La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado este lunes la denuncia del juez Salvador Alba contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, en la que alegaba presuntas “presiones” de la cúpula judicial para que retirara su denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
El Ministerio Público, tras incoar diligencias de investigación, ha dictado el sobreseimiento de la denuncia en la que “de forma extraordinariamente vaga e imprecisa” el juez vertió comentarios contra Antonio Doreste y contra otros magistrados bajo la afirmación inicial de que “la situación judicial del Archipiélago es francamente alarmante”.
Comentarios que, según la Fiscalía, deslizaban valoraciones “de forma velada” y apuntaban a la eventual comisión por estos magistrados de presuntos delitos de amenazas, coacciones, cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía considera que “la imprecisión y vaguedad” del relato que realiza la denuncia es tal que haría temerario iniciar una investigación prospectiva en torno a las relaciones que hubieran podido mantener una serie de profesionales de la administración de Justicia, y ello sin que hubiera el más mínimo indicio de que aquellas relaciones hubieran conducido a la comisión de ilícitos penales.
Salvador Alba tardó dos años en denunciar esas presuntas presiones que dijo haber recibido de miembros de la cúpula judicial para que retirara su denuncia contra el presidente de Seguridad Integral Canaria. Su denuncia llegó quince días después de que el TSJC le enviara a juicio acusado de cinco delitos por una serie de actuaciones encaminadas a perjudicar a la magistrada Victoria Rosell y a favorecer la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria.
Desde que se difundió el audio de su conspiración contra Victoria Rosell, en mayo de 2016, Alba aseguró que había sido presionado, pero nunca aportó pruebas.
La semana pasada, el juez presentó su esperado escrito de defensa. En él no introduce novedades significativas, pero pide citar como testigo a Vicente Garrido, el fiscal que lo acusa en este procedimiento de haber cometido cuatro delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos). La instructora, Margarita Varona, añadió un quinto delito, el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y también le impuso una fianza de 85.000 euros.
La defensa de Alba, ejercida por el abogado Nicolás González-Cuéllar, también ha solicitado otros diez testigos para el acto de juicio oral. Entre ellos, a sus compañeros de la Audiencia Provincial de Las Palmas Emilio Moya y Carlos Vielba y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. El juez grabó a los dos primeros en el office de la Sección Sexta mientras departían sobre determinados asuntos judiciales. Al tercero, en el garaje de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
Salvador Alba se encuentra aún de baja médica. Una situación que bloquea la sentencia del caso Faycán y aplaza su suspensión como juez. Además, su baja ha sido firmada por un facultativo que no es su médico de cabecera y que ha sido acusado de falsificación.