CC ve con “sorpresa” la propuesta del PSOE para limitar la acusación popular

Coalición Canaria ha mostrado este viernes su sorpresa ante la proposición de ley del PSOE, presentada este viernes, que busca limitar la acusación popular e “impedir los mecanismos de acoso” por parte de grupos “ultras” que usan la acusación popular para fines propios y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

La portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha dicho en rueda de prensa que no se posicionarán hasta que no conozcan el texto “en profundidad”, pero ha deslizado que “qué pena que esta cuestión no le preocupara al PSOE cuando eran ellos los que hacían uso de estas herramientas para acabar con sus adversarios políticos en Canarias”.

Asimismo, ha agregado, ahora es el PSOE el que “debe explicar” esos “cambios de posición” cuando “le convienen o no”, y en ese sentido ha recordado el papel que ejerció con esa herramienta el PSOE “durante años” con Pedro San Ginés, el ahora portavoz de CC en el Senado, y el actual presidente regional, Fernando Clavijo (CC).

San Ginés, que se ha calificado a sí mismo como “víctima de una presentación como acusación popular reciente” por parte del Partido Socialista, se ha preguntado “cómo es posible que ahora el PSOE presente esta inciativa” cuando “hace nada” se han personado como “acusación popular” en una causa contra mí presentada por el Cabildo de Lanzarote.

“Todavía estoy pendiente del recurso que presentarán a la desestimación del juez, tras desestimar este la solicitud del PSOE de personarse como acusación popular en la causa contra el senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, por falta de interés legítimo”, ha señalado.

La causa contra San Ginés investigaba al expresidente de Cabildo de Lanzarote por diferentes delitos relacionados con la contratación irregular de su amigo y abogado Ignacio Calatayud y la presunta apropiación indebida por parte del letrado de un millón y medio de euros de las empresas públicas Inalsa (Insular de Aguas Lanzarote) y el Consorcio del Agua de Lanzarote. En concreto, se investigaban los delitos de fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.

El juez que la instruía, Ricardo Fiestras, la remitió al Supremo al estar San Ginés aforado, pero el alto tribunal se la devolvió con el argumento de que no estaba debidamente sustentada y para instarle a que continuase con la investigación. De hecho, el Supremo reprochó al juez su ''falta de exhaustividad'' al no aportar indicios de la participación del político en los hechos. “Tal y como está redactada”, señaló el Supremo, no se ofrece “ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la realidad” de los hechos contenido en las denuncias.

Fiestras decretó después el archivo y sobreseimiento provisional de la causa el pasado noviembre.