Jueces para la Democracia denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial el hecho de que Salvador Alba grabara a magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras hablaban de causas judiciales, así como de otros asuntos privados. La asociación solicita que el juez sea apartado de sus funciones y que se le abra un expediente disciplinario “de forma inmediata y con carácter cautelar” por su comportamiento.
El magistrado presentó estas grabaciones de sus compañeros en el juzgado de Instrucción donde se sigue un proceso por una denuncia presentada por él “que nada tendría que ver con el contenido de las conversaciones grabadas, incurriendo así en graves responsabilidades disciplinarias e incluso penales”, indica la asociación en un comunicado.
En la grabación, de 24 minutos, se revelan detalles de procesos judiciales abiertos, entre ellos de una pieza del caso Unión en la que Alba presidirá el tribunal de jurado. Además, el magistrado grabó en el 'office' del tribunal a sus compañeros, uno de ellos aspirante a la sección que revisa las causas de violencia de género. En un momento de la conversación grabada por el juez, uno de los magistrados presentes profiere expresiones machistas y xenófobas.
Jueces para la Democracia tacha el comportamiento de Alba de “intolerante” y considera que este hecho se suma “al cúmulo de despropósitos perpetrados por esta persona”. Entre ellos, recuerdan que el juez se reunió con un empresario, Miguel Ángel Ramírez, con el fin de orientar su declaración y perjudicar a la jueza Victoria Rosell.
Para la asociación, estas actitudes han llenado a la Justicia canaria de un nivel de desprestigio, “nunca antes conocido”, a lo que, a juicio de la asociación, ha contribuido la “sorprendente inacción” de órganos institucionales en cuya responsabilidad está el tomar medidas para que esta situación cese y que “quien tanto daño está haciendo a la Justicia sea apartado de sus funciones”.
Jueces para la Democracia sostiene que la Justicia “ni admite ni se merece este descrédito”. Además, lamentan que estas actitudes afecten al trabajo honrado de miles de magistrados de este país, “quebrando un pilar fundamental para la legitimidad del trabajo que hacemos y que es la confianza de la ciudadanía”.