El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, considera que se debe exigir una fianza de 12.000 euros a Podemos para que se persone como acusación popular en la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el juez que maquinó contra la exdiputada Victoria Rosell. Asegura que la finalidad de esta fianza es “ahuyentar la instrumentalización política de una causa penal” contra el magistrado Salvador Alba.
En un escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado 27 de marzo, el fiscal recurre, al igual que también hizo el juez Alba, el auto de la magistrada Margarita Varona que permite a Podemos personarse en la causa como acusación popular y le fija una fianza de 3.000 euros.
Varona en esta causa investiga si Alba trató de orientar una declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez para que perjudicara a la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.
Garrido, en su escrito, argumenta que “el proceso penal es ajeno y debe ser concebido como neutral a revanchas políticas”, y que para evitar el riesgo de que eso ocurra se aplica la fianza, que entiende que debe ser superior a la cantidad fijada por la magistrada instructora del caso, Margarita Varona, “máxime cuando en el escrito de Podemos se vuelcan los propósitos que mueven su pretensión penal en términos de pura contienda política”.
Añade también que la personación de Podemos, aunque no se puede probar, corre el riesgo de responder a la imposibilidad de que la magistrada Victoria Rosell se persone como acusadora particular, por lo que propone que sea igual a la que se exigió al exministro del PP José Manuel Soria para personarse como acción popular.
Así mismo, en su escrito, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre el “despertar tardío de los loables intereses de justicia que implica la personación de Podemos”, dada la repercusión mediática que ha tenido el caso, y sobre que su interés se produzca después de que se vetara a Rosell para personarse.
Por ello, el fiscal instó a la Sala de lo Penal del TSJC a revocar la fianza para elevar su cuantía a 12.000 euros y, además, a dar un plazo de cinco días a Podemos para aportar un poder especial del órgano de representación para personarse en la causa.
Garrido añade que no coincide con Alba en la falta de legitimación que atribuye al poder que presentó Podemos para presentarse, pues entiende que se trata de un defecto que se puede subsanar dándole un plazo de cinco días, ni en que sea necesario presentar una querella para personarse, pues con la fianza entiende que es suficiente.
Podemos, en un comunicado, ha calificado de “sorprendente” que el Ministerio Fiscal ponga “obstáculos a la acusación popular” y se “alinee con el investigado” en contra del auto dictado por Varona que permite su personación.
Asimismo, ha considerado “muy preocupante” la actuación de la Fiscalía en cuanto a la exigencia del principio de imparcialidad que debe imperar en sus actuaciones, “máxime -subraya- cuando, en todo el escándalo de la maquinación del juez Alba contra Victoria Rosell, su imagen desde el principio ha quedado en entredicho ante los profesionales de la Justicia y ante la opinión pública”.