El fundador del partido Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), Guillermo Reyes, ha demandado al Ayuntamiento de Telde, gobernado por su propia formación en coalición con el PP, Más por Telde y dos concejales díscolos, Juan Francisco Martel, del grupo municipal de Coalición Canaria, y Janoa Anceaume, ex edil de Vox, para reclamar el pago de casi 100.000 euros en facturas de su abogado por la defensa de los procedimientos judiciales en los que estuvo envuelto hace más de diez años cuando era concejal de la corporación, entre ellos el caso Faycán y el caso Doramas.
Reyes ha optado por la vía contencioso-administrativa ante la “inacción” del Consistorio teldense por abonar las facturas. En la demanda detalla que solicitó por primera vez en 2017 el pago de los honorarios profesionales del letrado José Mateo Faura por la defensa jurídica que este hizo de distintas demandas que interpuso el propio Reyes y otras tantas causas en las que resultó imputado mientras ocupaba el cargo de concejal de gobierno, puesto que ostentó en dos etapas distintas (2003-2007 y 2011-2013).
El líder histórico de Ciuca recuerda que estuvo “en medio de una contienda judicial entre partidos políticos” que “sacudió” a Telde, haciendo caer al municipio al pozo de la corrupción del que le costó muchos años salir. En todas esas causas salió absuelto.
En el caso Faycán, una trama de comisiones ilegales en la que quedó demostrado que varios miembros del consistorio organizaron un “sistema de obtención ilícita de fondos con la falsa excusa de financiar al Partido Popular”, que gobernó la localidad entre 2003 y 2007 junto a Ciuca, Reyes fue imputado por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental. El coste de la asistencia jurídica que fichó para su defensa asciende a 32.100 euros. De ellos, 11.840 euros se corresponden a consultas y reuniones mantenidas entre Reyes y Faura (131,5 euros la hora) y 14.300 euros por el estudio de antecedentes y documentos, incluidos expedientes administrativos (130 euros la hora). La redacción de escritos y recursos más el IGIC eleva la factura a los 32.100 euros mencionados, según la minuta a la que ha tenido acceso Canarias Ahora.
Por otro lado, en el caso Doramas, que investigó supuestas irregularidades cometidas en el departamento de Urbanismo gestionado por Reyes, también en la legislatura de 2003 a 2007, el fundador de Ciuca fue acusado de un presunto delito de prevaricación. La factura de su abogado de cabecera, Faura, alcanza los 32.100 euros. En este caso, el coste por consultas y reuniones es de 10.240 euros (131,28 euros la hora) y por estudio de antecedentes y documental de 14.300 euros (130 euros la hora). El resto de las actuaciones más el IGIC eleva el gasto a esos 32.100 euros citado.
Reyes vio frustrada en numerosas ocasiones la petición de reintegro de los gastos de su defensa jurídica. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Telde y el despacho de abogados adjudicatario del servicio de representación y defensa del Consistorio, Medina & Asociados, emitieron tres informes entre 2018 y 2021 en los que, por un lado, desestimaron el abono de una serie de facturas presentadas por Reyes por ser él mismo la parte denunciante (en algunos casos, contra el exalcalde del municipio Francisco Santiago, de Nueva Canarias) y, por otro, requirieron nueva documentación que acreditara las causas establecidas por el Tribunal Supremo que permiten a un cargo público ser indemnizado en este sentido: la inexistencia de responsabilidad penal tras una inculpación que tenga su origen o causa directa en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de concejal y siempre que sus actuaciones no hayan sido llevadas a cabo “con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios o del grupo” político al que representa.
Reyes sostiene que llegó a sentir “indefensión” porque no sabía a qué se refería el Ayuntamiento cuando le pedía que documentara la “implicación del concejal” en los procedimientos. El Consistorio teldense tuvo que elaborar una tabla con la relación específica de papeles a presentar “a efectos de evitar mayores dilaciones”. El 16 de mayo de 2022 llegó a la corporación local nueva documentación. Y el 23 de enero de 2024 el secretario municipal concluyó que “se han justificado las minutas en los términos requeridos” para asumir los gastos de defensa de Reyes, por lo que “procede incluir cada una de sus facturas en un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que se someterá a la aprobación del pleno”.
Para el momento en que el secretario dio luz verde a tramitar el pago de los recibos, el fundador de Ciuca ya había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la “inactividad” del Ayuntamiento de Telde por no contestar un escrito que él mismo había presentado el 14 de noviembre de 2023 reincidiendo en esta cuestión. La admisión a trámite del recurso llegó el 17 de enero de 2024. La demanda fue formalizada el 14 de marzo, dos meses más tarde. En ella, pide los 99.510 euros de las facturas de Faura más los intereses de demora. “A pesar de contar con el informe de la Jefatura de la Asesoría Jurídica y no existiendo impedimento para su abono, mi representado [Reyes] no ha percibido pago alguno”, subraya la demanda.
El Consistorio teldense, por su parte, ha presentado un escrito de contestación en el que defiende que no está obligado a pagar las facturas. Reconoce que “se dictó un decreto en un sentido favorable a la indemnización”, pero que está condicionado a la aportación de más documentación que Reyes, no obstante, “aún no ha aportado”. Además, a la Corporación local le “sorprende” el reproche de una supuesta “conducta pasiva” cuando, desde 2017, ha ido emitiendo informes y requerimientos al respecto.
“Resulta comprensible que el demandante quiera ver compensados los gastos a los que tiene derecho, pero esto nunca puede hacerse a costa del rigor y del control al que debe estar sometido el manejo de fondos públicos”, replica el Consistorio.
Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Telde si tiene intención de llevar próximamente al pleno el expediente de Reyes, como ha dicho el secretario municipal que “procede” hacerlo. Fuentes municipales sugieren que todavía no ha sido así por el temor a no contar con el visto bueno de todo el grupo de gobierno. La Corporación no ha respondido a la pregunta formulada, pero ha hecho los siguientes comentarios:
“Se trata de una reclamación histórica enmarcada entre las facturas sin abonar que dejó el gobierno anterior y como uno más acude a los juzgados a reclamar lo que considere oportuno. (...) La defensa de los cargos públicos no es nueva, Carmen Hernández [exalcaldesa de Telde] antes de dimitir como concejala electa y abandonar Telde tramitó su propia defensa como investigada en el caso Hoya Caldereta [un posible delito medioambiental en un vertedero en Jinámar]. (...) Conmigo, como alcalde [Juan Antonio Peña, de Ciuca], no se le ha abonado [a Reyes] ninguna factura y es por ese motivo, por la negativa de este gobierno, por lo que ha acudido al juzgado”.