Aunque en la sala 25 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se juzgaba este lunes un presunto caso de corrupción urbanística, el protagonismo mediático no lo acapararon los procesados. Y eso que en el banquillo se sentaban un habitual en estas lides, el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde José Luis Mena, en la cárcel por otra causa, y un conocido promotor inmobiliario de la isla de Gran Canaria, F. M., junto a otro funcionario de la Ciudad de los Faycanes, el topógrafo Juan Fermín Peñate.
El foco apuntaba a los asientos de enfrente, a uno de los magistrados que conforman la Sala que deberá dilucidar si los tres acusados prevaricaron y falsearon documentos públicos en el denominado caso Calero. “Alba, Alba y Alba”, repetía obstinadamente a modo de consigna una periodista a un cámara antes del inicio de la primera sesión ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Ya entonces se habían despejado las dudas y especulaciones en torno a la posible ausencia del juez después del revuelo generado la pasada semana. Se le había podido ver a través del resquicio de la puerta tras la finalización del juicio anterior en la sala.
Sólo cinco días después de que eldiario.es difundiera la grabación de la reunión que mantuvo con el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, el magistrado Salvador Alba ha reaparecido este lunes en un juicio mediático en los juzgados de la capital.
Sentado a la derecha de Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial, Alba ha permanecido impasible, ausente por momentos, durante las cerca de cuatro horas que ha durado la sesión. Quizás consciente de que iba a erigirse en el centro de atención en este proceso, apenas levantó la mirada en los primeros minutos, parapetado tras su ordenador personal. Sólo cruzó unas palabras con los otros dos jueces, Moya y Carlos Vielba, para dirimir las cuestiones previas planteadas por el abogado de uno de los acusados y la aportación de nueva documental.
Desconectado del juicio, casi sin entablar contacto visual con abogados, acusados y testigos, y sin intervenir en ningún momento, Alba tecleaba en su ordenador, mandaba mensajes por su teléfono móvil o leía pasajes del libro que tenía sobre la mesa, Legislación penal y de seguridad, escrito por Carlos García Valdés y Gema Martínez Galindo. Al percatarse de que una fotógrafa estaba tomando instantáneas de esta última acción, pareció incluso exhibirlo en un artificioso ademán antes de volver a depositarlo sobre la mesa.
Curiosamente, el magistrado coincidió en este juicio con el abogado de Miguel Ángel Ramírez, José Antonio Choclán, que defiende en el caso Calero a otro empresario, F. M.. También se había especulado a este respecto con la posibilidad de que por parte de este último se solicitara algún tipo de acción de nulidad ante la presencia en la Sala de Salvador Alba, aunque finalmente la sesión se desarrolló sin ninguna incidencia.
Aunque este domingo concedía una entrevista al periódico La Provincia en la que reducía el caso de la grabación a “un montaje”, en la sesión de este lunes ha evitado cualquier posibilidad de contacto con la prensa y no ha realizado declaraciones.
Una “confabulación” para favorecer a un constructor
El caso Calero juzga si los funcionarios José Luis Mena y Juan Fermín Peñate se confabularon con el empresario F. M. para propiciar, al margen de la legalidad urbanística, la construcción de 76 viviendas ubicadas en la denominada Unidad de Actuación El Calero Alto 2, en la carretera entre Telde y Melenara. La denuncia parte de Miguel Ángel Rodríguez, propietario de una vivienda de esta unidad, a quien el Ayuntamiento dejó fuera en el proyecto de reparcelación acometido en 2004 a iniciativa de Telpan, empresa administrada por M..
Según la Fiscalía y la acusación particular, el Consistorio eludió el trámite de información pública al modificar el sistema de ejecución pública de los terrenos por uno de ejecución privado forzoso. De esta manera se habría logrado agilizar el proceso. El escrito de acusación del Ministerio Público sostiene que Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, intentó dar apariencia de legalidad a la operación usando varias artimañas.
Por un lado, siempre según el fiscal, eludió el preceptivo informe técnico que debía emitir el arquitecto municipal y lo sustituyó por uno de Jesús Álvarez, que era el redactor del Plan General de Ordenación de Telde pero que, en aquel momento, no tenía relación funcionarial ni laboral con el Ayuntamiento y trabajaba en el despacho responsable del proyecto de urbanización de la empresa Telpan para esa parcela. En su informe propuesta, Mena “estampó, simulando la original, la firma del técnico municipal Miguel Ángel Martín Zurita, técnico que debía necesariamente informar en el expediente”.
Además, incorporó un levantamiento planimétrico realizado por el topógrafo Juan Fermín Peñate, otro de los acusados, para “falsear la realidad”, obviando la vivienda del denunciante en el territorio comprendido en esa unidad de actuación. Por ello, la Fiscalía pide para el exjefe de Urbanismo una pena de cinco años de prisión y catorce de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación y otro de falsificación de documentos públicos. A M. le acusa de ser inductor de un delito de prevaricación y solicita para él cinco años de inhabilitación, los mismos que para Juan Fermín Peñate por la falsificación de documento público, delito por el que también reclama para el funcionario municipal una pena de cuatro años de prisión.
A estas solicitudes, la acusación particular añade la de cinco años de prisión para F. M. y una indemnización de 90.000 euros por daños morales.
Una concatenación de errores
Los tres procesados han negado que hubiera una confabulación para favorecer los intereses del constructor y han hablado de una concatenación de errores. El topógrafo Juan Fermín Peñate ha afirmado que recibió la orden de forma verbal de José Luis Mena para realizar el levantamiento planimétrico “sólo de la propiedad de Telpan”, no de la Unidad de Actuación en su conjunto, y que por eso obvió la vivienda del denunciante.
El exjefe de Urbanismo, por su parte, aseguró que firmó el informe propuesta para la reparcelación de los terrenos sin comprobar si constaban los informes preceptivos y justificó su actuación en el ingente volumen de expedientes que se tramitaban en ese momento en el Ayuntamiento de Telde y en la confianza en los trabajadores de su departamento. En este sentido, Mena lamentó no haber sido “más exquisito” en el procedimiento, pero señaló que sólo tuvo conocimiento de que la vivienda de Miguel Ángel Rodríguez estaba afectada por esa unidad de actuación cuando fue detenido, en 2009, puesto que hasta ese momento siempre se había conocido a esta unidad como la de “la nave de Telpan”. “Los linderos físicos eran la calle, no la vivienda del señor Rodríguez”, ha añadido.
El empresario F. M. dijo desconocer qué beneficio hubiera aportado a su empresa la construcción de las 76 viviendas y señaló que nadie le advirtió de que había otro propietario en esa unidad de actuación. El constructor atribuye la responsabilidad de lo ocurrido a un “error lamentable” del arquitecto municipal, Emilio Hernández, y sostiene que el denunciante del caso, Miguel Ángel Rodríguez, se personó en su despacho en abril de 2008 para intentar venderle la vivienda por un precio que consideró “astronómico” y que cifró en 800.000 euros, a cambio de retirar el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En la primera sesión del juicio también declaró el inspector de la Policía que instruyó el caso, que ha apuntado que el expediente se tramitó “con total irregularidad para favorecer a un particular en contra del interés general” y que el rastro informático que dejan todas las actuaciones en relación a la Unidad de Actuación El Calero Alto 2 señala a Mena.
El juicio continúa este martes con la declaración del denunciante y nuevos testigos.