Se bautizó como caso Góndola porque al municipio de Mogán se le conoce como la pequeña Venecia de Gran Canaria por sus canales. La instrucción pasó por las manos de más de una decena de magistrados y se abrieron numerosas líneas de investigación por la que permanecieron imputadas unas veinte personas.
Ahora, más de 17 años después de la apertura de la causa, una jueza sustituta acaba de dar el carpetazo definitivo con el archivo de una de las principales piezas, la que investigaba, entre otros, al exalcalde Francisco González (PP) y al conocido empresario Santiago Santana Cazorla por la regularización de una depuradora de aguas construida en suelo rústico en la zona de la playa de Taurito.
El empresario, refugiado desde hace años en Marruecos, fue detenido el 5 de febrero de 2007 en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando se disponía a volar hacia Tenerife. Era la segunda fase de la operación Góndola. En la primera habían sido detenidos, entre otros, el exalcalde González y la entonces concejala Onalia Bueno, hoy regidora en el municipio sureño con Juntos por Mogán, aliado local de Coalición Canaria (CC).
González estaba imputado por prevaricación. Santana Cazorla, por un delito contra la ordenación del territorio. Y ambos, por tráfico de influencias. En la causa también ostentaban la condición de investigados tres trabajadores del Ayuntamiento.
Durante la investigación de la causa, se interceptaron conversaciones telefónicas entre el empresario y el alcalde en las que el primero pedía a González que presionara al Cabildo de Gran Canaria, entonces liderado por el exministro José Manuel Soria, para regularizar la depuradora. A cambio, el regidor pedía a Santana Cazorla que “echara una mano” a un empresario amigo para que pudiera instalar un supermercado de la cadena Spar en la zona turística de Anfi, de su propiedad.
Para la jueza, en esta causa se han producido comportamientos “poco éticos” (no detalla cuáles) que, sin embargo, no encajan en la tipificación de la conducta penal del tráfico de influencias. La resolución dictada el pasado martes incide en que no se puede considerar acreditada la comisión de este delito cuando se trate de “meras solicitudes de información o gestiones amparadas en su adecuación social, interesando el buen fin del procedimiento”, siempre que no pretendan “alterar el proceso decisor objetivo e imparcial de la autoridad o funcionario”.
La jueza tampoco aprecia el delito contra la ordenación del territorio. El auto precisa que el planeamiento permitía encajar esa construcción, la desaladora de Taurito, como “autorizable” pese a ubicarse en suelo rústico.
Con respecto al tercero de los delitos investigados, el de prevaricación, “no consta acreditado que se haya llevado a cabo una resolución injusta y arbitraria en consenso con los investigados”, destaca.
Aunque el archivo no es firme (se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas), ya no hay acusación posible, ya que fue la propia Fiscalía la que interesó el sobreseimiento al entender que no cabía reproche penal.
El mitin de Rajoy y la expulsión de la acusación popular
Hace seis años ya se había archivado la pieza referida el Grupo Europa, la inmobiliaria que pagó el mitin que el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, celebró en Mogán en 2005 o un concierto de Miguel Ríos en las fiestas municipales. La Fiscalía también pidió el sobreseimiento de esta causa tras concluir que no había quedado acreditada la relación entre los actos financiados por la empresa y la adjudicación de un concurso para la construcción de viviendas públicas en la localidad sureña, ya que ese contrato fue finalmente anulado.
Entre los investigados en esta pieza se encontraban Francisco González y su mano derecha durante el mandato 2003-2007, Onalia Bueno. La actual alcaldesa abandonó el PP tras esa imputación y se presentó en las siguientes elecciones con Ciuca, partido con el que finalmente llegó al poder en 2015 y con el que obtuvo la mayoría absoluta en 2019, dos años después del archivo de su parte de Góndola. En los últimos comicios ha concurrido con marca propia, Juntos por Mogán, de la mano de CC, y ha logrado una mayoría aún más amplia pese a sus imputaciones en cinco procedimientos judiciales abiertos por actuaciones de su etapa como alcaldesa.
Esa trama del Grupo Europa vinculada al caso Góndola se quedó sin acusación. Antes de pedir el archivo de la causa, el fiscal Jorge Pobre solicitó la expulsión del procedimiento del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, que ejercía la acción popular, y el juzgado accedió. El Ministerio Público sostenía que no podía estar personado porque no había presentado querella.
En el caso Góndola se investigó, además, un presunto delito electoral vinculado con la compra de votos en los comicios de 2003 y empadronamientos inexistentes, pero esos hechos tampoco quedaron acreditados. En 2013, la inspección fiscal culpó de la lentitud de la causa al juzgado de instrucción, por el que habían pasado en ese momento once magistrados.