El juez Salvador Alba, que se reunió con el empresario Miguel Ángel Ramírez para maquinar una declaración con la que el magistrado pudiera escribir el informe contra la exdiputada Victoria Rosell para acabar con su carrera judicial y política, opinaba en 2010 que “lo que debe hacer un juez es ser profesional y a la hora de hacer su trabajo, que es poner sentencias, no dejarse influir por nada”.
En una entrevista concedida al periódico La Provincia, el magistrado andaluz respondía así a la pregunta de si podía tener un juez amistades peligrosas en relación a empresarios, políticos o intermediarios. De hecho, recalcaba que “claro que puede” tener “amistades peligrosas”, aunque sentenciaba que ningún político había entrado nunca en su despacho. “Es cierto que los que nos dedicamos al mundo asociativo sí que hemos tenido ocasión de entrar en muchos despachos, pero ellos en el mío no”.
Alba también reconocía que le tenía miedo “a muchas cosas”, entre ellas “defraudar a la sociedad, a no estar a la altura de las circunstancias cuando se sienta ante un justiciable... a muchas cosas”.
El que fuera sustituto provisional de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria admitía tener la sensación de haberse equivocado en una sentencia “muchas veces” pero que, “gracias a que nuestro sistema Constitucional garantiza la segunda instancia, que si no... los jueces somos personas y nos podemos equivocar”.
Además, valoraba la actuación del por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del que decía que “no actúa de forma correcta en política económica” y que se necesitaba “un cambio en este país. Todos los votantes en un estado de Derecho tenemos la posibilidad de opinar y criticar a nuestros políticos”.
Tras las grabaciones emitidas por eldiario.es, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto investigación de oficio a Salvador Alba en relación al caso de Victoria Rosell. Y es que el informe redactado por el sustituto provisional de la exdiputada de Podemos por Las Palmas tras la declaración de Miguel Ángel Ramírez resultó clave para que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la jueza.