La jugada es propia del abogado Esteban Sola, del que se descubrió desde el primer día que se personaba en el caso Grúas para dirigir desde dentro la defensa preventiva del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, antes de que pudiera ser imputado. Este lunes ha tenido entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un singular recurso de súplica firmado por él en el que se pide que sea anulado el auto por el que se remitieron las diligencias a su juzgado de origen, Instrucción 2 de La Laguna, y que el tribunal que se ocupaba hasta este mes de los aforados canarios la archive para todos los encausados.
En un escrito de apenas un folio, el letrado formal de Antonio Pérez-Godiño, portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, intenta colarse en la causa abierta en el TSJC contra Fernando Clavijo aprovechándose del hecho de que le ha sido notificado el auto de remisión del caso Grúas a los juzgados de La Laguna. El alto tribunal canario, efectivamente, se declaró incompetente para investigar a Fernando Clavijo tras haber entrado en vigor el pasado 6 de noviembre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba con el aforamiento de las autoridades autonómicas (consejeros y presidente del Gobierno, así como parlamentarios regionales).
El recurso empieza descalificando tal auto por no ajustarse a Derecho y por incurrir, a juicio del letrado del concejal imputado, en vicios de nulidad por haberse solicitado de la Fiscalía “indebidamente” un pronunciamiento sobre la competencia del tribunal antes de la entrada en vigor del nuevo estatuto. La consulta sobre competencia es común en todas las tramitaciones antes de abrir diligencias contra un aforado en los tribunales ad hoc.
De ahí que Sola pida, en nombre de Pérez-Godiño, que la causa se retrotraiga al momento en el que el fiscal adscrito al juzgado de Instrucción 2 de La Laguna informó de la conveniencia de investigar al presidente Fernando Clavijo por tan solo uno de los hechos del caso Grúas (el préstamo a la empresa concesionaria, de la que habían tomado posesión trabajadores amigos del que fuera concejal de Seguridad y luego alcalde de La Laguna), y que, acto seguido, se decrete el archivo de las actuaciones por tratarse de hechos inciertos.
Pérez-Godiño, efectivamente, no está encausado por el préstamo que el Ayuntamiento de La Laguna otorgó a Autogrúas Poli en contra de los informes del interventor general de la Corporación, sino por haber sido el que firmó la prórroga de la concesión a esa mercantil, también contraviniendo el criterio de la Intervención.
De ahí que este recurso de súplica ante el TSJC, que jamás llegó a investigar a nadie en esta causa, y mucho menos a Pérez-Godiño, tenga todos los ingredientes de las iniciativas con vocación de enturbiar las causas en las que se presenta.
Lo lleva intentando Esteban Sola desde el principio, desde que gestionó personalmente que un ex alto cargo de Coalición Canaria se personara como acusación popular para reventar la causa desde dentro, como publicó en su día este periódico. Se trataba de José Juan Delgado Montero, quien fuera a finales del siglo pasado y principios de este alto cargo de la Comunidad Autónoma bajo gobiernos nacionalistas. Delgado Montero fue, entre otros cargos, director general de Función Pública en 1995 y secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales a cuyo frente estaba Víctor Díaz, el abogado oficial de Fernando Clavijo en el caso Grúas y hermano del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, también encausado en esas diligencias judiciales.
Ese hombre de paja que Sola intentó colocar como acusación popular ya se ha prestado en otras ocasiones a servicios especiales a autoridades de Coalición Canaria. De hecho intervino como testigo de parte en el juicio del caso Icfem, precisamente declarando a favor del que había sido su jefe, Víctor Díaz, que ahora regenta un próspero bufete de abogados en Tenerife en cuya plantilla se integra la esposa del presidente del Gobierno.
Esteban Sola ya defendió con éxito al presidente del Gobierno en el caso Corredor, del que logró sacarlo gracias a que fueron anuladas unas escuchas policiales que incriminaban a Fernando Clavijo y a otros concejales nacionalistas de la ciudad de La Laguna en operaciones por las que finalmente ha sido juzgado un importante capo de la noche lagunera. También defendió al empresario Ignacio González en el caso de Las Teresitas, pero allí con mucho menos éxito ya que recibió una condena a cinco años de prisión. Sola vuelve a cruzarse ahora con el mismo denunciante de aquella causa, Santiago Pérez, concejal de X Tenerife en el Ayuntamiento de esa ciudad.