El exmagistrado Salvador Alba, condenado por corrupción a más de seis años de cárcel, ha presentado nuevas alegaciones para tratar de que se anule el auto que le dio este jueves un plazo de 24 horas para ingresar en prisión para cumplir su condena por prevaricación, cohecho y falsedad, plazo que ha vencido esta tarde a las 17.35 horas, hora local de Canarias.
En un escrito registrado este mismo viernes al que ha tenido acceso Efe, el letrado Nicolás González-Cuéllar aduce una serie de posibles irregularidades en la tramitación de anteriores recursos de su cliente, Salvador Alba, que considera que deberían a suspender su ingreso en prisión.
Alba tiene pendiente de cumplir la condena de seis años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por haber manipulado una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos en el Congreso, sentencia que es firme desde el pasado mes de noviembre.
El exmagistrado de la Audiencia de Las Palmas recusó a varios de los miembros de la Sala de lo Penal que debían hacer cumplir ese fallo y alegó una serie de problemas de salud cuyo tratamiento o seguimiento sostenía que era incompatible con ingresar en prisión.
Ayer, a las 17.35 horas, la Policía le notificó personalmente -como reconoce su letrado en las alegaciones de este viernes- que sus recursos han sido desestimados y que se le daba un plazo de “un día” para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario, o se darían instrucciones a las fuerzas del orden para que lo llevaran preso.
Este viernes, Alba ha alegado a través de su abogado que había una magistrada a la que también había recusado, Gloria Poyatos, en la sala que debía decidir sobre otra de sus recusaciones, la de presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, y que esta intervino en ese asunto antes de que a él le notificaran formalmente de que no se aceptaban sus argumentos para apartarla de tal expediente.
Para la defensa, se incurrió en una nulidad de actuaciones que debería hacer que el TSJC dejara sin efecto su orden de ingreso en prisión.
También sostiene el abogado de Salvador Alba que no se le ha contestado a su petición secundaria: pues no solo pedía que se le exonerara de ir a prisión por motivos de salud (argumento que han desmontado los informes de los médicos forenses), sino que también planteaba que al menos se aplazara su encarcelamiento hasta que se curara.
Y por último, dice que no se le ha respondido a su petición de suspensión de la ejecución de la pena en tanto se tramita el indulto que ha solicitado al Gobierno.
La Fiscalía ya advirtió del “evidente ánimo dilatorio” de esa maniobra del exjuez, que desde febrero ha desplegado multitud de recursos para tratar de evitar o retrasar el cumplimiento de su condena.
Seis años y medio del caso Alba
El caso Alba se inició en mayo de 2016, después de que el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, aportara en los juzgados una grabación que realizó en el despacho del entonces juez en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En el audio de esa reunión clandestina organizada por el propio magistrado (según los hechos probados de la sentencia) se le escucha conspirar contra Victoria Rosell.
En esa cita, Alba solicitaba al empresario, al que investigaba por presunto fraude fiscal, que aportara pruebas que pudieran dañar la reputación de Rosell y, a cambio, se comprometía a archivar la causa en su contra. “Lo acreditas, lo hacemos así, lo llevamos al procedimiento y entonces, ponemos en marcha la maquinaria”, le decía a su interlocutor. “¿Y qué pasa con el fiscal?”, preguntaba Ramírez. “El fiscal se tendrá que joder”, respondía el ahora condenado.
En la grabación completa de esa conversación, aparecida en la papelera del dispositivo utilizado por el empresario para registrarla, aparece el nombre de José Manuel Soria:
Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?
Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...
Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.
Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…
Alba siguió ejerciendo hasta julio de 2018. Incluso llegó a presidir juicios como el del caso Faycán de corrupción en el municipio grancanario de Telde, que se saldó con una condena al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario pese a que el exjuez, ya suspendido de funciones, lo intentó evitar a través de un voto particular en el que abogaba por absolver a esta formación. El auto de apertura de juicio oral apartó a Alba de la judicatura de forma cautelar. El juicio se celebró en julio de 2019 y dos meses después, el TSJC dictó la sentencia que lo condenaba a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación, además de imponerle una multa de 12.150 euros y el pago de una indemnización de 60.000 euros a la víctima de sus delitos, Victoria Rosell, por los daños morales ocasionados.