El principal acusado hasta donde alcanzó la investigación policial y judicial del caso Eólico entre 2005 y 2006, la primera gran trama de presunta corrupción del PP canario bajo la presidencia de José Manuel Soria, se ha quedado sin defensa por discrepancias con su letrado y ha solicitado, al igual que su pareja también acusada, un abogado del turno de oficio para cuando se celebre el juicio, pendiente de nuevo señalamiento desde 2013.
Celso Perdomo, director general de Industria del Gobierno de Canarias durante la media legislatura (2003-2005) que duró uno de los tantos pactos de gobierno del PP con Coalición Canaria, afronta una petición de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, al entender esta probada su participación en el amaño del primer concurso de asignación de potencia eólica de las Islas.
La operación Eolo fue el primer escándalo con el exministro José Manuel Soria en las inmediaciones. Entonces presidía el Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) con mayoría absoluta y había colocado a su hermano Luis al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Y uno de las grandes proyectos de Industria era adjudicar parques eólicos por todas las islas.
Soria vivía en aquella época gratis en un chalet de la familia Esquivel mientras construía su actual mansión, también en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los hermanos Esquivel, José Ignacio, también debe sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto soborno de 12.000 euros al director general de Industria del Gobierno regional.
Anticorrupción cree que Esquivel recibió información privilegiada del concurso público al que se presentó con la mercantil Promotora de Recursos Eólicos, al igual que el abogado y secretario de esa sociedad, Alfredo Briganty. A su vez, el Cabildo presidido por Soria desistió de presentarse con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, en una polémica decisión política que dejaba libre el mejor campo de vientos de la Unión Europea, en el Sureste de Gran Canaria, a la iniciativa privada.
Lo que apuntaba a un jugoso festín de tiburones quedó definido por el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, en canario de pura cepa: “Eolo se ha quedado en el estanque de los lebranchos [un tipo de pez o de reptil]. No ha saltado al estanque de los tiburones”, en alusión a que durante la investigación, a lo máximo que llegó el juez fue a llamar a declarar a Luis Soria, responsable de la consejería encargada de adjudicar los parques eólicos, en calidad de testigo. Y eso que el consejero de Industria organizó un viaje oficial con el propio José Ignacio Esquivel a visitar turbinas en Magdeburgo (Alemania).
Ya en clave política, Soria se permitió el lujo de manipular en toda regla una comisión de investigación abierta por el Parlamento canario, en virtud de sus acuerdos con CC, para concluir que el principal responsable del caso Eólico era el entonces presidente del consejo de administración de la empresa editora de Canarias Ahora, José Francisco Henríquez, relevante miembro del PSOE.
El Parlamento de Canarias aún no ha corregido semejante invención de 2007, año en el que a pesar de la ruptura de CC y PP en 2005 ya se negociaba otra alianza más, la que llevó a José Manuel Soria a la vicepresidencia del Gobierno canario y la Consejería de Economía y Hacienda hasta 2010 con Paulino Rivero de presidente, antes de dar el salto a la política nacional en 2011 de la mano de Mariano Rajoy.
De todo aquel escándalo solo quedaron siete acusados formalmente por el fiscal de Anticorrupción Luis Del Río, y el paso por prisión provisional de Celso Perdomo y de su novia, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria. A Celso Perdomo la Fiscalía le pide siete años de cárcel por violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos, y a su pareja de entonces, tres años y medio, por malversación y cohecho. Son estos ahora los que se acogen al turno de oficio.
Aparte de José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, acusados de cohecho a los que se les pide una pena de año y medio de cárcel, también lo está por cohecho y con la misma cantidad de cárcel el empresario Enrique Guzmán, así como el funcionario Honorato López, a quien la Fiscalía pide dos años de privación de libertad.
Hace justo ahora cuatro años, el 31 de julio de 2013, se celebró la primera y única sesión del juicio oral que abordó cuestiones previas y provocó su suspensión hasta la fecha. Entre medias, el magistrado designado como presidente del tribunal del jurado que ha de juzgar a los acusados, Ignacio Marrero, falleció en 2016 sin haber resuelto todos los recursos pendientes ni dictado auto de hechos justiciables.
Este mes de julio, el magistrado que ha sustituido a su colega fallecido, Pedro Herrera, había preguntado a abogados y fiscal por fechas para cuadrar agendas y dictar el auto de hechos justiciables en el que se fije cuándo se celebrará el juicio. Previsiblemente, no podrá ser antes del próximo invierno por la coincidencia con la vista oral del caso Faycan, otro de los grandes casos del PP.
El juicio del caso Faycan, donde se solicita cinco años de cárcel a la exalcaldesa de Telde Mari Carmen Castellano, entre otros, se celebrará en octubre con el mismo fiscal y algunos abogados defensores de Eolo, salvo que sea apartado de la carrera judicial el presidente del tribunal, el magistrado Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por intentar perjudicar a la magistrada y exdiputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell.