Conversaciones interceptadas durante la investigación del caso Faycán y escuchadas esta martes en el plenario durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas han rellenado las lagunas, incluso las que parecieron olvidos deliberados, en las declaraciones de dos de los veinte acusados que han reconocido su participación en la trama y cuyo testimonio se preveía clave para incriminar a los ocho que siguen defendiendo su inocencia.
Este martes han comenzado a desfilar ante la Sala los primeros cinco conformados y lo han hecho en calidad de testigos, después de que el magistrado designado como ponente de la sentencia, Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de seis delitos, les diera tal condición tras adelantarles el sentido del fallo, que coincidirá con lo expuesto por el fiscal en sus acuerdos de conformidad con los arrepentidos.
Los protagonistas de esas grabaciones reproducidas este martes en la Sala son Francisco Gordillo, asesor de la cabecilla de la trama, la exconcejala de Obras Públicas María Antonia Torres, fallecida en 2010, y su hijo Juan Francisco Gordillo, técnico comercial de Cobra y Moncobra, una de las empresas que participaron en la red para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante el gobierno de PP y Ciuca (2003-2007). Ambos alegaron en numerosas ocasiones, el primero aludiendo a la edad y el segundo al tiempo transcurrido, que no recordaban lo manifestado durante la fase de instrucción con respecto a algunas de las operaciones que se gestaron a lo largo de este periodo.
Una de esos pinchazos telefónicos tiene como interlocutores al técnico municipal Esteban Cabrera, el acusado para quien se pide la pena de cárcel más elevada -más de trece años- y a Juan Francisco Gordillo, en relación a un procedimiento para un contrato de obra al que opta la empresa a la que representa el segundo, Cobra. En la conversación, el primero le reconoce que otra de las concurrentes ha presentado “mejor precio” (80.000 frente a 88.000) y “más mejoras”, pero que, sin embargo, ha manipulado el procedimiento a través de otros apartados más interpretables, como los referidos a Seguridad y Salud, para que Cobra fuera la adjudicataria. “He hecho números para que se lo lleven ustedes. Lo que yo informo va a misa. Si hay problemas, después lo arreglo”, le dice.
Juan Francisco Gordillo manifestó durante la fase de instrucción que la empresa Cobra pagó 4.000 euros en comisiones al funcionario para que le adjudicara la obra de un vallado en El Hornillo. La entrega se produjo en un coche azul, en la trasera del Casino de Telde, según esa declaración. Este martes, sin embargo, el excomercial dijo no recordar que tal circunstancia se produjera.
“Esteban (Cabrera) ha hecho la valoración y la valoración es para nosotros, que nos saque un par de facturas, la parte de ellos que sea con facturas”, se escucha en otra de las conversaciones interceptadas, en este caso entre Juan Francisco Gordillo y su padre, el asesor de María Antonia Torres.
El director de zona de Cobra y Moncobra, Antonio Nadal, otro de los acusados arrepentidos que han declarado este martes como testigos, ha implicado también al técnico Esteban Cabrera en la trama. Nadal ha negado que su sociedad esponsorizara a un equipo de baloncesto vinculado al funcionario municipal, el argumento que había esgrimido Cabrera para justificar que su nombre apareciera en un documento intervenido en un registro a la empresa, dentro de los gastos de contratación de 2005, como beneficiario de un pago de 6.600 euros.
A la misma empresa se le adjudicó una obra para la construcción de un parque infantil en La Garita por un montante de 58.131 euros. En otro de los pinchazos escuchados en la sesión de este martes, Gordillo padre, el asesor de María Antonia Torres, recuerda a otro funcionario municipal, el acusado no arrepentido Juan Felipe Ramos, a quién debe adjudicar ese contrato. “¿Sabes que eso iba a Cobra, no?”, le espeta. “A Cobra, sí”, responde el trabajador del Ayuntamiento de Telde.
Reforma de la sede del PP
Sin embargo, las grabaciones más elocuentes son las que mantiene Gordillo con el empresario Fernando Verona, representante de Acinox que estuvo procesado en el caso Faycán y que falleció en 2014, sobre diversas reformas en la sede del Partido Popular (PP) de Telde, rama de la causa por la que se encuentra acusada María del Carmen Castellano, exalcaldesa del municipio. “Soy hombre de partido, también, chaval”, bromea el empresario en una de esas conversaciones, correspondiente a enero de 2006, en la que le plantea la necesidad de “tener una justificación para cuando digan que eso (diversas reformas en la sede del PP) lo pagan los proveedores (del Ayuntamiento de Telde)”. Según el escrito de acusación del fiscal, la trama Faycán fue urdida para financiar al PP de la segunda ciudad en importancia en Gran Canaria, aunque finalmente se convirtió en “un pretexto” para el enriquecimiento patrimonial de los integrantes de la red.
“¿Hago una factura por el 50% del valor? Te voy a cobrar materiales nada más, ni beneficio ni mano de obra (…) Si quieres que te regale el material, te lo regalo, hago esfuerzos”, continúa el empresario antes de pedir, en contraprestación, que traten a Acinox “como un proveedor especial”. “Que no nos tengan un año sin pagar facturas”, redunda. El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, explica en su escrito que el pago de comisiones no se destinaba tan sólo a resultar adjudicatario de contratos en el Ayuntamiento, sino también a obtener un trato preferente para el cobro de facturas atrasadas.
En esa misma conversación, el empresario Verona le sugiere a Gordillo: “Como eres peso pesado, le dices a Carmelo Oliva (concejal de Hacienda): Verona te ha regalado algo, pero intenta desde que haya algo de dinero pagarle”. Cuando hablan de las obras en una pequeña rampa de la sede del PP, el empresario vuelve a bromear: “¿Qué quiere, que se lo haga de gratis? (…) Que se olviden de la cuota mía del PP por lo menos diez años”.
El nombre de la exalcaldesa María del Carmen Castellano, entonces concejala de Desarrollo Local, también aparece en varias conversaciones. En una de ellas, Gordillo le dice a Verona que en ese momento era “la primera jefa” del PP de Telde. En otra, su exasesor José Luis Sánchez, que también confesó los hechos en la sesión del lunes, le informa a Gordillo de que Castellano ha elegido “el piso más claro de los tres” para la reforma de la sede, mientras que en una tercera, con los mismos interlocutores, el segundo señala al primero: “Estoy con el aire acondicionado, quiero que estés al tanto, para que le digas a la jefa (Castellano), porque es un montante importante”.
También hubo que acudir a las grabaciones para recordar algunos de los acontecimientos vinculados a la instalación de una pérgola en la casa que la empresa Preconte construyó al propio Gordillo en el municipio, la rama del caso por la que está acusado José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, en prisión por otras causas. “A mí me dijo Mena: dame dos dias y está resuelto, lo hablo con Emilio (funcionario municipal)”, se escucha en una de las conversaciones entre el asesor de Torres y otro de los arrepentidos, el delegado de Preconte en las Islas, José Manuel Gutiérrez, acerca de los problemas que tenía la vivienda para obtener los permisos necesarios para la instalación de la pérgola.
Las comisiones del exalcalde Valido
Francisco Gordillo se ratificó en todas las declaraciones prestadas (“ocho o nueve”) durante la fase de instrucción, aunque advirtió de que le fallaba la memoria. Cuestionado por el fiscal sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del exalcalde Francisco Valido, manifestó que su jefa, María Antonia Torres, le comentó en una ocasión “que le iba a dar algo”, aunque posteriormente, a preguntas tanto del abogado del exregidor, Juan Sánchez Limiñana, como del juez Carlos Vielba, explicó que no podía precisar si ese “algo” se trataba de dinero y que nunca fue testigo presencial de la entrega.
El exasesor de Torres negó que durante el juicio del caso Grupo Europa hubiera declarado “que se había inventado todo, hasta la muerte de Kennedy” por las coacciones y amenazas de la Policía contra la integridad de su familia, aunque finalmente, y ante la insistencia del abogado de Valido, sí que admitió que recibió presiones por parte de la Policía, aunque sin precisar en qué consistieron.
Gordillo sostiene que nunca cobró una comisión y que sólo actuó como intermediario entre los empresarios y su jefa para recaudar las mordidas. “Yo recibía los sobres porque me lo mandaba mi jefa. Decían que era para el partido”, ha explicado el exasesor, “me limitaba a cumplir órdenes de mis superiores. Allí se hacía lo que Toñi me decía que hiciera. Obedecía órdenes y me dirigía al funcionario competente”. Según Gordillo, a su jefa le molestaba cuando hablaban de estos temas por teléfono. “Una frase que utilizaba mucho era: Pásate por aquí, que tienes que recoger aguacates o papayos (palabras en clave que utilizaban para referirse al pago de comisiones)”.
En la sesión de este martes también declararon el exinterventor Enrique Orts, viudo de Torres, y Carmelo Oliva, exconcejal de Hacienda. El primero manifestó que en el Ayuntamiento no existía plan de disposición de fondos (plan de pagos para ordenar las transferencias a las empresas proveedoras) en el momento de los hechos “porque no había dinero”. Orts aclaró que los diferentes concejales de área eran los que tenían delegadas las competencias para la gestión de los pagos de sus departamentos, si bien en los asuntos que llegaban a junta de gobierno o a pleno, el máximo responsable era el alcalde. Además, la ordenación material de los pagos, la que llegaba a los bancos, también tenía que ser firmada por Valido, a quien no veía capaz, por sus conocimientos, de realizar por su propia cuenta el plan.
En relación a las comisiones ilegales para la adjudicación de obras, contratos y servicios o para adelantar o facilitar pagos a empresas proveedoras, el exinterventor afirmó que “eran cosas que se decían”, pero que no puede mantener una aseveración de tal calado sin pruebas. Sobre la posibilidad de que su mujer, la cabecilla de la trama, le informara de esas operaciones, Orts se mostró tajante: “Mi esposa sabía que , en caso de existir, conmigo es con quien no podía hablar. Lo consideraba una incompatibilidad”.
Por su parte, Carmelo Oliva se limitó a aclarar que la última firma para facilitar los pagos a las empresas correspondían al interventor, al tesorero y al alcalde y sugirió que Valido estaba al tanto de a qué proveedores se les abonaba primero las facturas porque “a él le llegaban los listados”.