El Poder Judicial se adelanta un día e inicia los trámites para suspender a Alba
Aunque el trámite estaba previsto para este jueves, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha adelantado un día y ha iniciado este miércoles los trámites para acordar la suspensión provisional de funciones de Salvador Alba después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya dictado auto de apertura de juicio oral contra el magistrado por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Tal y como adelantó Canarias Ahora el pasado lunes, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de la resolución dictada el 8 de mayo por Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba en el TSJC, y ha dado traslado del auto al Ministerio Fiscal y al propio juez para que, en el plazo de diez días, aleguen lo que estimen oportuno.
El CGPJ explica en un comunicado que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé la suspensión de los jueces y magistrados “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.
La suspensión provisional de Alba, que se podría materializar en la segunda semana de junio, se mantendrá hasta que recaiga en la causa una sentencia resolutoria o un auto de archivo.
El Poder Judicial recibió el auto de apertura de juicio oral contra Alba el pasado miércoles, una semana después de que fuera notificado a las partes. El retraso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en comunicar esta resolución, por motivos que no han trascendido de forma oficial, evitó que el trámite que ha cumplido la Comisión Permanente este miércoles, el de la toma de conocimiento de la resolución de la magistrada instructora, Margarita Varona, se pudiera realizar la pasada semana. El tribunal canario tuvo que emitir, además, un auto aclaratorio para corregir un error material, de numeración, en el dictado el día 8.
El magistrado, sobre el que pesa una acusación por la comisión de cinco delitos en sus maniobras contra la también jueza Victoria Rosell, y una petición de la Fiscalía de diez años de cárcel, está de baja. La mayoría de expertos en la jurisdicción contencioso-administrativa consultados por este periódico sostiene que esta baja paraliza su suspensión, que sólo podrá ser efectiva una vez haya recibido el alta. Sin embargo, el vocal del CGPJ José María Macías, miembro de la Comisión Permanente, opinó lo contrario este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, adonde acudió para participar en un foro sobre esa jurisdicción.
