El caso Faycán, la Gürtel canaria que estallara en la ciudad de Telde hace 12 años, tiene en la financiación irregular de la reforma de la sede del PP una de las piezas clave que afectan directamente al partido como responsable civil subsidiario. Por unos miles de euros facturados a cargo de pedidos para programas europeos de empleo, pero que en realidad se destinaron a obras y material en un local del PP.
Este viernes, quien fuera mano derecha de la actual líder del PP, José Luis Sánchez, ha admitido los hechos como uno de los veinte acusados que han llegado a pactos con la Fiscalía, a cambio de sensibles rebajas en sus penas. Pero Sánchez ha evitado responsabilizar del desvío de fondos europeos a su jefa, Mari Carmen Castellano, a pesar de que en el plenario se escucharon grabaciones y se mostraron facturas con la firma de la que entonces era concejal de Desarrollo Local.
Es más, José Luis Sánchez apuntó a Francisco Gordillo, ex asesor de la cabecilla de la trama y entonces presidenta del PP local hasta su detención en marzo de 2006, María Antonia Torres, como el muñidor exclusivo de la financiación de las obras en la sede popular en el zona de Arnao. Tanto, que el acusado conformado y ahora testigo aseguró, a preguntas del fiscal, que “en cierto modo creo que Gordillo era capaz de hacer las cosas por su cuenta, sin encomendarse a nadie”.
Los pinchazos telefónicos, sin embargo, dejan evidencia lo sostenido por Sánchez: que ni él informaba a Mari Carmen Castellano de los avatares de la financiación de las obras en el local, ni tampoco Gordillo hacía lo propio con su jefa en la concejalía de Vías y Obras, Toñi Torres. Y que a partir de diciembre de 2005 Sánchez cortó la relación porque Francisco Gordillo “empezó a inflar las facturas”, justo cuando las grabaciones arrojan más luz del conocimiento de todo por parte de su jefa.
Una de esas conversaciones, entre Gordillo y Sánchez, refleja que no se manejaban solos: “Estoy tomando decisiones y quiero que tú me apoyes. Quiero que estés al tanto de todo para que se lo digas a la jefa, porque los montantes son importantes, del aire acondicionado y todo eso”, le dice Gordillo a Sánchez. Este aseguró que no recordaba si finalmente se lo transmitió a Castellano. Aunque Gordillo le pedía que le “echara una mano” con la jefa de Sánchez para sacar adelante esos montantes.
Que el material necesario para el local (rodapiés, barandillas, un aparato de aire acondicionado) fuera a cargo de la concejalía de Desarrollo Local, en vez de la de Vías y Obras de la jefa de Gordillo, Toñi Torres, lo explica Sánchez porque Gordillo tenía acceso a través del interventor, el también acusado conformado y marido de la fallecida Torres, Enrique Orts, al estado del presupuesto de todas las concejalías. Y a la de Castellano le quedaba dinero y la de Torres ya lo había agotado ese año.
El hombre de confianza en aquel mandato de Mari Carmen Castellano –cuando fue detenida Toñi Torres, en marzo de 2006, pasó a ser secretario general del partido al ocupar la presidencia de Torres precisamente Castellano; y tras la detención de su jefa en noviembre, fue presidente unas cuantas semanas- dijo también no saber por qué figura la firma de Mari Carmen Castellano en las facturas que encubren ese material como si fueran pedidos de informáticos para programas de empleo.
“No sé si ella sabía nada. Se la pasarían [las facturas] los técnicos para la firma. A mí ya me había cesado y ya no era de su confianza”, sostuvo Sánchez en la sala. En realidad, Sánchez había pasado de ser asesor a gerente de la empresa Desarrollo y Promoción de Telde, del mismo departamento. “Yo no le comenté nada”, insistió.
Al final de su testifical las evasivas de Sánchez llevaron al presidente del tribunal, Salvador Alba, a recalcar por qué Gordillo le pedía que le echara una mano con su jefa, Castellano. Sánchez respondió que él ya no trabajaba en esa área, y que le era ajeno el asunto, reiterando su ruptura con Gordillo. Pero tampoco supo responder al juez si las facturas no se pagaban si no tenían el visto bueno de Castellano.
Los abogados de las defensas declinaron interrogar al ex asesor de la que fuera alcaldesa de Telde y ahora ejerce como portavoz del PP en la oposición. Incluso el representante legal del partido afectado por ese presunto beneficio ilícito con las obras de la sede, el senador Jorge Rodríguez también implicado y ya absuelto en una pieza separada del caso, Grupo Europa.
Este viernes también declaró el constructor Gutiérrez Galindo, de la mercantil Preconte, en relación al inusitado interés que tenía Francisco Gordillo en conseguir la cédula de habitabilidad de un piso que este le había vendido en Telde. Del resto de acusados conformados previstos para esta última sesión, el ministerio fiscal y las defensas declinaron interrogarles, como ha sucedido con la mayoría de ellos.