Anticorrupción acorrala al expresidente Clavijo con otros 36 decretos irregulares firmados cuando fue alcalde de La Laguna

La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha ampliado su investigación sobre el expresidente de Canarias Fernando Clavijo por su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna (2011-2015) incorporando al llamado caso Reparos otros 36 decretos suscritos por él soslayando las advertencias de ilegalidad formuladas no sólo por el interventor municipal, sino también por otros dos altos funcionarios del consistorio.

Estos 36 decretos se suman a los casi 200 que ya tiene en su poder el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna en el llamado caso Reparos. De todos ellos, 85 fueron suscritos por el expresidente de Canarias Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, entre 2011 y 2015. Más de cien, por su sucesor, José Alberto Díaz, del mismo partido, y el resto por otros concejales cuando actuaban como alcaldes accidentales.

El Ministerio Fiscal ha hecho suya la denuncia del concejal de Avante La Laguna Santiago Pérez y ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de esa ciudad los nuevos decretos en los que aparece la firma del exalcalde Fernando Clavijo levantando reparos de los funcionarios para, entre otras muchas cosas, ampliar la vigencia de contratos de prestación de servicios públicos ya vencidos, fraccionar contratos de diversa índole y cuantía, adquirir nuevos vehículos para la Policía Local o contratar la conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Por su importancia llama la atención un decreto firmado por Clavijo en 2012 para modificar el contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria en la ciudad de La Laguna y autorizar que no se incorporaran a la flota 34 de los 46 vehículos incluidos en la renovación de maquinaria prevista para el año 2011. De este modo, el concesionario, Urbaser, quedaba autorizado a incumplir una cláusula decisiva, no sólo incrementando notablemente su beneficio ahorrándose los costes de esa renovación, sino permitiendo el envejecimiento de la maquinaria que prestaba el servicio e impidiendo que el Ayuntamiento pudiera hacerse con una flota en condiciones una vez venciera la concesión, como estaba en los pliegos.

También aparece en la relación de decretos enviados por la Fiscalía al juzgado uno por el que se concede una “autorización de continuidad retroactiva” del servicio de mantenimiento de jardines a la UTE formada por Interjardin-HPC Ibérica por importe de 997.723 euros y un reconocimiento extrajudicial de crédito para el periodo octubre-diciembre de 2011 por más de 355.000 euros.

La Fiscalía ha pedido a la jueza instructora, Ana Serrano-Jover. que practique algunas diligencias de investigación, entre otras que llame a declarar como testigos al por entonces interventor en funciones del Ayuntamiento de La laguna, así como al jefe del Servicio de Fiscalización y a la jefa de Sección de Control y Fiscalización. Los tres son los firmantes de las advertencias de ilegalidad que desoyó Clavijo.

Por su condición de senador, Fernando Clavijo no puede ser investigado por un juzgado ordinario, sino por el Tribunal Supremo. Pero antes de que esto pudiera ocurrir, la jueza instructora deberá recabar todas las pruebas que considere necesarias para, en su caso, elevar a la Sala de lo Penal del alto tribunal una exposición razonada, esto es, una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de delito cometidos por el aforado. Será el Supremo quien entonces decida.

La Sala de lo Penal ya decidió el pasado mes de junio archivar otro de los asuntos que comprometían la gestión del expresidente del Gobierno canario durante su etapa al frente de la alcaldía de La Laguna, el llamado caso Grúas, una sucesión de irregularidades relacionadas con la explotación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Clavijo maniobró para que unos empleados de la empresa concesionaria -algunos de ellos amigos suyos- se quedaran con esta al tiempo el consistorio les apoyaba financieramente para que levantaran una gestión nefasta que acabó con la pérdida de las tarjetas de transporte y la obligación incumplida del ayuntamiento de rescatar el servicio. La empresa acabó vendida a un empresario sin ningún tipo de concurso.