El exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ha vuelto a burlar a la justicia. Este viernes ha eludido el cumplimiento de una orden de ingreso voluntario en prisión que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Debía haberlo hecho antes de las 17.35 horas en cualquier cárcel española, pero pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, no había constancia de que lo hubiera hecho. De este modo obligará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC a emitir el lunes a primera hora, hechas las oportunas averiguaciones, a dictar una orden de busca y captura con una orden expresa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sea encarcelado.
Alba ha conseguido torear a la justicia durante once meses, los que distan desde el 17 de noviembre de 2021, cuando el Tribunal Supremo ratificó la condena que en septiembre de 2019 le impuso el TSJC por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental durante el tiempo que conspiró contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, por entonces diputada de Podemos por Las Palmas. Alba ha acudido a todo el catálogo de recursos, recusaciones, alegaciones y hasta ha descubierto el padecimiento de enfermedades hasta hace poco inexistentes para reclamar la suspensión de la condena en lo que respecta al ingreso en prisión. Su seguro, el que tienen en España los jueces, ha pagado a su víctima la indemnización de 60.000 euros a la que fue condenado, mientras que, la multa a 12.500 euros que también le fue impuesta, la está pagando mes a mes tras declararse insolvente por la pérdida de su condición de juez, una vez fue firme la sentencia por parte del Supremo.
Este viernes no ingresó en prisión y a cambio volvió a activar a su abogado, Nicolás González-Cuéllar, para que promoviera varias acciones, una de ellas solicitando una aclaración al auto que le instaba a ingresar en prisión, y otro recordando que el tribunal aún no le ha contestado un escrito que presentó en abril pasado.