Un perito de la Policía Nacional ha ratificado este martes durante la segunda sesión del juicio por el caso Calero que la firma de Miguel Ángel Martín Zurita, ex asesor jurídico del departamento de Planeamiento del Ayuntamiento de Telde, fue falsificada en un informe. En concreto, en la propuesta por la que José Luis Mena, entonces jefe de Urbanismo y hoy condenado por otras dos causas -Los Alisios y Grupo Europa-, aprobó de forma inicial el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación El Calero Alto 2, que permitía al empresario F. M. la construcción de 76 viviendas en estos terrenos.
Para el perito policial no hay “ninguna concordancia” entre la firma real de Martín Zurita, de trazo complejo, y la que figura en el mencionado informe propuesta, mucho más sencilla. “No se corresponden, son totalmente dispares”, ha declarado. El agente ha precisado, no obstante, que no se ha podido determinar quién ha sido el autor de esta falsificación.
La Fiscalía apunta directamente a José Luis Mena, a quien acusa de estampar una rúbrica simulando la del técnico municipal, que era preceptiva en el expediente, para ocultar las irregularidades del mismo y dar apariencia de legalidad a lo que considera una confabulación para favorecer al empresario y dejar fuera al propietario de una vivienda situada en esa unidad de actuación, el denunciante del caso. El informe propuesta aparece firmado en julio de 2004 por el ex asesor jurídico y por Mena, que en la actualidad cumple una pena de tres años y medio de cárcel precisamente por falsificar documentos.
El propio Zurita, que estuvo imputado en esta causa, ha asegurado en su comparecencia en calidad de testigo que no firmó ese documento y que no tuvo conocimiento del expediente hasta su detención en noviembre de 2009. El ex asesor jurídico negó que en los calabozos manifestara al resto de detenidos que el expediente se había tramitado correctamente, como sostuvo el empresario F. M. en su declaración del lunes. Zurita explicó que para que el jefe de servicio pudiera elevar la propuesta era necesario que previamente hubiera un informe técnico y otro jurídico y que la condición de abogado de Mena no influía en este aspecto.
“A veces se pedían informes externos, pero no podían sustituir a los de los técnicos municipales”, manifestó Zurita en relación a otra de las controversias que han cobrado protagonismo en el juicio, el informe del arquitecto Jesús Álvarez, incorporado al expediente a petición de la empresa Telpan, administada por Machín. Álvarez fue redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde, aprobado en 2002, pero, según él mismo reconoció en su declaración como testigo, no tenía ninguna relación laboral con el Ayuntamiento desde mayo de 2003. El informe de Álvarez se insertó en el lugar donde debía estar uno redactado por el arquitecto técnico municipal Emilio Hernández, mantiene el fiscal.
Según Zurita, era habitual que algunos propietarios de terrenos no se enteraran de proyectos de reparcelación “hasta que veían el tractor delante de su casa”. Sin embargo, manifestó que era relativamente fácil solventar esta situación, incorporando a los propietarios al proceso urbanizador o indemnizándolos. En cualquier caso, se requería su personación en el proceso.
Emilio Hernández, arquitecto técnico municipal, también manifestó que desconocía la existencia del proyecto de reparcelación de El Calero Alto II y que su primera intervención en este caso se remonta a 2007, ya con el expediente de urbanización. Es en este procedimiento cuando Hernández detecta que en la propuesta no se disponía del 100% del suelo de la unidad de actuación y que esta circunstancia hacía inviable la ejecución del vial. “El expediente de urbanización no prosperó”, aseveró el arquitecto técnico.
Jesús Álvarez, redactor del PGO de Telde, reconoció que elaboró un informe a petición de F. M. que se limitaba a recoger “literalmente” lo que decía el Plan General sobre esta unidad de actuación, pero que le conminó a no incorporarlo al procedimiento porque no tenía validez. Álvarez relató que a partir de mayo de 2003 dejó de colaborar con el Ayuntamiento y admitió que el despacho en el que trabaja redactó el proyecto básico de urbanización años después.
En la sesión de este martes también declararon, entre otros, Pedro Pablo Santana, responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde y condenado en el caso Grupo Europa, y Francisco Valido, alcalde entre 2003 y 2007. El primero firmó la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en septiembre de 2004 como jefe accidental de Urbanismo. “No me fijé en la tramitación del expediente porque me fiaba de los trabajadores”, expuso Santana, que coincidió con lo manifestado un día antes por Mena en relación al gran volumen de trabajo que se acumulaba en esas fechas en el departamento.
Valido, por su parte, acudió junto a F. M. a la notaria para elevar a escritura pública la parcelación voluntaria de los terrenos en julio de 2005. “Una hora antes iba un abogado del Ayuntamiento a la notaría a ver si todo estaba bien”, zanjó el exalcalde.
“No te apuntes a bruto, que F. M. es muy poderoso, cuidado que es amigo de registradores y notarios y vas a perder tu casa”. Estas son las palabras que, según el denunciante del caso, Miguel Ángel Rodríguez, le dirigió el arquitecto Jesús Álvarez cuando acudió a él para trasladarle su preocupación por el comienzo de las obras de demolición y excavación en la parcela de Telpan tras la aprobación de un proyecto de reparcelación del que, sostiene, el Ayuntamiento nunca le informó. En este encuentro, Álvarez le habría sugerido que “lo más cómodo” era pedir una compensación al Consistorio porque un vial de la unidad de actuación pasaba por en medio de su vivienda y, por lo tanto, tendría que derribarla.
Rodríguez afirmó que se enteró del expediente a través de una nota simple del Registro de la Propiedad y que decidió denunciar ante la Policía en el momento en el que la promotora de F. M. rompió el precinto para continuar unas obras que no disponían de licencia.
El denunciante también contó que después de la denuncia mantuvo una reunión con Machín para que le explicara por qué había inscrito sus terrenos “ a nombre del Ayuntamiento” y que en esta cita el promotor le instó a retirar todas las acciones y le amenazó con hundirle porque le había “obligado a echar a 200 trabajadores a la calle”. Por otra parte negó que le pidiera 800.000 euros a Machín por la casa a cambio de retirar el recurso ante la Audiencia Provincial y reconoció que le hizo una oferta al Ayuntamiento, aunque no recordaba haber fijado una cantidad concreta.
Según Rodríguez, la única pretensión que le mueve es “poder vivir tranquilo” en su casa con sus hijos. “No sabría responder, tendría que ver cuánto vale una cosa y cuánto vale otra”, dijo al ser cuestionado sobre si prefería ser incluido en el proyecto de urbanización (lo que implicaría asumir la parte proporcional de la carga por el aprovechamiento, pero también gozar de los beneficios del mismo), o quedar excluido de la unidad de actuación.
Rodríguez se ha negado a recibir notificaciones durante el proceso “promovidas e instruidas por el jefe de servicio (José Luis Mena), acusado en un procedimiento penal, porque no sirven para nada”.
Los abogados de la defensa, de la acusación y el fiscal han elevado a definitivas sus calificaciones provisionales. El Ministerio Público pide cinco años de prisión para Mena y cuatro para el topógrado Juan Fermín Peñate, además de la inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público durante catorce años para el exjefe de Urbanismo y durante cinco para el técnico municipal y para el empresario F. M..
A estas solicitudes, la acusación particular añade la de cinco años de prisión para el promotor y una indemnización de 90.000 euros por daños morales.
El juicio continúa el jueves con la presentación de los informes finales.