La Fiscalía aprecia indicios de delito en los pagos del Ayuntamiento de la capital grancanaria a Emalsa
La Fiscalía aprecia indicios de delito de administración desleal en la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de abonar a la empresa de aguas Emalsa 14,48 millones de euros que esta reclamaba en concepto de deudas pendientes por trabajos de saneamiento y depuración.
El Ministerio Público ha comunicado por escrito a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Beatriz Correas, que acepta su denuncia contra el Consistorio por los pagos realizados a Emalsa y la traslada al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, al observar en los hechos “la posible existencia de un delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal”.
Ciudadanos cuestionaba en su denuncia las decisiones tomadas por el Ayuntamiento después de que un Juzgado de lo Contencioso Administrativo le condenara a abonar a Emalsa 6,63 millones de euros por trabajos realizados de enero de 2013 a mayo de 2014, en un fallo que devino firme, porque la corporación prefirió no recurrirlo.
Correas no pone en duda el pago de 6,63 millones avalado por la sentencia, aunque opine que los intereses municipales pudieron defenderse mejor en ese pleito, sino el acuerdo que el pleno tomó el 21 de septiembre de 2016 para zanjar otras deudas con Emalsa.
Ese día, el pleno resolvió con los votos de los 15 concejales del grupo de gobierno (PSOE, NC y Las Palmas Puede) tramitar un expediente de modificación de créditos para abonar a Emalsa 14,48 millones de euros, por deudas que esta reclamaba hasta 2015.
Ciudadanos sostiene que en ese expediente se incluyeron tanto las deudas afectadas por la sentencia, como otras correspondientes a un período posterior, hasta mayo de 2015, que desde su punto de vista no están suficientemente justificadas por parte de Emalsa.
De hecho, el escrito remitido a este grupo político por la Fiscalía precisa que ese pago del Ayuntamiento a Emalsa todavía no se ha hecho efectivo a día de hoy, porque ha sido “retenido por la Intervención General” del Consistorio capitalino.
El Ministerio Público aprecia en estos hechos indicios de administración desleal y así se lo comunica al juez que ya estaba investigando otras denuncias anteriores sobre Emalsa, aunque no concreta quiénes, a su juicio, han podido incurrir en ese delito.
La portavoz de Ciudadanos sí extrae sus propias conclusiones de ese escrito y vaticina que los quince concejales que votaron a favor de esa modificación de crédito el pasado 21 de septiembre “tendrán que dar explicaciones a la Justicia”.
Correas se ha felicitado de esta decisión de la Fiscalía y ha subrayado que su partido ya advirtió con carácter previo al pleno que denunciaría ese pago de 14,48 millones a Emalsa.
La concejal también ha enfatizado el hecho de que la Intervención General haya retenido esos pagos, porque lo interpreta como otro indicio de que “algo hay” en las facturas presentadas por Emalsa que los funcionarios municipales no ven claro.
