La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 15 meses y medio de cárcel a una mujer por considerarla autora de un delito continuado de pertenencia a grupo criminal y de falsedad documental que ascendió a casi un millón de euros.
La condenada debe hacer frente a la responsabilidad civil que se determine en ejecución de sentencia junto a los demás miembros de la banda y una multa de 140 euros.
En el fallo de conformidad se tuvo en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas y se considera como responsable civil subsidiaria a la entidad mercantil a través de la cual se cometió la estafa.
Así, este lunes se juzgó a una de los miembros de la banda, ya que el resto han sido procesados con anterioridad, mientras que algunos están en paradero desconocido.
En su momento la Unidad Orgánica de la Guardia Civil descubrió a través del Servicio de Blanqueo de Capitales operaciones sospechosas en las que estaba implicado un importante número de personas que actuaban de forma organizada.
En síntesis, su modo de operar consistía en que una o varias entidades mercantiles mantenían contacto con un banco de forma que adquirían paquetes de viviendas en subasta a unos precios muy reducidos.
Estas propiedades eran transmitidas luego de forma casi inmediata a través de protocolos notariales a terceras personas físicas casi siempre extranjeros que las compraban por medio de una hipoteca por un precio que a veces llegaba a superar el 300% del real.
Los pagos en metálico, según el fallo, “eran ficticios ya que el propósito real era que el receptor buscara a su vez a un comprador que obtenía una hipoteca, otra vez por un precio muy superior a la anterior”, se indica en el fallo.
Las investigaciones demostraron que los compradores adquirían los préstamos aportando documentos falsificados a la entidad bancaria, tales como declaraciones de la renta, nóminas o contratos, cuando en realidad sólo disponían de un subsidio de desempleo o un trabajo temporal.
Los impagos se sucedían desde las primeras cuotas de forma que actuando de común acuerdo y organizados los condenados, entre los que está el director de una sucursal bancaria de Los Majuelos, se concertaron para conformar una entidad mercantil.
Los procesados llevaban a cabo las conductas descritas tras captar a extranjeros, valiéndose de la documentación falsa que elaboraban para aportarla a las distintas entidades bancarias, por uno de los condenados que era quien los elaboraba a cambio de una cantidad de dinero