La defensa del juez Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por conspirar contra la jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell según consta en una grabación de aquel con el empresario Miguel Ángel Ramírez, quiere saber quién filtró el audio publicado el 11 de mayo pasado por el diario.es.
Fuentes conocedoras de la investigación han resaltado el vivo interés del abogado del juez, Nicolás González-Cuéllar, que también lo es del exministro Soria en otras causas, por saber detalles durante la declaración de un jefe informático de la empresa de Ramírez, de cómo pudo publicarse la grabación que compromete a su cliente.
El testigo, interrogado este miércoles en la causa abierta por el TSJC contra Alba, dijo no tener constancia de esa filtración, ni tampoco del contenido de la grabación cuando su jefe, Miguel Ángel Ramírez, le encargó prepararle un dispositivo para grabar y posteriormente volcar su contenido en pen drive.
Según estas mismas fuentes, la declaración del directivo de la empresa de Ramírez se centró en detalles técnicos del dispositivo de grabación y su manejo posterior, con especial incidencia en si fue manipulado, cuestión negada por el testigo.
Las pesquisas abiertas por la Sala de lo Penal y Civil del TSJC, instruida por la jueza Margarita Varona, se centran en si el juez Alba amañó con Ramírez una declaración que implicara a Rosell por no haberse abstenido en una causa contra el empresario instruida por esta, sin que hasta el momento de esa declaración pactada hubiera razones de peso para seguir adelante con la querella presentada contra la entonces diputada de Podemos por el exministro Soria en el Tribunal Supremo.
Alba está se le imputan presuntos delitos prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a raíz de que Ramírez entregara a la Justicia una grabación que reflejaba el momento de la supuesta conspiración.
En esa grabación el magistrado indicaba cuál debía ser el contenido y sentido del testimonio del empresario, con el fin de sostener las acusaciones contra Rosell y archivar la causa por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que afecta al empresario y que se sigue aún en Instrucción 8, Juzgado al que se incorporó Alba como sustituto al marcharse la exdiputada al Congreso.
La declaración pactada de Ramírez sirvió de informe de Alba al Supremo para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la ex diputada de Podemos, otra causa que corre paralela a esta abierta de oficio por la Fiscalía contra el juez Alba.