La periodista María Candelaria (Laly) Sánchez, una de las afectadas por la presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde (Gran Canaria), ha asegurado este martes que compró una vivienda de esta promoción meses después de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias hubiese abierto un expediente sancionador porque se fió de su promotor, Jaime Cortezo, que en ese momento era, además, socio de Sánchez en varios medios de comunicación.
“Jamás dudé de la palabra de Cortezo y me engañó”, ha manifestado la periodista en la segunda sesión del juicio que se sigue desde este lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra Cortezo; su mujer, Elena del Castillo, y la tesorera de Hoya Pozuelo, Juana Rosa Fuentes, a quienes se les acusa de los delitos de estafa continuada, falsedad documental y alzamiento de bienes.
En su declaración como testigo, Sánchez ha acusado a Cortezo de haberle mentido cuando fue a interesarse por la situación de las viviendas tras la publicación el día 1 de marzo de 2000 en el periódico Canarias 7 de una noticia sobre la incoación del expediente contra Hoya Pozuelo por invadir la zona de servidumbre fijada en la Ley de Costas.
Según su versión de los hechos, el promotor restó importancia al problema y achacó la publicación a un “tema de persecución política y mediática” del que, supuestamente, estaban siendo víctimas tanto él como su socio Luis Hernández, en aquel momento presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por unas declaraciones de éste contra el entonces director de La Caja de Canarias y propietario de la empresa editora del mencionado diario en el marco de la guerra por el control de la entidad financiera.
Sánchez tenía en aquella época “una confianza absoluta” en Cortezo y creyó sus explicaciones. “En ese momento sólo lo publicaba Canarias 7 y no tenía ningún indicio de que me estuviera vendiendo algo ilegal”, subrayó la periodista, que se compró el dúplex en noviembre de 2000 y dijo haberse enterado de los problemas urbanísticos de Hoya Pozuelo en mayo de 2006, cuando un técnico de la Apmun fue a visitarla a su casa y a notificarle que sobre la misma recaía una orden de derribo.
Posteriormente, se reuniría con Francisco Valido, Guillermo Reyes y José Luis Mena, que eran, respectivamente, alcalde de Telde, concejal de Urbanismo y jefe de servicio del mismo área, para pedirles la convocatoria de un pleno municipal en el que se instara a las administraciones implicadas a resolver el problema de las viviendas afectadas.
El pleno se celebró el 6 de junio de 2006 y a la salida Sánchez dirigió las que, asegura, han sido sus últimas palabras a Cortezo. Después de que el promotor le expresara su satisfacción por la vía abierta en la administración para solventar la situación de las viviendas, la periodista le espetó: “No voy a ir por lo administrativo, voy por lo penal. Me has engañado”.
“¿El banco también es zoquete?”
Además de Sánchez, este martes declararon otros tres vecinos afectados por la orden de derribo de las viviendas, María del Carmen Henríquez, que adquirió la casa en febrero de 2000, unos días antes de la apertura del expediente, insistió de forma vehemente en que nadie de la empresa comunicó a los compradores la infracción urbanística que amenazaba con la piqueta. “¿Quién va a comprar una casa que sabe que se va a demoler? ¿El banco también es zoquete?”, cuestionó la vecina en relación a las hipotecas firmadas tras el primer acta de la Apmun. Según Henríquez, en el momento de elevar a público el contrato ante notario, no le advirtieron de que la casa no tenía cédula de habitabilidad.
En una reunión posterior con los afectados, el acusado les transmitió que las viviendas “contaban con todas las bendiciones, con todos los permisos y que el asunto se iba a resolver pronto”, además de ofrecerles la devolución del dinero a aquellos que lo requiriesen. “Se quedó en agua de borrajas, después no se sentó con ninguno de nosotros para ofrecernos otra vivienda”, ha declarado Henríquez, “sé fehacientemente que a ninguno se le hizo una oferta oficial”.
La afectada también negó, a preguntas de la defensa, que Cortezo les asegurara en la mencionada reunión que Deutsche Bank, la entidad con la que se firmaban las hipotecas de esta promoción, se comprometiera s retrotraer las operaciones. Por su parte, el letrado que representa al empresario, Miguel Losada, reprochó a la querellante que hubiera realizado en su dúplex “obras ilegales” (el techado de una parte) cuando conocía el riesgo de derribo.
Víctor Tejera, otro comprador, afirmó que Cortezo le ofreció en un encuentro en su oficina otra vivienda que estaba construyendo, aunque su precio “doblaba” lo que había pagado por la suya. A Santiago Valido, cuarto querellante que ha comparecido este martes como testigo, el empresario le dijo que le iba “a comprar la casa y dar el IGIC”, pero nunca lo hizo.
Información errónea
Victoria González, la trabajadora de la empresa de Cortezo que formalizaba las escrituras de venta y las firmaba ante notario (todas menos dos), admitió en la sesión de este martes que pudo dar información errónea a uno de los afectados que compraron después de conocerse la orden de derribo, Julián Téllez, porque en ese momento “no sabía” que ya existía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que avalaba la demolición. El resto, asegura, sabía de la existencia del expediente y de la amenaza que se cernía sobre las viviendas y, a pesar de ellos, hubo quien “se arriesgó”. “Era imposible que se les engañase”, ha manifestado González, que estuvo imputada durante la fase de instrucción.
Al igual que hiciera Cortezo este lunes, González exculpó a Elena del Castillo y a Juana Rosa Fuentes de cualquier responsabilidad en la presunta estafa de Hoya Pozuelo. De la esposa de Cortezo dijo que nunca intervino en temas relacionados con la empresa y que la vivienda que adquirió la periodista Laly Sánchez “nunca estuvo a su nombre”. En relación a la contable, precisó que sólo participó en una escritura porque los clientes querían firmar por la tarrde y ella, que era la apoderada, no trabajaba en ese horario, aunque finalmente el contrato se suscribió al día siguiente por la mañana.
Por último, Antonia Suárez, comercial de Hoya Pozuelo, explicó que durante el tiempo que trabajó para Cortezo (de 1998 a 2009) “nunca hubo problemas de devolución del dinero a quien quiso resolver el contrato”.
Cortezo y Del Castillo se enfrentan a una pena de hasta 17 años de cárcel y Fuentes, de cuatro. El juicio continúa este miércoles con la declaración de nuevos testigos.