Citados a declarar como testigos por el incendio de La Gomera el expresidente Rivero y la exdelegada Bento
El Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera ha ordenado la declaración de un total de 18 testigos en el marco de la investigación por el incendio que arrasó la Isla en el verano de 2012, entre los que figura el expresidente autonómico Paulino Rivero. En el auto dictado por el juez Juan José Gómez Neira, se cita también a otras personas relevantes de la primera plana política del Archipiélago, como los exconsejeros del Ejecutivo regional Domingo Berriel y Juan Ramón Hernández, o la exdelegada del Gobierno en Canarias María del Carmen Hernández Bento.
En el auto se llama a declarar en calidad de investigados al exvicepresidente del Cabildo Juan Alonso Herrera y a Miguel Ángel Morcuende, funcionario que durante años fue el responsable de la Unidad de Medio Ambiente en La Gomera y en la actualidad ocupa el cargo de director insular del Estado en La Palma, informamirametv.com. Ambos se suman al exconsejero de Hacienda y Seguridad del Gobierno regional Javier González Ortiz, que declaró el pasado mes de junio por los indicios de presuntas negligencias en la actuación del Ejecutivo autonómico durante la extinción del fuego.
El juez sustituto Juan José Gómez Neira ordena, también de oficio, que se recoja testimonio a Ricardo Fernández de la Puente, exviceconsejero de Turismo de Canarias, y a Dominica Fernández, exdelegada del Gobierno en el Archipiélago. La listas de testigos la completan, entre otros, el responsable de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el incendio; el jefe de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad del Ejecutivo regional, Humberto Gutiérrez; la consejera de Medio Ambiente de la Gomera cuando se produjeron las llamas, Ventura del Carmen Rodríguez; o el exconsejero del PP Javier Trujillo; además de una larga lista de técnicos relacionados con las labores de extinción.
La resolución judicial, que tiene fecha de 11 de noviembre, no se queda solo en la citación de 18 testigos y ordena otra serie de diligencias de investigación. El juez considera necesario que se recaben los datos de las inversiones realizadas por las administraciones públicas en los últimos años en prevención, extinción y recuperación de los espacios afectados por las llamas. El auto se dirige directamente tanto a la Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico, para que informe sobre las cuentas y las transferencias al Cabildo, como a la Corporación insular de La Gomera, a la que reclama las partidas presupuestarias destinadas a la contratación de personal en materia forestal.
El juez se dirige también a la Audiencia de Cuentas de Canarias para solicitar que se dé traslado al Juzgado de losinformes de fiscalización elaborados por el órgano dependiente del Parlamento, entre los años 2010 y 2014, donde figuren las inversiones del Gobierno regional y el Cabildo en políticas contra el fuego. También reclama a la institución de control que aclare las subvenciones estatales y europeas recibidas por ambas administraciones para actuaciones forestales vinculadas con los incendios. En el auto, a su vez, se piden detalles de las cuentas del Patronato Insular de Espacios Naturales y de la Dirección del Parque Nacional de Garajonay.
Rechaza investigar a Curbelo
En contra de los solicitado por la acusación popular, que representa al presidente del Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción y exconsejero del Cabildo, Pedro Medina, el juez rechaza la pretensión de investigar al actual presidente insular, Casimiro Curbelo, por su posible responsabilidad en los hechos. En la resolución se motiva que no existen indicios sólidos para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante la condición de aforado del político de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), diputado en el Parlamento autonómico.
El auto rechaza la declaración de Curbelo en este momento de la instrucción, pero no descarta que en la investigación se puedan encontrar indicios que cambien la postura del Juzgado. Eso sí, el juez anuncia que dará traslado de la resolución al propio presidente del Cabildo para que, previa renuncia a su aforamiento, valore la posibilidad de prestar declaración de manera voluntaria.
El incendió que arrasó La Gomera en 2012 asoló 4.100 hectáreas, el 11% de la superficie de la Isla, y obligó a desalojar a una cuarta parte de la población. El fuego quemó más de 750 hectáreas del Parque Nacional de Garajonay. El Cabildo cifró en un informe en 71 millones de euros las perdidas provocadas.
La investigación abierta por el Juzgado intenta dilucidar si existió negligencia política a la hora de llevar a cabo las labores de extinción, especialmente por las decisiones que se tomaron a la hora de decretar los diferentes niveles de actuación. No hay que olvidar que, cuando ya se daba por estabilizado el fuego, el incendio se reactivó el 9 de agosto debido a una fuerte ola de calor.
