La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento obliga a la desaparecida compañía aérea Islas Airways a devolver 7,5 millones cobrados indebidamente en concepto del descuento por residencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado un recurso de la empresa contra la resolución del Gobierno central.
La sanción es resultado de la investigación iniciada a finales del año 2011 al sospechar Fomento que la compañía estaba incurriendo en fraude en el cobro de las subvenciones a los billetes de los residentes canarios.
Efectivamente, la sentencia ratifica que la causa del reintegro es la sobrefacturación, “entedida como la diferencia entre la subvención facturada por la compañía y abonada y la que se hubiera pagado si se hubieran liquidado los cupones de vuelo al precio de venta del pasajero”. Con ello, se declara incumplido el objetivo de la subvención ya que la cuantía de la bonificación se aplicó sobre un precio superior al que el pasajero pagó. La diferencia se sitúa entre la bonificación por el precio realmente pagado en el billete y la liquidada a otras finalidades distintas que no eran meramente hacer llegar al pasajero la subvención presupuestada.
El fraude abarcaría desde finales de 2007 hasta el mes de marzo de 2011. La compañía reconoce una deuda de algo más de 4 millones y cree que se confudió el pago de la subvención con el abono parcial del billete. Además, rechaza que sea una entidad colaboradora en este proceso. Fomento ya había retenido 4,5 millones por lo que ahora se tendría que devolver el resto en caso de que así lo determine el Tribunal Supremo (TS).
En ese período se llevaron a cabo liquidaciones por valor de 46,1 millones de los que Fomento investigó 9,1 millones y se detectaron fraude en los mencionados 7,5 millones. En fueron 667 pasajes sobre los algo cerca de 112.000 vendidos. Así se detectó que la subvención media por cupón fue de 29,14 euros, y la justificada sólo llegó a los 12,78. Precisamente en 2007 se incrementó al 50% el descuento, al decirlo así el ejecutivo encabezado por Paulino Rivero.
La investigación se inició como consecuencia de una denuncia de una aerolínea rival por lo que es la primera vez que se abrió un expediente a expensas de una compañía. De hecho, uno de argumentos presentado por la defensa fue precisamente que la sanción se aplicó inducida por la competencia. Hasta ahora las denuncias siempre habían procedido de los usuarios que se quejaban de que como consecuencia de la bonificación se les cobraba una tarifa por los billetes muy superior a la debida.