Trece extrabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) han declarado este miércoles en la segunda sesión del juicio en que se acusa a los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas de un fraude fiscal de 36 millones de euros. La mayoría de los testigos que han desfilado ante la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas han explicado que era una práctica habitual en esta empresa trabajar un elevado número de horas extra, en algunos casos más de cien al mes, y cobrarlas en una transferencia aparte de la nómina camuflada bajo el concepto de dietas. También hubo cuatro que manifestaron, en cambio, que sí se les abonaban gastos de desplazamiento y manutención.
En la vista que comenzó este martes se juzga si los exadministradores de la desaparecida empresa de seguridad disfrazaban como dietas las horas extra de los trabajadores para así ahorrarse cotizaciones sociales y retenciones de Hacienda. La Fiscalía pide 21 años de cárcel y 105 millones de euros de multa para Ramírez y catorce años y 79 millones para De Armas. La Audiencia Provincial de Las Palmas deberá resolver en sentencia la petición formulada por las defensas para que se anulen las actuaciones desde la fecha en que asumió la causa el exjuez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por usar este proceso para fines ajenos a la investigación y, por tanto, contaminarlo.
Uno de los testigos que declaró por videoconferencia, David G., llegó a trabajar “320 horas al mes” como vigilante en la Casa Palacio, sede oficial del Cabildo de Gran Canaria, cuando su contrato estipulaba 162. “Había días en los que terminaba un turno de doce horas y me iba otras cuatro o cinco a un partido. Me habían subido la hipoteca a 900 euros y tenía que hacer horas. Hasta trabajé las vacaciones”, ha manifestado. El vigilante ha explicado que ese exceso de horas se pagaba “al día siguiente de la nómina”, en otro ingreso bancario y bajo el concepto de dietas.
También por videoconferencia han testificado varios exvigilantes del centro de menores Valle Tabares, en la isla de Tenerife. José G. ha contado que había “muchas carencias” en el servicio, porque faltaban trabajadores, y que ello les obligaba en ocasiones a doblar turnos. Relató también que en noviembre de 2011 presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo y el Tribunal Laboral Canario porque “no se cobraban los pluses de nocturnidad, peligrosidad, festivos ni transporte”, aunque dijo desconocer el resultado.
Moisés Javier P., otro de los vigilantes de Valle Tabares, señaló que hacía, como mínimo, 240 horas al mes y que cada hora extra se pagaba a 5,7 euros, por debajo de lo estipulado en el convenio. “Siempre había problemas, se nos daba menos importe”. Vilehaldo B. dijo que estaban “obligados” a hacer horas extra y que temían represalias.
En cambio, Cándido M. contó que en aquel momento vivía en Candelaria y sí le pagaban dietas para desplazarse hacia su lugar de trabajo, el centro de menores ubicado en el municipio de La Laguna.
Francisco Javier A. ejerció nueve años en Seguridad Integral Canaria. Según relató ante la Sala, trabajaba “entre 212 y 240 horas al mes”. La declaración presentada por la empresa en el marco del procedimiento judicial reveló que en 2009 había percibido 15.500 euros de sueldo y 8.800 euros de dietas. “Me echaron por ir a una manifestación, nos sacaron en la foto y buscaron la forma de echarnos”, dijo.
Santiago R., que fue representante de Alternativa Sindical Canaria, ha afirmado que la media era de 240 horas mensuales. Aludió a una sentencia de los juzgados de lo social que determinó que las horas extra se pagaban en SIC con un “concepto irregular”. Este vigilante sostuvo, además, que la empresa “apartaba” a los trabajadores que se negaban a hacerlas, si bien después, a preguntas del abogado de Ramírez, no concretó a qué se refería. “Hasta te quitaban la cesta de navidad”, aseguró. Durante su declaración se produjo el momento más tenso de la jornada, cuando el letrado José Antonio Choclán le preguntó por qué había reclamado en los juzgados el abono de horas extra que ya había cobrado y sugirió que podía haber incurrido en una estafa procesal, comentario este último que tuvo que interrumpir el presidente de la Sala, el magistrado Miguel Ángel Parramón. “Sabía que me estaban pagando horas extra. No reclamé para cobrar dos veces, reclamé porque nos estaban machacando”, respondió finalmente el vigilante.
En contra de lo manifestado por otros vigilantes, María del Carmen S. afirmó que las horas extra no eran obligatorias. “Si querías las hacías y si no, no. Había días en que hacía ocho y días en que hacía doce”, ha recordado. La trabajadora mantuvo que nunca le dio importancia a que esas horas extra se pagaran como dietas: “Mientras me pagaran lo que me correspondía… Las apuntaba para que no me faltara un duro”.
Francisco Javier C., director financiero de SIC entre 2003 y 2016, explicó que ordenaba los pagos y que, para ello, recibía dos ficheros, uno de nóminas y otro de dietas, aunque no sabía el contenido de cada uno porque la cantidad de información era ingente. En su caso, explicó que había llegado a un acuerdo con la empresa para disponer de unos fondos para sus gastos al margen de la nómina. “Las dietas las pagaba de mi bolsillo y no las tenía que justificar”, ha señalado. En 2009, recibió unos 21.000 euros por este concepto. “No retribuían horas extra”, ha precisado el trabajador, que también ha afirmado que la empresa no distribuyó dividendos durante la época en la que estuvo al frente de la dirección financiera.
Otros dos trabajadores aseguraron también haber cobrado dietas de la empresa. Uno de ellos, José M., fue director comercial de SIC. “Buscaba clientes y viajaba a Madrid hasta dos veces por mes. La empresa me cubría todo: el billete, el hotel, las comidas…” El trabajador ha relatado que tenía una tarjeta de empresa para gastos de representación y que también pagaba en efectivo y justificaba las facturas. Según puso de manifiesto la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos en sus preguntas, en el ejercicio 2009 cobró 48.000 euros de sueldo y unos 28.000 en dietas. “Estaba todos los días en la calle”, defendió el testigo.
Por último, José Carlos S., vigilante de seguridad, apuntó que la empresa le ofreció “condiciones bastante buenas”. En 2009 percibió 15.000 euros de sueldo y 21.000 en dietas. “Rotaba por muchos sitios. Llegué a ir a La Aldea. Estuve yendo dos meses a Tejeda. Iba a donde me mandaban”, ha justificado el trabajador, que ha insistido en que la empresa le pagaba las dietas sin tope alguna. “Si tenía que comerme una langosta, me la comía, porque me encanta comer”, afirmó ante el plenario.
En la sesión de este miércoles se ha leído además la declaración que prestaron en fase de instrucción dos extrabajadores de SIC ya fallecidos. Ambos manifestaron también que cobraban las horas extra bajo el concepto de dietas. La vista continúa este jueves.