El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha afirmado este martes que en 2014 se ha producido “una ligera disminución” en el número de procedimientos penales incoados en la Comunidad Autónoma, lo que implica “una cierta estabilización” en unos 300.000 procesos de este tipo.
Vicente Garrido proporcionó estos datos en declaraciones a los medios de comunicación tras entregar a la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias, la memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2014, que detallará en comisión parlamentaria prevista para el 12 de noviembre.
El fiscal superior de Canarias recordó que esta cifra no implica una reducción de la criminalidad, pues los datos se refieren a la actividad procesal de procedimientos que se han incoado “y ese número ha descendido, mínimamente, pero ha descendido, lo que hace pensar en una cierta estabilización”.
Señaló que en 2014 sí se ha constatado una reducción respecto al año anterior en cuanto al número de escritos de calificación, que es una evaluación más técnica que realiza el fiscal de un hecho concreto, y que ha pasado de 8.000 a apenas unos 6.000 en el ejercicio pasado.
Apuntó que en cuanto a delitos graves cometidos en el archipiélago, se pasó de 30 asesinatos u homicidios en 2013 a 27 el año pasado.
Respecto al tiempo de resolución de los expedientes, declaró el fiscal superior de Canarias que en el ámbito de lo penal el 80% de los asuntos se resuelve rápidamente, en menos de 15 días tras cometerse el hecho delictivo y, algunos, a las 48 horas porque hay sentencias de conformidad en el juzgado de guardia.
Se trata fundamentalmente de delitos menores como robos de pequeña cuantía, hurtos, lesiones mínimas y delitos contra la seguridad en el tráfico, y otros asuntos llegan al juzgado de lo penal y se resuelven en unos veinte días o un mes.
Precisó Vicente Garrido que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife había “un grave problema” en este ámbito por cuanto la resolución de los procedimientos penales se demoraba entre un año y un año y medio “y hoy en día esto afortunadamente no ocurre así, y es un dato relevante de esta memoria”.
“Se ha solventado esta acumulación de procedimientos que tenían y está al mismo nivel que la de provincia de Las Palmas, con lo que se ha reducido una tendencia que pesaba como una losa en la administración de justicia de Santa Cruz de Tenerife”, aseveró.
No obstante, el fiscal superior de Canarias admitió que hay demora en un 8% de los asuntos penales y esto “supone un lastre” para la credibilidad de la justicia, pues son procedimientos que se demoran en exceso “y nos hacen emplear todos los recursos necesarios para que esto no ocurra”.
Esta tardanza se debe a que en sí la causa de los procedimientos es compleja y son asuntos que por ejemplo, explicó Garrido, exigen la petición de una comisión rogatoria, que puede demorarse durante un año, y luego abrir nuevas diligencias de prueba, que quizás conlleven otro año más de espera.
“El sistema procesal español es muy garantista, y debe serlo, pero provoca el bloqueo de los procedimientos como consecuencia de la cantidad de recursos que las defensas en el ejercicio legítimo de su derecho interponen, pero que hacen que el procedimiento se paralice”, manifestó el fiscal superior de Canarias.
Esta situación tiene su origen “en el arcaico sistema procesal español”, que data del siglo XIX y no se adapta al XXI, y para mejorar esto se necesita “una reforma sustancial total y no parcheada del código procesal penal”, apuntó.
“Es necesario que de una vez que todas se atribuya al Ministerio Fiscal la investigación de los procedimientos, la investigación penal, y que el juez sea un juez de garantías para vigilar que no se violen derechos fundamentales porque eso sin lugar a dudas agilizará mucho el procedimiento” en los grandes casos “y en los sencillos”, advirtió Vicente Garrido.