La magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y miembro del Foro Judicial Independiente, Elena Corral, ha afirmado que “no he visto nada igual” a las grabaciones hechas a magistrados por parte del juez Salvador Alba y del empresario Miguel Ángel Ramírez, pero tampoco dijo haber visto “en toda mi vida nada igual a lo que hizo la Fiscalía”.
Aunque consideró - en declaraciones a Canarias Radio La Autonómica - que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debería tomar cartas en el asunto, precisó que se trata de una situación difícil, puesto que el presidente forma parte de la Sala que esta enjuiciando estos casos. Lo lógico, en su opinión, es que actúe el CGPJ, “pero claro, ya sabemos lo que pasa con la politización de la Justicia”.
A su juicio, el motivo de que se haya tardado tanto en expedientar a Alba tiene que ver con el sistema de nombramiento de cargos de la Justicia, que hace que “se ascienda a los que son de una cuerda y se pueda perseguir a los que son de la cuerda contraria”. Y en la actualidad, la mayor parte de los jueces que componen el Consejo General del Poder Judicial han sido designados por el Partido Popular (PP).
“La Justicia se está corrompiendo desde arriba por el sistema de nombramientos de cargos judiciales, influido directamente por los partidos políticos”, sentenció.
Corral lamenta la percepción que puedan tener los ciudadanos de que “los jueces pueden jugar a estos jueguecitos o que la justicia tiene conversaciones particulares con determinados intereses”. “Desde luego, le puedo asegurar que gracias a dios la mayoría de los jueces en absoluto tiene este sistema y, de hecho, más de la mitad no están asociados. De los que lo están, el 99% no jugaría jamás a estos juegos”, concluye.
“Estábamos escandalizados”
Recordó que el Ministerio Público abrió diligencias preprocesales contra la exdiputada y jueza Victoria Rosell cuando ésta se encontraba en excedencia e inició una investigación pese a saber que la misma sólo correspondía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuyo criterio yo comparto, consideró que era totalmente incompetente”, apostilló. Sin embargo, el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, defendió recientemente la rigurosidad con la que se ha actuado.
Aunque prefiere esperar a que el CGPJ depure responsabilidades, asegura que “estábamos todos absolutamente escandalizados” con el procedimiento abierto a Rosell, que “se sacó a la prensa al día siguiente y se tramitó a una celeridad inaudita”.
En el caso de la grabación del empresario Miguel Ángel Ramírez a Alba, que revela cómo el magistrado trató de prefabricar una declaración para perjudicar a la exdiputada de Podemos, no se llegó a incoar un expediente disciplinario hasta que pasaron seis meses. Y con ellos, el periodo electoral y la conformación de un nuevo Gobierno central.
El motivo de que el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, expedientara a Alba por dos faltas graves y una muy grave que pueden suponer su expulsión de la carrera judicial, se debe a juicio de Corral a que el juez “hizo perder la paciencia a todos y provocó que Jueces para la Democracia pidiera al CGPJ que se tramitara”.
Corral se muestra sorprendida por la lentitud del proceso seguido en el mencionado expediente y admitió que su impresión era que “iba a acabar prescribiendo la posible infracción sin que el CGPJ hubiera hecho nada”.
Jueces para la Democracia pidió además que se le expedientara por haber grabado a sus compañeros en la Audiencia Provincial, sin que de momento se haya hecho nada al respecto.
“Lo que ha incoado [el CGPJ] ha sido solamente lo que viene de mayo de 2016, que además probablemente se suspenderá, porque coincide con lo que conoce el Tribunal Superior de Justicia de Canarias” añade. Corral lamenta la falta de diligencias informativas, pese a “lo grave que es que en esa Sala, ahora mismo, dudo mucho que se pueda deliberar, como tiene que deliberarse un asunto entre personas que probablemente ni se dirigirán la palabra”.
La jueza considera que se debería de haber apartado cautelarmente al magistrado del ejercicio judicial, “ya no por presunción de culpabilidad, sino simplemente porque esa Sala ya no puede funcionar mientras que Salvador Alba esté en ella”.