La Viceconsejería de Comunicación y Relaciones del Gobierno de Canarias ha ganado el primer asalto sobre la guerra judicial iniciada a raíz del resultado del concurso de licencias de emisoras radiofónicas impulsado por el ejecutivo autónomo. La cadena Cope y Archipiélago Medios habían interpuesto un recurso contra la orden publicada en 2010 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) contra la convocatoria de la licitación para el otorgamiento de licencias.
Las recurrentes no estaban de acuerdo con la desestimación por silencio administrativo recibido a sus denuncias pidiendo la anulación al no valorarse la expeciencia de los licitadores, tal y como consideran que es obligatorio y se ha hecho en otras comunidades autónomas en idénticas circunstancias. Aunque la Sala admite que se ha producido desviación procesal, acto seguido añade que ésta es insubsanable por la introducción de cuestiones no planteadas en el procedimiento administrativo.
“Ello ha de entenderse en sus justos términos, es decir, en el sentido de poder introducir nuevas razones o argumentos para fundamentar las pretensiones. Pero no en el de suscitarse cuestiones nuevas”. La sentencia que no es firme y fue emitida a finales del pasado año, aunque ha sido dada a conocer ahora.
La Cope fue una de las cadenas que se consideró perjudicada por el reparto de frecuencias y que, por lo tanto, en 2012 inició su batalla judicial, en paralelo a otras emisoras, perdida en primera instancia. De esta manera, los que salieron perjudicados intentan evitar sanciones y cierres de medios de comunicación, una medida que es aún gravosa en la situación de crisis que ha tenido lugar en estos años. Sin embargo, lo cierto es que por ahora esta incursión en los juzgados no parece haber arrojado los resultados esperados.
No obstante, las emisoras que se han visto perjudicadas así como las favorecidas con concesiones administrativas para 15 años, se mantienen a la espera de la resolución judicial vía penal que tramitó la Fiscalía Anticorrupción. De esta manera, esperan que sea la justicia ordinaria quien determine si hubo o no tráfico de influencias y corrupción en el proceso de licitación.
Previamente, se solicitaron medidas cautelares que consistieron la suspensión del acto administrativo, otras de carácter positivo para mantener las emisiones de las radios que no obtuvieron licencias hasta que se resuelva el recurso de forma definitiva. De esta manera se intentan evitar sanciones y cierres de medios de comunicación, una medida que es aún gravosa en la situación de crisis que ha tenido lugar en estos años.