.

Siete meses después de esa reunión, los afectados han vuelto a mantener una reunión con la Diputación del Común para conocer el estado de la queja. Yánez les comunicó que han reclamado a Visocan que exponga la situación jurídica en las que se encuentran las viviendas protegidas que gestiona correspondientes al I y II Plan de Viviendas de Canarias y las vías que existen para que los inquilinos puedan ser propietarios según la Ley de Vivienda de Canarias.

También ha exigido a Visocan que detalle en qué se ha gastado la partida de 3,5 millones de euros destinada a la rehabilitación y que verifique los cobros realizados a los adjudicatarios por el concepto de mantenimiento. La Diputación del Común ha informado a esta redacción que la empresa pública les ha remitido un informe de 200 páginas el pasado 14 de enero que aún están analizando.