La Audiencia de Las Palmas ha archivado definitivamente la denuncia contra el hacinamiento de migrantes en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, en noviembre de 2020. El tribunal reconoce que las condiciones del campamento instalado por Cruz Roja eran ''lamentables''. Sin embargo, el auto justifica que esta ''penuria'' no responde a una actuación voluntaria y arbitraria de las autoridades para vulnerar los derechos de las personas migrantes. Por el contrario, obedece a una ''situación de carencia de recursos ante el número de inmigrantes que afrontaron la travesía''.
En cuanto al posible delito contra la integridad moral, el fallo concluye que ''se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada''. Un informe de FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, publicado en febrero de 2019, advirtió de un previsible aumento de las llegadas a las Islas desde África Occidental. El último trimestre de 2019, diversas ONG también explicaron que las 2.000 llegadas de ese año solo suponían la ''antesala'' de lo que ocurriría en 2020.
La Audiencia Provincial tampoco considera que se haya cometido un delito de detención ilegal en Arguineguín. Decenas de personas pasaron más de dos semanas en el puerto bajo custodia policial, sobrepasando el máximo legal de 72 horas de retención. El auto resuelve que no se puede hablar de acto delictivo. ''No podemos perder de vista el número de personas ni el ámbito en el que se desarrollan los hechos, en un núcleo poblacional de pequeñas dimensiones'', subraya el documento.
''Sobre todo no podemos perder de vista que no existía en ese momento alternativa alojativa y asistencial alguna. Entendemos que la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca, a la situación a la que se enfrentaron las autoridades administrativas'', recoge el fallo.
Cambio de criterio
El 23 de noviembre de 2020 se emitió la primera resolución judicial tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán. La jueza Yanira del Carmen González, del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, archivó el caso. La corporación municipal recurrió y el 14 de abril la misma magistrada volvió a archivarlo. Entre ambos autos tuvo lugar un cambio de fiscal. La fiscal de Extranjería, Teseida García, sustituyó al fiscal de Delitos de Odio de Las Palmas, José Antonio Díez.
Díez exigió recurrió el primer archivo y además exigió un informe policial sobre las detenciones ilegales en el puerto. García, por el contrario, pidió el sobreseimiento libre al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito alguno. La fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, explicó entonces a este periódico que el cambio se debió a un ''tema interno de competencias de la Fiscalía''. ''Se creía que debía llevarlo Extranjería'', pero se dejó que lo investigara la sección de Discriminación y Delitos de Odio ''por si fuera su competencia''.
El caso ha quedado archivado definitivamente, después de que distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos e incluso el Defensor del Pueblo sí vieran vulneraciones de derechos en sus visitas al puerto de Arguineguín. Human Rights Watch advirtió en 2020 que las condiciones del campamento instalado por Cruz Roja ''no respetaban la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales''. El Defensor del Pueblo también emitió un duro informe tras visitar las doce carpas instaladas en Mogán. El documento reconocía que la higiene era mínima, la ropa que vestían los migrantes estaba sucia y los baños eran insuficientes.