El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado en el Juzgado número 2 de La Laguna como investigado en el marco del caso Grúas entre las 9.30 y las 12.00 horas de este miércoles, 17 de abril.
Entre las 12.00 y las 13.10 horas, las partes han revisado la declaración del presidente del Gobierno, que se negó a responder a las preguntas de acusación particular. Además, cargó las responsabilidades de los hechos sobre los técnicos del ayuntamiento. En su defensa, afirmó que él se limitó a levantar los reparos que se plantearon entre los funcionarios y el interventor.
La jueza, Celia Blanco, le leyó sus derechos y le dijo que estaba allí investigado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El siguiente paso es que la jueza ordene la práctica de prueba que ha pedido la Fiscalía.
Clavijo llegó a los juzgados laguneros minutos antes de las 8.00 de la mañana (aunque el edificio no abre hasta las 9.00 horas), con lo que evitó a la prensa a su llegada, ya que estaba citado a declarar a las 09.30 horas.
Quienes sí atendieron a la prensa fueron Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife- Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, y Rubens Ascanio, portavoz de Unidas se Puede en el consistorio tinerfeño, denunciantes de este caso.
En el caso Grúas también se encuentran investigados el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), y el concejal Antonio Pérez-Godiño.
Delitos presuntamente cometidos
Los hechos por los que se investiga a Clavijo se remontan a su etapa como alcalde de la ciudad de La Laguna, unas actuaciones en las que los denunciantes observan indicios de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias.
En concreto, se examina si fueron acordes a la ley las decisiones que el entonces alcalde de La Laguna tomó para permitir que el Consistorio concediera un préstamo a la empresa que gestionaba el servicio de grúas municipales, primero, y le prorrogara este servicio, después.
El alcalde Clavijo hizo posible que se tomaran esos acuerdos al levantar los reparos formulados por el interventor del Ayuntamiento. Y la Fiscalía Anticorrupción aprecia en ambos casos indicios de que pudo actuar en contra de la legalidad a sabiendas, es decir, de que prevaricó.
La versión de Clavijo
Clavijo declaró ante la jueza que en todo el proceso relacionado con el servicio municipal de grúas no influyó ni en el concejal ni en los funcionarios sobre las distintas actuaciones, entre ellas, el préstamo concedido, la prórroga de la concesión ni la intervención temporal de la entidad Grúas Poli.
El presidente declaró que cuando se produjo el cambio de accionariado en la empresa concesionaria del servicio de grúas, no aconsejó a ninguno de los empleados para que pasaran a socios de la entidad y señala que de los siete socios solo conoce a dos, pero apenas tenía relación.
Asimismo, manifestó que una vez que se asumió por el Ayuntamiento la gestión de las grúas “por lo mal que iba la empresa”, en junio de 2014 elevó a la Junta de Gobierno la concesión de un préstamo y fue ese órgano el que lo concedió.
Recordó que el dinero del préstamo se ingresó en una cuenta aparte y distinta a la ordinaria de la empresa, cuyo control era de los interventores.
Respecto a otro decreto por el que se autoriza la prórroga del contrato, Clavijo señaló que el contrato vencía ese mismo mes y que en ese momento no tenía conocimiento de la situación económica de la empresa “que para ello estaba el concejal y el director del servicio y que a él solo le llegaban las decisiones como alcalde”.
Añadió que en aquel momento no conocía el pliego de condiciones porque el expediente lo llevaban un jefe de servicio y la directora de área.
En su respuesta a las preguntas de la Fiscalía, Clavijo ha dicho que cuando se decidió que el servicio público de recogida de vehículos se llevase de forma externa fue en el año 2003, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana, y esa propuesta fue acordada por unanimidad del pleno del Ayuntamiento, en el que estaba uno de los denunciantes, el concejal Santiago Pérez.
Clavijo señaló que no formó parte de la mesa de contratación que adjudicó a Grúas Poli el servicio y que desconoce los motivos por los que ganó el concurso.
Aunque afirmó que no consta que el concesionario incumplía el pliego, sí tenía conocimiento de que los trabajadores no cobraban porque solicitaron entrevistarse con él.
Sobre el levantamiento de los reparos del interventor respecto a la intervención del servicio, Clavijo alude al informe de dos catedráticos que avalaban que se levantaran los reparos y reitera que tomó la decisión que le recomendó la jefa del departamento “para garantizar el interés público y la prestación del servicio”.
“Nadie propuso ni el rescate ni la caducidad. Se trata de un expediente administrativo que solo tres años después se empezó a hablar de él”, afirmó Clavijo.
Añadió que la decisión de contratar a los catedráticos fue adoptada por el servicio de seguridad ciudadana y la asesoría jurídica y argumentó que no era extraño que se contratara a expertos a través de la fundación de la Universidad de La Laguna.
Clavijo reiteró que no era informado de todo lo que ocurría en el Ayuntamiento, y tratándose de un consistorio de 160.000 habitantes no podía estar informado absolutamente de todo.
Además, insistió en que no le constaba que cuando se intervino el servicio, los vehículos carecieran de seguro obligatorio y de la ITV, pero sí sabía que existían problemas de nóminas y de tarjetas de transporte y por ello se acordó la intervención.
También alude a los informes técnicos para avalar la prórroga del contrato, que fue posible porque se levantaron los reparos de la Intervención que, por otra parte, dijo, es algo normal en la vida de un Ayuntamiento.
En cuanto a las garantías del préstamo concedido a Grúas Poli especificó que eran la facturación presente y futura del servicio y en cuanto a la duración temporal de la concesión, la junta de gobierno acordó que podía exceder de la duración del contrato y superar la fecha del 28 de agosto de 2014.
Respecto a la fianza obligada para la concesión del préstamo, Clavijo no recuerda el reparo que puso el interventor aunque sí que eligió el informe del servicio administrativo, que venía con el visto bueno de la asesoría jurídica y además garantizaba la prestación del servicio.
De haber actuado como sostiene el Ministerio Fiscal habría sido un grave quebranto para el Ayuntamiento: asumir las deudas, subrogar a los trabajadores, posible litigio por reclamaciones patrimoniales e incluso la posibilidad de la interrupción del servicio y por ello se optó por la continuación del mismo, argumentó Clavijo.
El presidente dijo que la responsabilidad de analizar la propuesta de los interventores o los incumplimientos era del servicio administrativo junto con los interventores, que son los que elevan la propuesta al concejal y éste es el que eleva a la junta de gobierno.
A preguntas de su abogado y respecto al delito de prevaricación, Clavijo ha dicho que los levantamientos de los reparos fueron sometidos a la junta, donde se encontraban el interventor y el letrado del Ayuntamiento y ninguno de estos dos funcionarios advirtieron de la comisión de una actuación contraria a derecho.
Además alude a que según consta en las actas de la junta de gobierno, se dio cuenta de los reparos de la Intervención, pero ningún miembro de este órgano objetó ni se opuso a la toma de acuerdos.
También indica que a nivel técnico ningún funcionario del Ayuntamiento le advirtió de la posible ilegalidad de los acuerdos adoptados en el seno de la corporación.
En su opinión la medida de la intervención temporal fue suficiente para mantener la indemnidad del Ayuntamiento y garantizar la prestación del servicio público, agrega que se obtuvo el reequilibrio de las prestaciones y que la decisión de conceder un préstamo a la entidad no supuso un quebranto económico al Ayuntamiento, que incluso cobró un 4 por ciento de interés.
“Satisfecho”
Una vez concluida su declaración, Fernando Clavijo acudió a la sede de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, para ofrecer una rueda de prensa. En ella aseguró sentirse “satisfecho” con su declaración ante la jueza y consideró que había disipado “cualquier tipo de duda” acerca del expediente relativo al rescate del servicio. Además, dijo sentirse “totalmente” respaldado por su partido (Coalición Canaria) y que descartaba presentar su dimisión, como le piden el PSOE, Ciudadanos, Nueva Canarias y Unidas Podemos.