En el escrito de calificación definitivo de la 'pieza 12' del caso Unión, el fiscal imputa al exconcejal de Parques y Jardines, Limpieza y Barrios de Arrecife, Antonio Machín (PIL) el abono y contratación de forma irregular de 47 obras a la empresa Infogelan.
De entre los cargos públicos o funcionarios juzgados en Unión, solo Elena Martín y Machín se mantienen sin reconocer los hechos. La Fiscalía ha elevado su petición de pena para el exconcejal y solicita para Machín una pena de 14 años y cinco meses, casi dos años más de cárcel que al principio del juicio, y una multa de 300.000 euros.
La citada empresa llegó a cobrar del Ayuntamiento más de un millón de euros sin ganar ni un solo concurso público con 64 obras. Su administrador, Jesús Martín Brito confesó que había abonado al concejal José Miguel Rodríguez, ya fallecido, cinco pagos de 20.000 euros cada uno.
La Fiscalía hace responsables de la contratación y pago de las facturas a Rodríguez, Machín y al interventor Carlos Sáenz. Rodríguez reconoció en su declaraciones y en un careo con Machín que se vio durante la vista, que recibía el dinero en metálico y lo compartía con Ubaldo Becerra y Antonio Machín.
Según el escrito de acusación, Machín “no sólo firmó las facturas” sino también las propuestas de gastos de algunos expedientes y utilizó tanto en la firma de las facturas como en las propuestas de gastos a los auxiliares administrativos de su concejalía, “a los que ordenó que firmaran tales documentos como si fueran técnicos municipales”.
De esta forma se simulaba “una válida recepción de la obra y verificación del trabajo realizado, extremos jamás verificados”, a cambio de repartirse la comisión entregada por el empresario.
En el escrito el fiscal distingue una doble modalidad de incumplimiento. La primera sería en aquellas obras en que no está la aprobación del gasto ni el recibí del responsable de la Corporación dando la conformidad al servicio ni el presupuesto de la obra a contratar por la Administración.
La segunda serían los contratos en los que se hace una adjudicación directa por cuantías muy superiores a las establecidas en el procedimiento de contratación pública, ya que el importe máximo para el contrato menor de obras era de 50.000 euros.
Machín, según la Fiscalía, “era el concejal que al frente de la Concejalía de Parques y Jardines, Limpieza viaria y Barrios adjudicó las obras a la empresa Infogelan y procedió a fraccionar los importes de los contratos para eludir la normativa del sector público y evitar sacar a concurso público y tramitarlo como procedimiento ordinario las obras fraudulentamente adjudicadas”.
Plan General
También añade la Fiscalía a Machín en otro hecho delictivo, como es la entrega de información privilegiada a Dimas Martín para fines lucrativos para lograr el fraude en la contratación directa del Plan General de la capital.
En este apartado, la Fiscalía considera que “no ha quedado acreditado el concierto respecto de la adjudicación del PGOU de Arrecife en la persona del jefe de la Oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife (Rafael Arrocha) ni de la jefa del departamento de contratación, Elena Martín, con el resto de los acusados, limitándose a facilitarle el pliego de las prescripciones técnicas al acusado Dimas Martín pero sin conocer (Arrocha) el plan de adjudicar directamente su avance al ingeniero Pedro Luna y al grupo de arquitectos designados por Dimas Martín sin observar las formalidades legales”.