La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha manifestado su “absoluto estupor” al conocer el nombramiento del hasta ahora fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, como Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que deberá trasladarse a Madrid.
La APIF recuerda en un comunicado que recientemente se dio a conocer la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) que concluía “de forma clara y contundente” que la Fiscalía de Las Palmas se excedió al tratar de acopiar y preconstituir pruebas contra Victoria Rosell en la investigación que abrió a la magistrada por motivos disciplinarios en noviembre de 2015.
Dicha sentencia, recoge que “las diligencias preprocesales practicadas, en los extremos que hemos indicado, menoscabaron con su realizacioÌn la plena efectividad del derecho fundamental un procedimiento con todas las garantiÌas ( artiÌculo 24.2 CE) al invadir aspectos esenciales del procedimiento disciplinario reservado al CGPJ y vulnerar el derecho de defensa, y, en consecuencia, deben ser declaradas nulas en los teÌrminos razonados”.
Previamente a su publicación, continúa la APIF, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de 7 de marzo de 2016, había apreciado la vulneración de dos derechos fundamentales por parte de la Fiscalía: además del derecho de defensa, el de acceso a cargo electivo. Tras este primer fallo, la Asociación solicitó la dimisión del fiscal jefe, responsable de la incoación y tramitación de las diligencias preprocesales ahora definitivamente anuladas por el Supremo, sin resultado.
Motivo por que considera que el nombramiento de García Panasco – que ordenó y respaldó las diligencias contra Rosell - por parte de la Fiscalía General del Estado, “queda muy lejos de resultar un acierto y no puede ser comprendido por la ciudadanía”.
La Asociación explica que la Secretaria Técnica es un órgano que asiste al fiscal general del Estado para elaborar circulares que vinculan a todos los representantes del Ministerio Público en la interpretación de las leyes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además de planificar la formación de los fiscales.
“No debemos olvidar que este mismo fiscal jefe formó parte del Consejo Fiscal que por unanimidad acordó interesar del Ministro de Justicia la expulsión de un compañero, sanción que también fue declarada por los tribunales como vulneradora de los derechos fundamentales. Debemos recordar que, entre otras razones, se imputó a este compañero una desobediencia grave por la cúpula de la Carrera, si bien la sentencia declara de forma rotunda que el compañero había hecho uso del art. 27 del EOMF, ejercicio legítimo que fue ignorado por su superior, siendo sorprendentemente injusta e ilegalmente expulsado”, concluye.