El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez; la exdirectora de Recursos Económicos del organismo público Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7 United S.L., por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales en el denominado caso mascarillas.
El fiscal delegado contra la corrupción y la criminalidad organizada de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, abrió diligencias el pasado mes de abril, a partir de la denuncia de un particular, para investigar el expediente para la contratación, por cuatro millones de euros y por la vía de emergencia, de un millón de mascarillas FFP3 a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, sin experiencia en el sector sanitario y sin acreditada solvencia ni capacidad técnica, con el objeto de dotar a los hospitales de las Islas de material sanitario de protección frente a la Covid-19 en los primeros compases de la pandemia. Esa mercancía nunca llegó a su destino. Solo lo hizo una partida de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en Aduanas después de que la Agencia Tributaria Española confirmara con la marca fabricante 3M que eran falsas.
Dos años después de la firma de ese contrato de emergencia, el Gobierno de Canarias sigue intentando recuperar los cuatro millones de euros que anticipó, sin recibir ninguna mascarilla a cambio, a la empresa adjudicataria. Según ha informado el consejero de Sanidad, el socialista Blas Trujillo, en su comparecencia de este miércoles en el Parlamento de Canarias, la Agencia Tributaria Canaria ya ha iniciado una segunda fase, de investigación patrimonial, para tratar de hallar responsabilidades subsidiarias y recuperar los fondos.
En un auto fechado este martes, el magistrado Florencio Luis Barrera ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba la Fiscalía en su escrito, así como la adopción de las medidas cautelares solicitadas.
En concreto, el Ministerio Público pedía que se tomara declaración en concepto de investigados a los querellados. A Conrado Domínguez, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. A Ana María Pérez, por prevaricación. Y a Rayco Rubén González, por estafa agravada y blanqueo de capitales.
El fiscal Javier Ródenas también solicitaba la comparecencia como testigos-peritos de las jefas de servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS y de la jefa de sección de Estudios y Análisis Económicos del servicio de Contratación. Además, pedía que fuera citado a declarar como testigo Samuel Machín, la persona que, según el relato de la querella, actuó de intermediario de la operación y negoció el contrato por Whatsapp con Domínguez.
Como medidas cautelares, el auto ordena el bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias del empresario con la finalidad de garantizar “las importantes responsabilidades pecuniarias” que pudiera tener que asumir como consecuencia de la presunta estafa. También el embargo preventivo de los siete vehículos de lujo (tres Lamborghini, un Bentley, un Mercedes, un Porsche y un Audi) que, según la Fiscalía Anticorrupción, el adjudicatario de ese contrato de emergencia adquirió, a través de un entramado societario y por un importe total superior al millón de euros, con “dinero público ilícitamente incorporado” a su patrimonio.
En la querella, el fiscal Anticorrupción interesaba que se emitiera un informe por parte del funcionario público competente en el que se identificara a los miembros del Comité Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias desde marzo de 2020 a diciembre de 2021 y se informara de la fecha del nombramiento de sus miembros, funciones y ámbito competencial; si este órgano tuvo conocimiento de la adjudicación a la mercantil RR7 United del contrato de emergencia para el suministro de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de la marca 3M; si Conrado Domínguez informó de sus negociaciones a este comité o si se trató de una decisión autónoma y exclusiva del actual director del SCS; si la decisión estaba dentro de sus facultades; si contaba con la habilitación legal para hacerlo, o si este tipo de contrataciones estaban sometidas a revisión o autorización previa.