El juez Salvador Alba sigue en activo y de baja cuatro meses después de que el TSJC lo enviara a juicio por cinco delitos
A punto de cumplirse cuatro meses desde que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona decidiera enviarle a juicio por la presunta comisión de cinco delitos, Salvador Alba sigue siendo, a todos los efectos, incluidos los económicos, un juez en servicio activo, aunque permanece de baja médica prácticamente desde la misma fecha. Según han confirmado a Canarias Ahora fuentes judiciales, el TSJC no le ha notificado aún el acuerdo de suspensión cautelar de funciones adoptado el pasado 19 de julio por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Es al tribunal canario a quien corresponde notificar y ejecutar esa medida cautelar, según ha explicado a este periódico el gabinete de prensa del órgano de gobierno de los jueces, que ha añadido que el traslado del acuerdo de la Comisión Permanente al TSJC para que diera cumplimiento al mismo fue inmediato.
Una vez sea comunicada al magistrado y ejecutada por el TSJC, la suspensión a Alba operará hasta que se resuelva la causa penal en la que se halla inmerso, ya sea con una sentencia condenatoria o con la absolución de los delitos (prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) por los que se sentará en el banquillo en los próximos meses.
La Fiscalía; la acusación particular, ejercida por la magistrada Victoria Rosell en su condición de víctima, y la acción popular, representada por Podemos y por el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza, solicitan para Alba penas de hasta trece años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación. Le acusan de conspirar junto a un empresario al que investigaba por delitos fiscales, Miguel Ángel Ramírez, para tratar de imputar actuaciones irregulares a su antecesora en el cargo, Rosell, y propiciar con ello el archivo de la causa contra Ramírez y, a la vez, que prosperara la querella (finalmente archivada) que el entonces presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, el exministro José Manuel Soria, había presentado ante el Tribunal Supremo contra la magistrada en excedencia, su rival política en las elecciones generales de 2015 al concurrir como independiente en las listas de Podemos.
La apertura de juicio oral contra un magistrado lleva aparejada la “ejecución inmediata” de la suspensión de funciones, como recordó la Comisión Permanente en su acuerdo del 19 de julio. Sin embargo, un mes y medio después de aquella decisión, el TSJC no se la ha comunicado formalmente a Alba por razones hasta el momento no explicadas de forma oficial. Cabe recordar que esta suspensión temporal implicará una considerable merma en los emolumentos del magistrado, ya que dejará de percibir una serie de complementos fijados en el régimen retributivo de la carrera judicial.
El acuerdo de la Comisión Permanente instaba además a la Audiencia Provincial, el órgano en el que tiene su plaza el juez Alba, concretamente en la Sección Sexta, a adoptar con carácter de urgencia “las medidas necesarias para solventar las situaciones en las que se encuentran los procesos en los que haya asistido y todavía no haya fallado o firmado”. La Audiencia ejecutó este mandato un día después de haberlo recibido. Su presidente, Emilio Moya, ordenó la entrada de la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial), acompañada de personal auxiliar, para retirarle todas las causas pendientes, entre ellas el caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el PP, durante el mandato 2003-2005.
Aun estando suspendido por el Poder Judicial, de baja médica y alejado del sumario de la causa, Alba emitió a finales de julio su voto particular sobre el caso Faycán, que absolvía a los siete acusados que no reconocieron los hechos (otros 21 sí expresaron su arrepentimiento), entre ellos dos exalcaldes del PP. Días después, los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, que completaban la sala presidida por Alba en el juicio celebrado entre enero y marzo de este año, dieron por válidos los argumentos expresados en ese voto particular, excepto en lo relativo a la responsabilidad subsidiaria del PP, que el juez procesado no apreció y sus compañeros, sí.
A pesar de que la Audiencia de Las Palmas anunció que notificaría la sentencia del caso Faycán el lunes 3 de septiembre, ya que agosto es un mes inhábil en los juzgados, de momento las partes no han recibido la resolución.
La baja médica que arrastra el juez Alba desde hace meses (firmada primero por un médico acusado de falsificar el historial clínico de su exmujer en pleno proceso de divorcio para atribuirle trastornos psicológicos y, después, por un pediatra) no le impidió disfrutar de nueve días de vacaciones junto a su familia en las Islas Maldivas. Este vuelo también le costó un duro reproche del Poder Judicial, que le afeó que tratara de evitar su suspensión cautelar alegando una baja que lo incapacitaba para el trabajo “pero no para acometer un viaje transoceánico”
