Funcionarios y técnicos defienden los convenios por los que se sienta en el banquillo el exalcalde de Santa Lucía
La estrategia de defensa de Silverio Matos, exalcalde de Santa Lucía, y de Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo del municipio del sureste grancanario, ha salido reforzada tras la primera sesión del juicio del denominado caso Palmera. En este procedimiento se dirime si ambos exdirigentes de Nueva Canarias (NC) prevaricaron al aprobar, en el año 2005, tres convenios de permuta con otros tantos propietarios de terrenos para conseguir suelo con el objetivo de concurrir, a través de una sociedad mixta (público-privada), al concurso eólico que había convocado el Gobierno de Canarias. La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación.
Los funcionarios, técnicos y concejales que han desfilado este lunes por la sala 16 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria como testigos propuestos por las acusaciones (el Ministerio Público y la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal de la formación Centro Ansite, escindido del Partido Popular) han defendido la actuación de ambos políticos. Algunos de ellos han llegado a hablar, incluso, de un acuerdo beneficioso para los intereses generales del municipio.
Solo la hasta este mismo lunes secretaria accidental del Ayuntamiento, Agustina Méndez, ha declarado en contra de los acusados al afirmar que la Junta de Gobierno aprobó esos convenios sin informe jurídico, aunque con el respaldo técnico del arquitecto y el visto bueno del interventor. “Lo advertí en la Junta y me dijeron que ya se elaboraría, pero que no se podía parar porque había mucha prisa”, manifestó.
Las prisas, según manifestaron el entonces arquitecto municipal, Pedro Medina; el exinterventor, José Victoriano González, y el gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, José Rafael Sánchez, estaban motivadas por los plazos de presentación de oferta del concurso eólico convocado por el Gobierno regional, finalmente suspendido por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Los convenios se aprobaron en la Junta de Gobierno celebrada el 11 de enero de 2005. Se trataba de tres permutas con las empresas Machacadora Domínguez, Inmuebles Comerciales La Mareta y la Sociedad Agraria de Transformación El Águila. A través de estos acuerdos, las mercantiles cedían tres parcelas situadas en el campo de viento de El Doctoral, colindantes con terrenos de propiedad municipal, para que el Ayuntamiento pudiera erigir en ese lugar un parque eólico. A cambio, la corporación les compensaría con participaciones en la sociedad que se crearía para gestionar el parque. El 51% de esta empresa mixta quedaría en manos públicas y el resto se repartiría en función del suelo aportado por cada una de las tres sociedades de la permuta (9%, 9% y 31%, respectivamente).
La Fiscalía solo ve delito de prevaricación en uno de esos convenios, el que atañe a la empresa Machacadora Domínguez. En su escrito de calificación sostiene que ese acuerdo se adoptó sin ninguna justificación técnica “ni de su necesidad, ni de su única concurrencia”, lo que, en su opinión “perjudicó no solo al referido consistorio al ceder esa participación de forma inútil o por mayor valor del necesario, sino simultáneamente al resto de ciudadanos, también titulares de terrenos de la zona, que podían haber concurrido”. La representante del Ministerio Público incide en que el valor registrado de la finca era de 120.000 euros y el estimado de las participaciones a lo largo de la vida del parque eólica ascendía, según una pericial, a los 3,5 millones de euros.
Únicos terrenos aptos para los aerogeneradores
La mayoría de los testimonios de la primera sesión del juicio se ha situado, sin embargo, lejos del relato de la Fiscalía. Pedro Medina, exarquitecto del Ayuntamiento de Santa Lucía, explicó que fue el concejal de Urbanismo, Antonio Ruiz, quien le pidió que informara de forma urgente sobre la calificación urbanística de esas parcelas (rústica de protección agraria de costa) porque necesitaba llevar a la Junta de Gobierno esos convenios. El técnico municipal, que ejercía entonces como jefe de servicio, negó que hubiera recibido cualquier tipo de instrucción para informar en un sentido u otro y precisó que ese tipo de suelo permitía la instalación de aerogeneradores. “El Ayuntamiento no tenía otros terrenos en esa zona, eran los únicos aptos para hacer un parque eólico”, declaró Medina al ser preguntado por la elección de esas parcelas concretas para la firma de los convenios.
En la misma línea, José Victoriano González, que fue interventor en la corporación desde los años setenta hasta 2013, con interrupciones, relató que el alcalde y el concejal le plantearon la posibilidad de aprobar ese acuerdo sin ocasionar ningún coste a las arcas públicas, ya que no había consignación presupuestaria para la compra de esas parcelas y era “inviable” iniciar un proceso de expropiación forzosa porque no había tiempo material. Por ello se acabó materializando la propuesta de permuta, una opción que al interventor le pareció “favorable para el Ayuntamiento y para el interés general”. González ha aclarado, además, que el acuerdo contemplaba la devolución de las parcelas sin derecho a indemnización en caso de que el proyecto del Ayuntamiento no resultase adjudicatario de potencia eólica.
También el gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria consideraba beneficioso para el municipio el proyecto ideado. El Ayuntamiento de Santa Lucía encargó al ingeniero industrial José Rafael Sánchez el proyecto y el plan eólico. Su primera actuación consistió en solicitar a la Oficina Técnica del Ayuntamiento una relación de parcelas con potencial eólico. Según su propio relato, Sánchez advirtió al gobierno municipal de que el suelo público era insuficiente para concurrir con posibilidades de éxito al concurso eólico, ya que sólo permitía dos hileras de dos aerogeneradores de 2,3 MW de la marca Enercom, por lo que planteó la opción de adquirir otras parcelas.
Con los datos de viento ya en mano, comenzó a formular propuestas de proyecto. La solución que más puntuación daba era la de situar cinco molinos de 3MW cada uno de la compañía Vestas, cuatro en terrenos cedidos y uno en suelo público, además del centro de control, la subestación y un centro de interpretación, que también estarían situados en una de las parcelas de los convenios. Sánchez recordó que el concurso eólico primaba el suelo público sobre el privado y otorgaba más puntuación cuanta más potencia ofertara. El gerente precisó que, en cualquier caso, la primera intención del Ayuntamiento era acometer el proyecto solo en terrenos de titularidad pública.
Agustina Méndez, exsecretaria del Ayuntamiento de Santa Lucía, ha asegurado que no estudió en profundidad los borradores de los convenios que el alcalde y el concejal de Urbanismo le dieron un día antes de la celebración de la Junta de Gobierno que los aprobó. Según la funcionaria, en esa sesión advirtió de la ausencia de informe jurídico, aunque no lo dejó reflejado en acta. “Lo comuniqué verbalmente, pero me dijeron que había que darle prioridad y que ese informe lo iban a tener”, dijo.
Casi un mes antes había presentado un escrito en el que mostraba su preocupación porque “vecinos y concejales” habían acudido a la Secretaría para pedir explicaciones por determinados acuerdos con propietarios de parcelas y porque entendía que esos convenios no estaban siendo trasladados al inventario de bienes de la corporación. En su declaración de este lunes, y a preguntas del abogado de Matos y de Ruiz, Méndez ha dicho, no obstante, que no se refería en concreto a los convenios para la adquisición de suelo para la instalación de un parque eólico, sino a una práctica “generalizada” en la corporación.
En el acta de esa Junta de Gobierno, la secretaría hizo constar la ausencia del concejal de Urbanismo, Antonio Ruiz, y la presencia de una edil, Inmaculada Concepción Ramírez, una versión que se contradice con la manifestada por los siete concejales que han declarado también este lunes en calidad de testigos. Entre ellos, la propia Ramírez, hermana del exalcalde del municipio y actual consejero del Cabildo Carmelo Ramírez, que explicó que no acudió a esa sesión porque su marido es gerente de una de las empresas del convenio.
Este lunes también comparecieron dos guardias civiles que intervinieron en la investigación y que afirmaron que tanto las cuentas del alcalde como las de su entorno familiar y de las empresas beneficiarias del convenio fueron investigadas, sin que se hubiera detectado ningún incremento patrimonial en el primero o transacciones sospechosas en el caso de las segundas.
El juicio continúa este martes con nuevas testificales, pruebas periciales y el testimonio de los acusados. En la causa también están procesados dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez, aunque solo les acusa la acción popular.
