La trama que investiga el caso Mediador de presuntas extorsiones a empresarios del sector de la Ganadería, energía fotovoltaica y drones, a cambio de evitar presuntos expedientes que tendrían abiertos continúa haciendo desfilar a sus protagonistas por sede judicial. Este miércoles ha declarado en el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, que fue detenido el lunes en su domicilio de Fuerteventura. La jueza, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, lo ha dejado en libertad con cargos y le imputa los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo criminal. No se han impuesto medidas cautelares y el fiscal ha considerado que no existe riesgo de fuga, motivo por el que se ha dictado libertad para él, en contra del criterio de la magistrada, que considera que sí que existe riesgo de destrucción de pruebas, como adelantó Diario de Avisos y han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a Canarias Ahora.
“A criterio de esta titular, se considera en contra de lo informado y de la valoración realizada en la Sala por el Ministerio Fiscal, que sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba”, insiste la magistrada en el auto, en el que añade que “dada su posición en las Islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones, que a juicio de esta titular y en su conjunto aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad al menos en la fase actual de este procedimiento e investigación, pudiendo verse frustrada la misma con la medida de libertad solicitada”, remarca. No obstante, recuerda en el auto que “por imperativo legal” no puede dejar de acordarla “en estricta aplicación del principio acusatorio y en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal”.
Por este caso, sí que se ordenó la pasada semana el ingreso en prisión del general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, acusado de los mismos delitos. En la causa, se encuentran investigadas un total de 12 personas. Entre ellas, Taiset Fuentes, sobrino del exdiputado y director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta el año pasado cuando fue destituido por “pérdida de confianza”, así como varios empresarios.
Para ingresar en esta trama, a la que se atraía a empresarios con facilitarles su instalación en la Zona Especial de Canarias (ZEC), había que abonar 5.000 euros a través de la Asociación Deportiva Tetir, según han adelantado distintos medios locales y ha podido confirmar este periódico. Hasta tres pagos se habrían realizado de este modo; el resto de pagos se producían en la mayoría de los casos en metálico.
La agencia Europa Press, que afirma haber accedido al sumario del caso, detallaba este miércoles que las citas con los empresarios se producían en el Congreso y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar “seriedad” y acababan en “grandes fiestas” en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros. El periódico ABC documentó el pasado fin de semana esas fiestas con fotografías que forman parte de la investigación.
La misma agencia también hace referencia a un informe en el que la Fiscalía habla de “la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios”. Y alude a otro de la Policía Nacional en el que menciona al empresario Antonio Navarro Tacoronte como el “mediador” entre los empresarios y las autoridades políticas.
¿Cómo se destapa la trama?
Fue el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña quien denunció en diciembre de 2021 “cargos fraudulentos” en su tarjeta bancaria de más de 2.500 euros. En enero de este año, dimitió de su cargo después de que Coalición Canaria solicitara información dado que según informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, Pérez estaba siendo investigado por la presunta comisión de un delito de denuncia falsa, ya que denunció a un intermediario por un delito de estafa que ha sido sobreseído.
La Policía investigó estos hechos y concluyó que esos pagos los había realizado Navarro Tacoronte, por lo que fue detenido y aseguró en sede judicial que Pérez Peñas estaba al tanto de los cargos que había denunciado, pues tenía su “aquiescencia, además de ser el beneficiario real y final de las compras denunciadas”. Y para demostrarlo, dijo tener conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos y entregó dos teléfonos móviles, que son el “origen de la trama”, sostiene el informe policial al que tuvo acceso Europa Press.
Gracias a la información de su teléfono móvil y otros dispositivos la Policía recopiló las evidencias de la presunta organización criminal liderada por el exdiputado, su sobrino, el general de la Guardia Civil y el mediador. La Policía también señala que la investigación desarrollada acredita “sin género de dudas” que la organización criminal, asentada en Canarias, se dedicaría a la comisión de delitos relacionados con la corrupción, la extorsión o la falsificación documental.
La implicación del general, alias “papá”
En la documentación del caso, los cabecillas tienen diferentes alias. Al general se refieren como “papá” y al exdiputado como “tito” o “tito Berni”. En las conversaciones entre el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el mediador también se habló de buscar la manera de que los empresarios contrataran a la amante de general, que vive en Canarias y con la que llevaba varios años de relación en secreto.
El periódico Canarias 7 publicaba este fin de semana que un negocio en Mozambique en el que la labor de intermediación del general fue clave le reportaría el 10% de la operación, cifrada en 37 millones de euros.
Además, Europa Press aporta nuevos datos como que el general pidió al empresario Antonio Bautista Padro que contratara a su amante por 3.000 euros como comercial y a cambio el exmando de la Guardia Civil prometió a este empresario poder invertir en la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros, “de lo que se llevaría un 10% por gastos de representación”.
Según la declaración de Navarro Tacoronte, al empresario “no le cuadraban las cuentas” y se niega a tal negocio, por lo que el general “se enfada y corta las relaciones” con el empresario.
Cabe recordar que el general Espinosa fue jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas entre 2008 y 2012. En la época de los hechos (2020 y 2021) trabajaba para un proyecto de formación de gendarmes en la zona del Sahel, en el norte de África. Según fuentes internas del instituto armado, su retribución anual en el cuerpo, antes de retirarse, era superior a los 200.000 euros. Los investigadores tratan de averiguar el origen de su patrimonio.
El PP pide explicaciones y el PSOE releva a Fuentes
El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha solicitado este martes la comparecencia en la Cámara Alta de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, para que dé explicaciones acerca del Caso Mediador al aparecer circunstancialmente en el sumario una fundación gubernamental.
El PP pretende que Calviño aporte detalles sobre la adjudicación de cuatro contratos que la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) adjudicó a una de las empresas investigadas en esta causa judicial a través del general de la Guardia Civil.
Por su parte, el PSOE ya ha relevado a Fuentes en el Congreso con José Francisco Duque Morán, que ha tomado posesión de su cargo. El portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que Fuentes “está bien donde esta, fuera del PSOE y del grupo porque no es socialista”. Este miércoles, el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha dicho que como socialista, le producen vergüenza y mucha ira los detalles que se han ido conociendo del caso. El Gobierno de Canarias asegura que abrirá una investigación al respecto y baraja si personarse en la causa.
Quien sí ha anunciado que se personará en la misma es la Asociación Unificada de Guardias Civiles. “Si algo nos caracteriza es la lucha contra la corrupción. En consecuencia anunciamos que, tras declarar la jueza prisión provisional del general Espinosa, AUGC se personará en la causa como acusación popular”, ha dicho la asociación.