Los informes sobre el incremento de patrimonio del exalcalde de Telde Francisco Valido (Partido Popular) durante su mandato (2003-2006) han protagonizado la novena sesión del juicio por el caso Faycán, la primera celebrada después del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que procesa por cuatro delitos al magistrado que, a pesar de ello, sigue presidiendo la vista, Salvador Alba, designado ponente de la sentencia.
La defensa de Valido se ha apoyado en el informe que encargó a un inspector de Hacienda en excedencia para tratar de descalificar la investigación realizada por la Policía Nacional y por la Agencia Tributaria y justificar los ingresos de origen desconocido de la unidad familiar del exalcalde, cifrados en algo más de 90.000 euros.
A su vez, el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha desacreditado las conclusiones de ese informe de parte y ha insistido en la tesis de los técnicos de Hacienda que vinculan determinados ingresos en efectivo en las cuentas de Valido y su mujer y pagos en metálico al cobro de las comisiones ilegales que recaudaba entre los empresarios la cabecilla de la trama, la concejala de Obras Públicas, María Antonia Torres, para después repartirlas entre los miembros del equipo de gobierno municipal.
Diego Artacho, en excedencia en la Agencia Tributaria desde 2003, es el autor del informe presentado por la defensa de Valido. En una declaración por videoconferencia desde Barcelona, el perito de parte ha criticado la “falta de rigor” de los informes elaborados por la Policía Nacional y por Hacienda que han servido de base para procesar por cohecho al exalcalde. Sostiene que el incremento de patrimonio de Valido en las fechas investigadas no tiene un origen ilícito y que los investigadores obviaron datos claves, como los rendimientos del alquiler de dos viviendas y un local comercial propiedad del actual secretario político del PP en Telde o el patrimonio en explotación que atesoraba, el obtenido tras la separación de su primera mujer, la donación de un inmueble o una herencia, así como los ingresos que habría obtenido a través de una empresa de venta de frutas antes de su entrada en política.
La tesis del perito de la defensa es que Valido tenía unos ingresos y un patrimonio suficientes como para afrontar los gastos a los que Hacienda atribuye un origen desconocido, incluso para que el saldo entre ambos conceptos fuera positivo para las cuentas del exregidor. Para Artacho, existe un error de base. “Lo normal es que la Agencia Tributaria empiece este tipo de investigaciones, pero mis excompañeros se encontraron con un informe policial ya hecho. Los informes de la Agencia Tributaria suelen estar mucho más fundamentados, tienen carácter contradictorio. Aquí se limita a dar por buenos los informes de la Policía Nacional”, precisó.
“Llevo desde 1992 haciendo informes y nunca había visto que un cheque bancario de poco más de 40 euros fuera sospechoso de proceder de cohecho”, manifestó a modo de ejemplo el perito, que llegó a sugerir que una parte de los ingresos en efectivo a la cuenta de Valido pudieron proceder de regalos de amigos por la boda con su actual mujer, celebrada en agosto de 2004. “Puede ser que, como ya tenían su casa y una edad avanzada, no regalaran lo clásico y que les dieran dinero en efectivo”.
El exinspector de Hacienda considera que los investigadores incurrieron en numerosos errores en sus informes, entre ellos atribuir un origen desconocido a un ingreso de 14.000 euros que, en realidad, procedía de una cuenta vivienda abierta años atrás por Valido para ahorrar para la compra de una casa. Sin embargo, tal y como le recordó el propio abogado del exalcalde, los técnicos de Hacienda que elaboraron los informes reconocieron y corrigieron el error durante su comparecencia en la anterior sesión del juicio, celebrada el pasado 9 de febrero.
Artacho ha defendido además que la operativa de ingresos en efectivo de Valido es anterior a su entrada en política y que, al investigar al exalcalde y a su mujer por separado y tener régimen de bienes gananciales, registraron duplicidades al analizar los datos. El perito ha aludido al “efecto Pigmalion” para definir la actuación de la Policía Nacional y de Hacienda: “Para llegar a la conclusión de que obtiene ingresos ilícitos obvian los indicios que llevaban a descartar esa ilicitud”.
Errores y omisiones en el informe de parte
Después de las extensas explicaciones ofrecidas al abogado de Francisco Valido, el perito de la defensa ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, que ha enumerado una serie de errores y omisiones en su informe de parte. Luis del Río ha recordado que después de que Artacho emitiera el informe, en septiembre de 2010, la Agencia Tributaria redactó otros cinco (dos referidos a Valido, dos a su mujer, Inmaculada Concepción León, y un cuadro resumen) que recogían varias rectificaciones.
En la declaración que prestó el 9 de febrero, la perito de Hacienda Gema Martín ya advirtió de que Artacho había creado “una confusión para que el lector pueda llegar a la conclusión de que todas las cantidades están justificadas”, pero que, en el fondo, su planteamiento, el principio según el cual el exalcalde tenía dinero y patrimonio suficiente para afrontar esos gastos, era “absurdo”, porque de lo que se trata es de conocer de dónde proceden esos fondos y si su origen es lícito o no lo es.
Entre los errores del informe de la defensa, el fiscal ha remarcado que el perito atribuye a Valido unos ingresos de 2.800 euros en el año 2005 por un contrato de alquiler de 300 euros que fue firmado en diciembre de ese mismo año, por lo que la inquilina sólo pudo satisfacer un pago, una única mensualidad. Según el representante del Ministerio Público, Artacho también duplicó cantidades en su informe al computar los ingresos del exalcalde durante un año completo cuando los comparaba con un informe de la Agencia Tributaria que sólo recogía información hasta junio de 2006.
A preguntas del fiscal, el exinspector de Hacienda ha reconocido que la donación de un inmueble o una herencia no justifica los movimientos de dinero en efectivo, pero “demuestra que tienes patrimonio capaz de generarlo”. El perito dijo desconocer los motivos por los que Valido pedía supuestamente préstamos en efectivo a familiares cuando disponía de esas cantidades de dinero y ese patrimonio, así como la razón por la que sólo utilizó 2.000 de los 6.000 euros que recibió de su cuñado o 1.700 de los 4.200 que percibió de su cuñada. “No estoy en su cabeza”, manifestó.
A Artacho tampoco le sorprendió ni le pareció contradictorio que el exalcalde solicitara préstamos a los bancos de 15.000 y de 5.000 euros a pesar de disponer de tal cantidad de efectivo, ni que los cancelara a los pocos meses. El fiscal le preguntó cómo era posible que la cuenta de la mujer de Valido estuviera constantemente en números rojos a pesar de contar con esos fondos. “A mí me pasa igual. Tengo una cuenta bancaria, me olvido de los pagos y me queda un descubierto que el banco me reclama”, afirmó.
El perito defendió durante su intervención que los ingresos percibidos por Valido a través de distintas vías eran muy superiores a los gastos que, según Hacienda, no están justificados. El fiscal puso de relieve que el informe de Artacho olvida deliberadamente en el cálculo de este saldo aquellos gastos que el exalcalde sí ha justificado. “Aun así, sigue sobrando dinero”, matizó el perito.
En la sesión de este lunes también han intervenido en calidad de peritos tres agentes de la Policía Nacional que elaboraron informes durante la investigación. Uno de ellos explicó cómo se fueron ensamblando las piezas de la investigación a raíz del hallazgo de una libreta en un registro a la casa de la exconcejala de Obras Públicas María Antonia Torres, fallecida en 2010, para acabar destapando la existencia de una trama de comisiones ilegales.
“En la página 40 de esa libreta aparece una cifra de 46.700 euros y operaciones matemáticas basadas en la división entre siete y diez”, recordó el policía, “había un listado con iniciales o abreviaturas, nombres propios que se correspondían con miembros del equipo de gobierno local, por orden jerárquico. El primero, el alcalde”. También figuraban en ellas el exinterventor, Enrique Orts; técnicos municipales y el asesor de Torres, Francisco Gordillo.
El perito policial señaló que la cabecilla establecía una primera división de las comisiones ilegales entre los dos partidos que gobernaban en el Ayuntamiento, PP y Ciuca, al 50%. Así constaba también en otra anotación encontrada en un bloc de notas de un hotel de Venecia donde se había alojado Torres en sus vacaciones.
“La cifra de 46.700 adquirió mayor relevancia tras el registro a la sede social de la empresa Cobra y Moncobra. Allí se halla un documento que hablaba de gastos varios del año 2005 que recogía la misma cantidad. Marcaba una fecha, un concepto, a qué organismo iba dirigido…” Posteriormente, en su declaración en sede policial, el director en Canarias de esa empresa, Antonio Nadal, reconoció que ese dinero fue entregado en concepto de comisiones ilegales a cambio de ventajas en la adjudicación de obras. El pago lo formalizaba Juan Francisco Gordillo, delegado de Cobra en las Islas e hijo de Francisco Gordillo, el asesor de María Antonia Torres.
Su testimonio fue ratificado posteriormente por otros empresarios: Alejandro Navarro (Mazotti), Abelardo Martínez (Dragados) y Felipe Ojeda (Ferretería Felipe y Nicolás Ojeda). De la declaración de este último se desprende que el caso Faycán se trataba de una trama para el enriquecimiento patrimonial ilícito de sus miembros y no de la financiación irregular del PP, como trascendió en un primer momento, aunque esta hipótesis sí encontró refuerzo en una derivada, la de la reforma de la sede del partido en Arnao.
Los otros cuatro peritos que comparecieron en la novena sesión del juicio hablaron de la polémica sobre las obras en el ático de Francisco Gordillo. Sheila Negrín, Jorge Luis López y Jaime Lozano explicaron que no se trataba de una pérgola desmontable, como defienden los abogados de los procesados por esta pieza, el técnico Emilio Hernández y el exjefe de Urbanismo José Luis Mena, sino de una obra consolidada, “una especie de salón, una habitación añadida” que ocupaba “casi la mitad de la terraza”.
Todos ellos coincidieron en que no estaba contemplada en la ordenación urbanística del municipio y que no se recogía en el proyecto, por lo que no se le había podido conceder el reconocimiento final de obra, aunque dijeron desconocer si la fecha en la que se otorgó esa licencia urbanística era anterior o posterior a que se hubiera ejecutado la obra. La misma opinión manifestó el arquitecto del edificio en el que se ubica la vivienda de Gordillo, Antonio Sarmiento, que además negó que la licencia de reconocimiento final de obra y la cédula de habitabilidad se pudieran tramitar a la par, como intentan hacer ver los abogados de los técnicos para tratar de justificar que la segunda, que depende de la primera, fuera concedida antes.