La causa penal contra el juez Salvador Alba corre el riesgo de archivarse como consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuya redacción participó su propio abogado, Nicolás González-Cuéllar. Se trata del mismo letrado que defiende al exministro de Industria José Manuel Soria, autor de la querella contra la jueza Victoria Rosell, la que activó Alba al maquinar contra la exdiputada de Podemos.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor el pasado 6 de junio y obligó a juzgados y fiscalías de toda España a revisar todos los casos pendientes que llevaran seis meses de instrucción. La reforma, que fue ampliamente contestada por la Abogacía y calificada por las asociaciones de jueces y fiscales de “auténtica ley de punto final”, fue elaborada por una comisión institucional, creada por el Gobierno en marzo de 2012. De esa comisión formaron parte, entre otras personas, el abogado González-Cuéllar y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien admitió la querella del entonces ministro Soria contra la magistrada en excedencia y a la sazón diputada de Podemos Victoria Rosell, pese al informe en contra de la Fiscalía del Supremo. Marchena y González-Cuéllar son los autores de un libro sobre esa reforma legal que ambos han presentado juntos a lo largo y ancho de la geografía española.
Todos los miembros de esa comisión constitucional fueron condecorados por el ánterior Gobierno de Mariano Rajoy con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga desde su aprobación a una duración máxima de seis meses para la investigación de causas penales, excepto las que sean declaradas complejas, para “agilizar la justicia penal”.
La magistrada que desde mayo investiga a Salvador Alba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, ha declarado la complejidad de la causa a instancias del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido. Esta circunstancia permitiría una duración superior, de hasta 18 meses, para la investigación. Pero el investigado, defendido por uno de los autores de la ley, ha recurrido esta resolución ante la Sala de lo Penal del alto tribunal canario. De esa sala forma parte el presidente del TSJC, Antonio Doreste, que fue precisamente quien designó a Salvador Alba como sustituto de la jueza Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando, previa excedencia, se presentó a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 bajo las siglas de Podemos. Alba no cumplía los requisitos para acceder a esa sustitución por haber agotado los seis meses máximos que a cada juez se le conceden al año para sustituciones. Doreste lo designó sin pasar el nombramiento por la Sala de Gobierno del TSJC, como es habitual.
Si la apelación de Alba prosperara, y la magistrada Varona no acordase antes llamar a declarar tanto a Rosell como víctima, como a Alba como investigado, y a Miguel Ángel Ramírez como testigo, la causa penal podría quedar en “vía muerta” y abocada al sobreseimiento por la instructora, indican varios expertos en Derecho Procesal Penal consultados por este periódico.
Hasta la fecha la instrucción derivada de la conversación que el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez sostuvieron en el despacho del primero el 16 de marzo de 2016 se ha centrado en la prueba documental remitida por el Juzgado de Instrucción número 8 y sobre todo en la prueba pericial sobre la grabación efectuada por Ramírez a través de un dispositivo oculto en el que la Guardia Civil encontró el audio íntegro y original.
Las recientes revelaciones de una conversación grabada por el juez Alba en la que conversa con su compañero de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Carlos Vielba apuntan a que retrasar la causa para su archivo podría ser la estrategia procesal del investigado tras una conversación entre los letrados defensores de Alba y Ramírez y una posibilidad de pacto entre ambos investigados. Así quedó de manifiesto en este pasaje de esa conversación, celebrada el pasado 26 de septiembre. “La clave es poner trabas a todo”, dice Vielba haciendo alusión a una suerte de recado de Ramírez que estaría trasladando a Salvador Alba:
Carlos Vielba: …“Claro, porque esto en seis meses se acaba”
Salvador Alba: “¿No te dijo nada de lo que pide, no? No te dio la clave. La clave, ¿Qué es la clave?”
Carlos Vielba: “No, la clave es poner trabas a todo. Él la pericial la puede parar, seguro que la puede parar”
Salvador Alba: …“A mí me interesa porque con esa memoria me voy al TSJC y digo: Mire usted, archiven eso. Eso es lo que yo quiero hacer. Que él, en el procedimiento de Vicky (Rosell) o en la denuncia que yo le he puesto en el Juzgado de o en la denuncia que yo le he puesto en el juzgado de instrucción quiere hacer eso y darle largas y decir: ”Bueno, es que no sé, es que tal, que cual...“ A mí a través del abogado, o sea, el abogado de él y el abogado mío hablaron para ver si, en fin, si yo retiraba la denuncia en el juzgado de instrucción, de manera que este no hiciera sangre y tal. Y de hecho fue cuando él llegó y dijo lo de: ”El original lo borré“. Pero con todas estas cosas, lo que quiero es que se acabe cuanto antes lo de la Guardia Civil y a tomar por saco (...) Bueno, ¿y tengo plazo para eso o..?
La publicación de esa conversación ha desatado las sospechas entre expertos en derecho procesal penal consultados por eldiario.es, que echan cuentas sobre la fecha de incoación de las diligencias por el TSJC, el pasado 26 de mayo de 2016 y concluyen que ésa puede ser la artimaña legal de la que se valgan el juez Alba y su letrado, a través del TSJC, para que acabe “en nada” esta causa. El caso amenaza con convertirse en el mayor escándalo político-judicial en la historia de Canarias, vistos los indicios sobre la implicación del ex ministro de Turismo José Manuel Soria, con quien Alba colaboró para lograr la admisión por el Tribunal Supremo de la querella que apartó a Victoria Rosell de su carrera política.